De 302 solicitudes de información, 46% se contestaron parcialmente

Salir de las listas oscuras se ha vuelto un cuasicalvario para el país. Especialmente desde la publicación de los Panama Papers en 2016, cuando el país dio su brazo a torcer y aceptó eventualmente el intercambio automático de información fiscal con los países de la Organización para la Cooperación y Desarrolo Económico (OCDE).

Según el último pulso que tomó la OCDE, cuyos resultados publicó este mes, Panamá recibió 302 solicitudes de información de 19 países asociados a la OCDE entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2018, lo que demuestra el apetito de información fiscal que emana del istmo.

De Las 302 solicitudes que recibió Panamá en tres años (entre abril 2015 y marzo 2018), el 20% de ellas fueron contestadas en el término de 90 días. Se llegó a contestar el 49% en 180 días y el 74% en el lapso de un año.

El 13% de ellas falló en contestarse y el 46%, es decir, casi la mitad de todas las solicitudes, se contestó parcialmente.

Una de las debilidades del país era la poca eficacia y eficiencia en contestarlas —según la evaluación de 2016—. Los lapsos de espera eran interminables y muchas veces la información no llegaba completa, o no llegaba del todo.

Y es que mucha de la información solicitada por los otros países no era de conocimiento oficial. Solo hasta que se implementó las Leyes 23 y 52 es que se obligó a los agentes residentes a tener un registro de los beneficiarios finales de las sociedades, además de la transición de acciones al portador a acciones registradas.

El gobierno tampoco exigía información contable a trasnacionales que estuvieran bajo el paraguas de leyes especiales como la de Sede de Empresas Multinacionales (SEM), algo que también acabó exigiendo el Ministerio de Economía y Finanzas para cumplir con los estándares.

El reporte reconoce el avance del país en el marco regulatorio necesario para responder efectivamente a las solicitudes de información de otros países. Sin embargo, el talón de Aquiles es la efectividad.

La OCDE apunta al monitoreo de las solicitudes para garantizar que se estén recibiendo e insta a las autoridades a utilizar comunicaciones electrónicas encriptadas en casos en que se amerite. Además, que se concentren los esfuerzos en responder las solicitudes en un máximo de 90 días.

Todo lo anterior en un escenario donde las autoridades como la Dirección General de Ingresos fortalezcan su potestad para pedir información y sancionar a quien no la provea.

Al momento, según el informe, la DGI ha aplicado 10 multas por esta falta, sin embargo, el “largo proceso burocrático” que conlleva la aplicación de la multa, mina la efectividad del régimen sancionatorio.

Panamá tiene acuerdo de intercambio bilateral con 27 países, además es signatario del Tratado de Asistencia administrativa mutual en materia tributaria de la OCDE, que incluyen a otros más de 70 países en el conglomerado que comparte información de manera multilateral.

¿Cómo funciona?

El responsable de canalizar las solicitudes de información es el Ministerio de Economía y Finanzas. Allí funciona la Intendencia de Sujetos no Financieros, que se encarga de filtrar la información y recolectar los datos requeridos para cumplir con el pedido. Entran en juego la DGI, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Superintendencia Bancaria, y otras instituciones que deben reportar lo requerido por dicha intendencia.

El país no ha llegado aún a cumplir los 'estándares' que le garanticen la salida de las listas, al menos temporalmente. O los estándares son cada vez más altos o no se transmiten bien a los organismos internacionales o bien no son coherentes las leyes aprobadas con las acciones.

Y así parecen percibirlo desde afuera, según el último informe del Foro Global de la OCDE sobre Panamá.

Lo que parece perfilarse como la próxima cruzada por la 'soberanía fiscal' del país es la idea de crear un registro público de beneficiarios finales de las sociedades anónimas y fundaciones. La idea pulula en los foros de transparencia a nivel de la OCDE, el FMI y el Gafi. Incluso es empujada por entidades de alcance global como Transparencia Internacional y ya tiene el visto bueno de varios países.

Estados Unidos aprobó una iniciativa en primera fase, al igual que lo ha hecho el Reino Unido, dos de los principales paraísos fiscales a nivel mundial.

En Panamá no se ha hablado -al menos oficialmente- del tema, pero ya hay voces en pro y en contra. Y es que mucho del atractivo del centro financiero y legal panameño, se ha sostenido por mucho tiempo en la confidencialidad. ¿Se convertirá en un lujo aún más caro o finalmente sucumbirá a la revolución de los datos abiertos y públicos que reclaman los países del G20 pero que pocas veces comparten? Amanecerá y veremos.