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- 30/08/2025 00:00
El estudio advierte que mujeres y niñas son las más vulnerables durante el tránsito. Las rutas hacia Colombia concentran riesgos de explotación y violencia
La dinámica migratoria en la región ha dado un giro sin precedentes. Entre enero y agosto de este año, más de 14.000 personas retornaron desde México y Estados Unidos hacia el sur, en lo que organismos de derechos humanos califican como migración inversa.
Así lo documentó la misión conjunta de las Defensorías de los Habitantes de Costa Rica y del Pueblo de Panamá y Colombia, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
El informe ‘Migración inversa en la ruta Costa Rica–Panamá–Colombia: desafíos de protección y necesidad de una respuesta humanitaria regional’, presentado tras un monitoreo en pasos fronterizos y rutas críticas, señala que las restricciones en la selva del Darién y el endurecimiento de las políticas migratorias en EE.UU. provocaron una reducción del 97% en el tránsito irregular hacia el norte, en comparación con 2024.
Sin embargo, este mismo escenario impulsó retornos forzados que afectan principalmente a personas venezolanas, es decir, un 97% de los casos.
Las razones más frecuentes de este regreso son la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos (49%), cambios en la política migratoria (46%), el temor a detenciones y deportaciones (17%) y la falta de recursos económicos (34%).
Según la Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, estos factores demuestran que el retorno no suele ser voluntario, sino consecuencia de “la disuasión, la coerción y la ausencia de garantías de protección”.
Otro de los hallazgos realizados en el informe es el impacto diferenciado sobre mujeres y niñas, quienes enfrentan violencia de género, trata de personas y precariedad extrema durante el tránsito.
Muchas deben pernoctar en espacios improvisados, como casas abandonadas o parques, expuestas a abusos. Además, el informe alerta sobre la operación de redes transnacionales de tráfico de migrantes, que ahora controlan también el retorno, cobrando tarifas de hasta $280 por persona para traslados en embarcaciones inseguras.
El monitoreo recogió 182 testimonios directos, de los cuales el 86,8% reveló haber sufrido o presenciado violencia en la ruta norte, incluyendo secuestros, extorsiones y robos en México y Guatemala.
En Panamá y Colombia, la falta de presencia estatal y de atención humanitaria agrava la vulnerabilidad de quienes retornan.
Colombia se ha consolidado como el principal punto de llegada en la migración inversa, especialmente en Capurganá y Turbo en Antioquia, zonas con limitada capacidad institucional.
Solo en la ruta Caribe, entre Colón y Capurganá, Colombia, se registraron más de 11.700 personas en tránsito entre febrero y julio. Estas áreas, advierte el informe, concentran altos riesgos de trata, explotación sexual y violencia.
“Es el momento de reforzar la cooperación regional y el apoyo internacional, pues solo desde una acción conjunta se podrá atender con dignidad a quienes migran y prevenir abusos”, enfatizó Andrés Sánchez Thorin, representante regional de ONU Derechos Humanos.
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