Silvio Guerra: Cortizo puede acabar la crisis en tres días, con la derogación

Actualizado
  • 16/11/2023 00:00
Creado
  • 16/11/2023 00:00
El jurista señaló en “Portada” que la derogatoria no comprometería el arbitraje y que el Ministerio Público debe investigar a Minera Panamá por daños ecológicos
Silvio Guerra, abogado y catedrático universitario

El estallido social antiminero cumple 26 días. Ya son más de mil detenidos, cientos de heridos y cuatro muertos. Sumado a las pérdidas millonarias para la economía nacional, empresas y un incremento paulatino de la tensión social en el país.

Un entuerto político y jurídico que en opinión del jurista Silvio Guerra, podría resolverse rápido si el Ejecutivo decide actuar por vía de la derogatoria del contrato entre el Estado y Minera Panamá (Ley 406).

“(Presidente Laurentino) Cortizo pare los tranques y todo esto ya. Presente usted mismo el proyecto de ley que deroga la Ley 406 y en tres días esto se resuelve”, sostuvo Guerra este miércoles en “Portada” de La Estrella de Panamá.

El penalista analizó los distintos escenarios jurídicos del caso, donde comparte la postura de los abogados que ven válido, tanto esperar a la Corte Suprema de Justicia como la derogatoria del contrato-ley. Mientras la primera está sujeta a los términos procesales propios de estas demandas y que podrían extenderse hasta finales de noviembre, la segunda sería una respuesta inmediata a la demanda de la población, indicó Guerra.

Igualmente rechazó la tesis de que la derogatoria debilita al Estado panameño ante un arbitraje contra First Quantum, tenedora de la acciones de Minera Panamá.

A juicio de Guerra, la Asamblea está plenamente facultada para derogar el contrato y consideró que hubo movimientos políticos para favorecer una salida con la Corte en detrimento de la solución inmediata de la derogación.

“El proyecto de derogatoria llegó hasta tercer debate en la Asamblea, pero empezó a moverse una teoría conspirativa en contra de los intereses nacionales, para decir que si se derogaba, la minera nos iban a demandar y dieron por sentado que saldríamos condenados. Hay muchos compromisos con la corporación minera, hay poderes económicos locales y foráneos que conspiran contra cualquier decisión de inconstitucionalidad o derogatoria”, sostuvo.

Si bien Guerra es del criterio que la Corte debería fallar por la inconstitucionalidad, si ocurre lo contrario, la Asamblea quedaría atada y no podría derogar el contrato.

Sobre el arbitraje, el catedrático puntualizó que el país puede salir airoso si demuestra daños ecológicos y violación al Acuerdo de Escazú, del cual Panamá es signatario desde 2018. Para esto sería necesario una investigación del Ministerio Público que podría ser clave en un futuro arbitraje.

“Le hemos pedido al procurador Javier Caraballo, tras la denuncia del 26 de octubre, que haga una inspección en la mina; la fiscalía que tiene el caso de los lancheros (que protestan) en Donoso ya tiene inspecciones oculares y aprehensiones de celulares. ¿Por qué con esa misma rapidez no han actuado con la denuncia frente a delitos del medio ambiente en contra de la minera?”, denunció.

El jurista consideró que el Ejecutivo es cómplice de la empresa minera al permitir que continuara extrayendo minerales cuando desde 2021 se hallaba operando ilegalmente tras el primer fallo de inconstitucionalidad de la Corte.

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