Moisés Cohen, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá, desglosa la importancia de la Ley de Sustancia Económica como la llave para...
- 04/01/2015 01:00
Según Magda Maxwell, vocera del Ministerio del Gobierno, se ha creado una ‘Comisión de Alto Nivel’, integrada por la ANATI, el Ministerio de Gobierno, la Autoridad Nacional del Ambiente, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y la Procuradoría General de la Naciòn, el Instituto Geográfico Nacional Tomy Guardia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para ‘darle seguimiento al fallo de la CIDH’.
Le corresponderá a dicha comisión estudiar ‘las obligaciones que nos impone el fallo, y analizar y proponer una reunión con los líderes del congreso Emberá de Alto Bayano, y de igual manera con los dirigentes de la comarca de Madungandi para ver la distribución de las indemnizaciones’.
Con miras a resguardar la integridad territorial, Maxwell subraya como prioridad la delimitación de estos territorios, después de que los mismos hayan sido declarados ‘tierras colectivas mediante la ley 72 del 23 de diciembre de 2008’. ‘Lo segundo es buscar la forma de que los indígenas construyan sus casas cerca de los límites y lo tercero seria que los indígenas pongan un cuerpo de vigilancia en puntos estratégicos de sus territorios’, indicó.
En cuanto a las repercusiones de la sentencia, la vocera destacó que si existen en Panamá otros pueblos originarios que han llevado sus demandas a la CIDH, ‘posiblemente estos pueblos esperan que así como la CIDH se pronunció a favor de los hermanos afectados por la construcción de la Hidroeléctrica del Bayano -y donde los gobiernos de turno no cumplieron con sus demandas- también esperan un fallo positivo a favor de ellos’.