Antai remite 15 casos al MP y a la Contraloría para su investigación

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), remitió 15 expedientes al Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de la República para su investigación, por tratarse de posibles hechos de corrupción tipificados en el Código Penal.

El envío de estas investigaciones a ambas instancias se fundamenta en la Ley 33 del 25 de abril de 2013 y en la Ley 38 de 2000 que regula el procedimiento administrativo, el cual establece que, recibida una denuncia, la autoridad debe determinar si es competente para su conocimiento y, en caso contrario, deberá remitirla a la autoridad competente para su tramitación.

De igual forma, responde al artículo 29 del Código de Ética referente a la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes aquellos actos que pudieran causar perjuicio al Estado o constituir un delito.

La entidad, sin especificar a qué casos hace alusión, detalló que la Oficina de Asesoría Legal remitió al Ministerio Público siete expedientes por posibles delitos de abuso de autoridad e infracciones de los deberes de los servidores públicos; concusión y exacción y corrupción de servidores públicos, entre otros delitos.

En tanto, a la Contraloría General de la República, durante los meses de mayo a agosto se le han enviado ocho expedientes para que realice auditorías por supuestos malos manejos o mal uso de bienes públicos, como entidad competente para la debida fiscalización.

Por otro lado, el abogado Ernesto Cedeño interpuso un recurso contencioso administrativo de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo 215 de 1 de septiembre de 2022, que crea la Comisión Ciudadana contra la Corrupción, establece su composición y esquema de funcionamiento.

De acuerdo con Cedeño, “el poder ejecutivo no tiene competencia para crear esta comisión”.

El decreto señala que mediante la Ley 42 del 1 de julio de 1998, Panamá, en su condición de miembro de la Organización de Estados Americanos, aprobó la Convención Interamericana para la Corrupción, suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996, que dispone que los Estados convienen en considerar en sus respectivos sistemas institucionales la aplicación de medidas destinadas a crear mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción.

Indica, además, que la comisión estará integrada por dos representantes del Bastión de Lucha del Oriente Chiricano, Pueblo Ngäbe Buglé y Campesinos; dos representantes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y dos representantes de la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados, con un suplente para cada uno, que le reemplazará en sus ausencias temporales, los cuales serán designados de la misma manera que sus titulares.

Según Cedeño, la designación de esta comisión fue arbitraria y carente de sustento legal y constitucional suficiente.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Miriam Cheng, deberá definir cuál será el futuro del Decreto Ejecutivo 215, que creó la comisión ciudadana contra la corrupción.