Gobierno asegura respetar derechos humanos de exfuncionarios presos

Los derechos humanos de exfuncionarios del Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) privados de libertad, son respetados según la ley, aseguraron hoy autoridades del Gobierno de Panamá.

"Soy garante del cumplimiento de la constitución panameña como funcionario público, no voy a permitir que se incumpla con nadie sin importar el partido político, condición étnica, económica o religiosa", dijo a Acan-Efe el viceministro de Seguridad Pública, Rogelio Donadio.

Las familias de dos exfuncionarios que permanecen en prisión preventiva acusados en casos de corrupción, expusieron el mes pasado a medios de comunicación supuestas "violaciones de derechos humanos" que sufren sus familiares.

May de Garuz, cuñada del exdirector del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz, arrestado desde noviembre de 2014 por un caso de escuchas ilegales, dijo que la acusación que pesa sobre él "no implica detención preventiva" y que este sufre "graves" problemas de salud.

"El error del Gobierno ha sido la forma de hacer las cosas, pisando los derechos humanos", sostuvo entonces.

El viceministro Donadio, quien estuvo presente en el Foro de la Academia de Formación Penitenciaria y la Prevención de la Tortura, organizado por el Ministerio de Seguridad y la Asociación para la Prevención de la Tortura, anunció futuras mejoras a las cárceles del país y al Centro Penal Transitorio de la isla Punta Coco.

Dicho centro de máxima seguridad, que alberga a menos de una decena de presos, ha sido criticado por expertos de las Naciones Unidas, debido a las condiciones de vida extremadamente duras que ofrece a sus residentes.

El funcionario explicó que se pretende tener una academia para enseñar a los custodios de forma adecuada a cumplir las leyes, sin ofender, y a no violar los derechos de los reclusos. La Directora de la Academia de Formación Penitenciaria, Giselle Castillo, informó de que uno de los compromisos en ese sentido es un Plan de Reforma Penitenciaria, que pretende enfocar el recurso humano, promover instalaciones adecuadas y contar con personal académico idóneo en las cárceles panameñas.

Reiteró que se está haciendo todo lo posible para que el personal este capacitado, formado y preparado para que no cometan actos de maldad y tortura.

"Los casos de tortura no han pasado bajo nuestra administración", indicó Castillo en referencia a ultrajes ocurridos en la década pasada.

La directora de la academia reconoció que las condiciones de los centros del país "no son aptas" para respetar al máximo los derechos humanos de los privados de libertad.

Declaró que se construirán nuevos centros para reemplazar las instalaciones que ya no reúnen las condiciones para alojar a los reos, como la cárcel de Colón, la creación de una cárcel en Darién, ya que no existe, y un nuevo centro Femenino en Panamá, debido al hacinamiento que presenta el actual.

Según datos oficiales de 2014, Panamá cuenta con 23 centros penitenciarios y una población de más de 20.000 reclusos, cuando la capacidad del sistema es de casi 9.000 reos.