El 53% de los delitos de abuso sexual del año se denunció en meses de cuarentena

En el primer semestre de 2020, enero a junio, el Ministerio Público recibió 2,247 denuncias por los delitos de supuesta violación y otros delitos sexuales.

El 53% de los casos, es decir 1,202, se reportaron en los meses comprendidos entre marzo y junio. Estos meses Panamá mantuvo una estricta cuarentena para detener la propagación de la covid-19.

En los meses de enero y febrero se reportaron 564 y 481 casos, respectivamente, según las estadísticas que maneja el MP.

Las provincias con más denuncias son Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí. En las tres provincias hay 1,110 casos denunciados.

En Panamá se sanciona la violación con “cinco a diez años”, según el Artículo 174 del Código Penal. Sin embargo, luego de condenado el acusado, no hay reparación para esta víctima a cargo del Estado.

Los delitos por violación son los más denunciados en lo que va del año. En este delito hay 869 denuncias que llegaron al MP. El mes de enero fue en el que más delitos se denunciaron con 210. Le siguió el mes de febrero con 189.

El mes de junio es el segundo con más casos denunciados, con 181. En el mes de abril, cuando todo Panamá estaba en cuarentena absoluta, solo se denunciaron 53. Sin embargo, al mes siguiente la cifra se duplicó y alcanzó 150 denuncias por violación.

Le sigue como el delito más denunciado el acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años. En los seis meses se reportaron 875 casos. El mes de enero también fue el que más casos acumuló. En abril los casos bajaron a 50, pero en ese momento Panamá estaba en cuarentena. En este delito, las provincias con más casos son Panamá, Coclé y Bocas del Toro.

La Unicef informó a inicios de la pandemia que durante el confinamiento y las consecuencias derivadas de este, pueden presentarse situaciones estresantes o conflictivas que pueden traducirse en un incremento de la violencia, incluido el castigo corporal, la desatención y aumentar el riesgo de violencia sexual en la pareja íntima, y también por parte de los adultos hacia niños y adolescentes.

En los tres primeros meses del año 2020, 2,652 adolescentes de 10 a 19 años ingresaron a una instalación de salud en búsqueda de control de embarazo.

En la Asamblea Nacional llegó una iniciativa de la diputada oficialista Cenobia Vargas para entregarle un subsidio a las menores de edad embarazadas. La iniciativa murió en su cuna.

La diputada planteaba que las niñas embarazadas como consecuencia del delito de abuso sexual recibieran apoyo en un plan gubernamental por la suma de $75 mensuales, los tres años siguientes al embarazo. Sin embargo, las críticas la llevaron a desistir del artículo.

La diputada planteaba que “es urgente y necesario que con motivo de todas las circunstancias propias de una sociedad en desarrollo, el gobierno se vea en la imperiosa necesidad de programar en tiempo oportuno y en proporción adecuada a las normas legales que deban ser un norte de comportamiento riguroso.

“Una ayuda económica viable, de tal manera que sirva eso para paliar un poco la lesión física, emocional y psicológica que queda en aquellas niñas que son objeto de abuso sexual y que encima quedan embarazadas, produciendo esto un efecto devastador tanto en la persona afectada como en los familiares en todo su entorno como huellas imborrables y secuelas para el resto de la vida de esa niña”, agregaba la diputada.

El anteproyecto, como se dijo anteriormente, generó distintas opiniones en el país en contra. La Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá, que reúne a las afiliadas y dirigentes de los sindicatos del país, rechazó la iniciativa porque “constituye en la violación de los derechos humanos de las niñas por parte del Estado panameño, al pretender crear un subsidio al delito en lugar de implementar las políticas públicas para prevenir el abuso sexual infantil y proteger a los niños de los violadores. Así como tomar las medidas para optimizar los procesos para perseguir y castigar efectivamente a los perpetradores de este delito.

La psicóloga Chevy Solís, por su parte, manifestó a La Estrella de Panamá que este anteproyecto no aborda el tema penal, ya que las relaciones sexuales con una menor de 12 años o menos es violación, “y parece que los $75 vinieran a compensar el daño causado, que no se resguarda con dinero”.

El anteproyecto de ley también incluye que los pederastas que hayan sido condenados por abuso sexual, una vez cumplida su pena deberán registrar su residencia en la dirección nacional de información judicial del centro penal donde ha estado recluido, que no podrá estar a menos de 500 metros de los centros educativos, CAIPI ni parques recreativos.

La Dirección Nacional de Información Judicial deberá elaborar un informe que remitirá al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) con la siguiente información: fotografía del pederasta, número de cédula, dirección de residencia, corregimiento, comunidad, número de casa, número de calle, teléfono del responsable del pederasta, número de placa que tiene en el vehículo.

Otro artículo del proyecto de ley es que el pederasta deberá notificar a la trabajadora social de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) si va a cambiar de residencia y en caso de no hacer la notificación correspondiente será incluido en la lista del pele police en donde será sancionado con días multa. El Mides, al constatar que el pederasta cambió su residencia, deberá notificar a la DIJ para que lo ingrese en el pele police.