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Aprueban nuevo estudio ambiental para la ampliación de la Omar Torrijos
- 10/06/2026 15:58
La obra de 6.8 kilómetros entre Corozal y la Vía Centenario supera el principal obstáculo que la mantuvo detenida por más de seis años
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Agrega La Estrella en Google ↗️La ampliación y rehabilitación de la carretera Omar Torrijos recibió finalmente la aprobación ambiental que necesitaba para avanzar. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) dio luz verde al nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III del proyecto, una decisión que destraba una de las obras viales más polémicas y debatidas de los últimos años en Panamá.
La resolución autoriza la ejecución de una intervención de 6.8 kilómetros entre Corozal, Red Tank y la Vía Centenario, bajo un conjunto de medidas ambientales reforzadas que incluyen pasos de fauna, programas de reforestación, monitoreo de recursos hídricos y controles especiales dentro del área de influencia del Parque Nacional Camino de Cruces.
La aprobación representa mucho más que un trámite administrativo. Marca el reinicio de un proyecto que permaneció detenido durante más de seis años debido a cuestionamientos ambientales, conflictos contractuales y fallos judiciales que obligaron al Estado a replantear completamente su diseño.
La carretera que terminó en los tribunales
Pocas obras de infraestructura en Panamá han enfrentado un proceso tan complejo como la ampliación de la carretera Omar Torrijos.
El proyecto surgió como una respuesta al creciente congestionamiento vehicular en uno de los corredores más importantes de la capital. La vía conecta sectores estratégicos como Corozal, Ciudad del Saber, las áreas revertidas y la Vía Centenario, además de servir como enlace entre la ciudad de Panamá y el sector oeste del país.
En 2018, el Ministerio de Obras Públicas obtuvo la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental Categoría II para desarrollar una ampliación de aproximadamente 3.8 kilómetros.
Sin embargo, el inicio de los trabajos provocó preocupación entre residentes y organizaciones ambientales que cuestionaron la magnitud de la intervención dentro de un entorno ecológicamente sensible vinculado al Parque Nacional Camino de Cruces y a la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá.
Las críticas se concentraron en la categoría ambiental utilizada para evaluar el proyecto. Los opositores argumentaban que una obra de esa naturaleza requería una evaluación más profunda debido a sus posibles impactos sobre la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas asociados a la cuenca canalera.
La decisión que cambió el rumbo del proyecto
Las denuncias llegaron a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
El 11 de febrero de 2019, los magistrados ordenaron la suspensión provisional de los trabajos al considerar que existían indicios de posibles afectaciones ambientales que podían resultar irreversibles.
Posteriormente, la Corte anuló la resolución que había aprobado el estudio ambiental original y concluyó que la magnitud del proyecto requería un Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, el nivel más exigente establecido por la legislación panameña.
La controversia jurídica continuó hasta diciembre de 2021, cuando una nueva sentencia reafirmó que la obra no podía desarrollarse bajo una Categoría II.
La decisión judicial se convirtió en un precedente importante para futuros proyectos de infraestructura localizados en áreas ambientalmente sensibles.
Más de 1,700 días de paralización
La suspensión judicial coincidió con conflictos contractuales que terminaron prolongando la paralización de la obra.
Durante más de 1,700 días, el proyecto permaneció prácticamente detenido mientras el Estado resolvía litigios, revisaba contratos y elaboraba una nueva evaluación ambiental.
El retraso tuvo consecuencias técnicas y económicas. Sectores intervenidos quedaron inconclusos y los costos del proyecto aumentaron debido a ajustes de precios, rediseños y nuevas exigencias ambientales.
La paralización obligó además a replantear por completo el alcance de la obra.
Un proyecto más amplio y con mayores exigencias
El nuevo diseño presentado en 2025 amplió significativamente la intervención. La longitud pasó de 3.8 kilómetros a 6.8 kilómetros, iniciando en Corozal y extendiéndose hasta la conexión con la Vía Centenario.
La carretera contará con cuatro carriles, dos por sentido, y combinará pavimento de hormigón y asfalto.
Además del componente vial, el proyecto incorpora infraestructura para movilidad peatonal y transporte alternativo.
Entre las principales novedades figura una ciclovía de tres metros de ancho que recorrerá gran parte del trazado, nuevas aceras, puentes peatonales y retornos diseñados para mejorar la seguridad vial.
También se contempla la construcción de estructuras especiales en sectores como Ciudad del Saber, donde existe una alta circulación de peatones.
Camino de Cruces, el principal reto ambiental
La interacción de la carretera con el Parque Nacional Camino de Cruces sigue siendo el aspecto más sensible del proyecto.
Esta área protegida forma parte del corredor biológico de la cuenca del Canal y constituye uno de los espacios boscosos más importantes dentro del área metropolitana.
Precisamente las preocupaciones por el impacto sobre este ecosistema fueron uno de los factores que impulsaron las demandas judiciales.
Como respuesta a las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación ambiental, el nuevo diseño incorpora medidas que no existían en la propuesta original.
Entre ellas destaca la eliminación total del uso de explosivos para trabajos de excavación, una de las modificaciones más relevantes introducidas tras los cuestionamientos ambientales.
El proyecto también contempla pasos de fauna cada mil metros para especies de mayor tamaño y cada quinientos metros para vertebrados pequeños, con el objetivo de reducir la fragmentación del hábitat y facilitar el desplazamiento de animales a ambos lados de la vía.
A esto se suma un programa de compensación forestal que establece la siembra de diez árboles por cada árbol removido durante la construcción.
Protección de la cuenca del Canal
La nueva evaluación ambiental también presta especial atención a los recursos hídricos.
El trazado se desarrolla cerca de ríos, quebradas y drenajes vinculados a la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, una región estratégica para el abastecimiento de agua del país y para la operación de la vía interoceánica.
Por esta razón, el estudio incorpora medidas de control de erosión, manejo de escorrentías, estabilización de taludes y monitoreo permanente de la calidad del agua.
La resolución de MiAmbiente establece además programas de seguimiento ambiental durante la construcción y la operación de la carretera para verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación.
Una inversión superior a los $100 millones
El Ministerio de Obras Públicas estima que la inversión base del proyecto supera los 89 millones de dólares.
Sin embargo, el costo total asociado al rescate y reactivación de la obra ronda los 105 millones, debido a los ajustes acumulados durante los años de paralización y a las nuevas exigencias incorporadas al diseño.
Las autoridades proyectan la generación de aproximadamente 300 empleos directos y 450 indirectos durante la construcción.
El contrato también incluye tres años de mantenimiento posterior a la entrega de la obra, una condición que busca garantizar su funcionamiento a largo plazo.
Una prueba para el desarrollo sostenible
La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Categoría III representa el cumplimiento de las exigencias establecidas por la Corte Suprema para permitir la reactivación del proyecto. No obstante, el verdadero desafío comenzará cuando las obras arranquen durante el 2026.
La ampliación de la carretera Omar Torrijos se ha convertido en un caso emblemático sobre la forma en que Panamá enfrenta el desarrollo de infraestructura dentro de áreas ambientalmente sensibles.
Después de años de litigios, cuestionamientos y rediseños, el proyecto avanza bajo una premisa distinta a la que existía cuando fue concebido: demostrar que es posible mejorar la movilidad urbana sin comprometer los ecosistemas que forman parte de la cuenca del Canal de Panamá.
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