Productores de Barú denuncian a juez por ‘extralimitarse'

Un grupo de productores de distrito de Barú, en Chiriquí, está denunciando la extralimitación de funciones por parte de una juez de paz que impuso una medida que atenta contra el comercio de sus productos.

Santander Tristán Donoso, abogado que representa a 400 productores afectados, explicó que la juez Ulzana Valdés estableció una guía para el transporte de los productos del campo.

Pero esta guía no se les otorga a los productores agropecuarios que reclaman seis mil hectáreas de terrenos cedidos a la empresa Banapiña, filial de Del Monte, mediante el contrato N°36 de 2017, para supuestamente reactivar la zona bananera con una inversión de $100 millones.

Los productores están argumentando que durante quince años han estado trabajando estas tierras, por lo que se consideran ‘poseedores agrarios' de las mismas.

La guía es como un salvoconducto que confiere el juez para poder comercializar los productos agropecuarios, explicó el abogado. El documento debe tener la clave del productor y del transportista, las credenciales del vehículo, el nombre del producto, entre otros.

‘Los productores que están dentro de las fincas y que están siendo considerados como invasores no tienen derecho a comercializar. A ellos se les está restringiendo su actividad', señaló Tristán Donoso.

La medida de la juez es calificada como una acción represiva, considerando que previamente se había intentando lanzar a los productores de esa zona porque eran considerados ‘invasores'.

Esta no es la única situación que han enfrentado los productores, ya que los jueces de paz del distrito habían intentando suspender las actividades productivas, aseguró Tristán Donoso.

Sin embargo, un tribunal de amparo de garantías determinó que las acciones contra los productores eran ilegales. Ese recurso evitó que los productores fueran desalojados.

CONTRATO CON DEL MONTE

El contrato fue sancionado en mayo por el presidente, Juan Carlos Varela.

El contrato entre el Estado panameño y Del Monte permitirá a la trasnacional invertir más de $100 millones en la reactivación de zonas bananeras en las provincias occidentales de Chiriquí y Bocas del Toro.

‘Ellos trataron de aplicar un despojo que no les resultó y ahora están buscando otro mecanismo', aseguró César Robles, miembro de la Alianza Estratégica Nacional, una organización que le está ofreciendo su respaldo a los productores.

Los productores también han interpuesto una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). El contrato, además, mantiene dos demandas de inconstitucionalidad pendientes.

El abogado denunció que la medida se ha hecho en complicidad con la Alcaldía. En un video suministrado por la Alianza Estratégica Nacional, el productor Luciano Pitty afirma que no lo dejaron transportar corozos porque no tenía el permiso para hacerlo. Según Pitty, acudió a solicitarlo, pero la respuesta que recibió es que esa medida se daba producto de que las tierras donde cosechaba son estatales.

Carlos Barría, que comercializa papaya y plátanos, aseguró que los productos se van a perder porque ahora no se podrán comprar como consecuencia de la medida.

El abogado aseguró que la juez de paz no tiene competencia para emitir una guía para el traslado de productos agrícolas y que en todo caso es al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a quien le correspondería asumir esa acción. De tratarse de una medida fitosanitaria, le correspondería al Ministerio de Salud. ‘Están provocando un cerco económico porque los productores no pueden comercializar. Los están asfixiando', agregó Tristán Santander.

Gisela Pérez Polo, secretaria de la Alianza Estratégica Nacional, señaló que quien debería emitir está guía es un juez agrario.