Aumentan los robos en los dos primeros meses

El incremento de la inseguridad es una de las mayores preocupaciones de los panameños. No es una percepción, es una realidad. Así lo demuestran las cifras del Ministerio Público. En los primeros dos meses (enero y febrero) los robos aumentaron un 19% si se comparan con el mismo periodo de 2023. Van 181 robos más que el año pasado. Según las estadísticas, el 60% de estos actos delictivos se comete con agresiones o armas.

Julio Alonso, asesor en materia de crimen organizado, explicó que esto es recurrente en los cierres de gobierno. Según el experto, no se está dando un seguimiento a las políticas criminales. Las autoridades están cerrando sus estadísticas y esperando las directrices del nuevo gobierno. En su criterio, la política criminal no está alineada con la realidad nacional.

“Nos hemos volcado a lo que es prevención mediática, pero hemos descuidado la persecución penal, judicialización, resocialización y reinserción”, agregó el experto en seguridad. A esto le sumas las fallas que hay en el sistema penal acusatorio y las deficiencias del Sistema Penitenciario Nacional.

El criminólogo Marco Aurelio Álvarez coincide con Alonso. En su análisis señala que la inestabilidad política puede crear un ambiente propicio para el aumento del robo y otros delitos.

En la provincia de Panamá, los casos de robo aumentaron de 236 en 2023 a 342 en 2024, lo que representa un aumento de 106 casos. En San Miguelito, los robos pasaron de 53 en 2023 a 131 en 2024, mostrando un incremento de 78 casos. En Panamá Oeste aumentaron de 53 en 2023 a 113 en 2024, con un aumento de 60 casos.

Este análisis muestra un aumento significativo en los casos de robo en las provincias de Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste durante el año 2024, en comparación con el año anterior. “Estos datos resaltan la importancia de abordar la problemática de la delincuencia y de implementar medidas efectivas para prevenir y controlar los robos en estas áreas densamente pobladas del país”, señala el criminólogo.

El aumento de robos puede estar relacionado con diversos factores criminógenos que influyen en la incidencia delictiva en esas áreas y para algunos especialistas la labor gubernamental para desarrollar programas de prevención se podría trastocar con la pérdida del grado de inversión.

“Esto podría limitar la capacidad del gobierno para invertir en programas de seguridad pública, prevención del delito y desarrollo social, lo que a su vez podría exacerbar los problemas de desigualdad y pobreza que suelen estar asociados con la delincuencia”, explicó Álvarez.

Una descalificación de este tipo podría desencadenar una crisis económica que resulte en un aumento del desempleo y la precarización laboral. La falta de oportunidades laborales y la pérdida de ingresos pueden llevar a un aumento de la desesperación y la vulnerabilidad de la población, lo que a su vez podría incrementar la incidencia de delitos como el robo, añade el criminólogo.

A esto se suma que la pérdida de acceso a financiamiento internacional podría agravar las desigualdades sociales y económicas en el país, creando un ambiente propicio para la delincuencia. La desigualdad extrema puede generar resentimiento social y aumentar la brecha entre los estratos más ricos y más pobres de la sociedad, lo que a su vez puede incentivar la comisión de delitos.

En resumen, la descalificación de Panamá como deudor ante la banca internacional podría tener efectos negativos en la economía y la sociedad panameña, lo que a su vez contribuiría a un aumento de los casos de robo y otros delitos. “Es fundamental que las autoridades tomen medidas para abordar tanto las implicaciones económicas como las consecuencias sociales de esta situación, con el fin de prevenir y controlar la delincuencia en el país”, concluye el experto en materia criminológica.

René Quevedo, consultor laboral, cree que la dramática escalada delictiva que sufre el país tiene una génesis socioeconómica y no policial. “Es uno de los síntomas más perversos de la cada vez mayor dificultad que tienen muchos jóvenes humildes para encontrar un empleo o generar ingresos dignamente”, dice.

Los jóvenes entre 15 y 29 años son hoy 24% de los trabajadores y 54% de los desempleados del país. De cada 100 de ellos, 45 trabajan, 31 estudian y 23 ni trabajan ni estudian.

Nueve de cada 10 jóvenes que encontraron empleo en 2023, lo hicieron como oficinistas (24%), agricultores (19%), artesanos (19%), mano de obra no calificada (18%) y trabajadores del comercio (11%), con un salario promedio de $695 mensuales, $40 menos que el salario promedio en la economía ($735).

“La economía panameña es “hostil” hacia los jóvenes, máxime con un sistema educativo divorciado de su realidad laboral”, reconoce el consultor laboral.