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- 20/09/2026 17:49
El Tribunal de Garantías consideró grave el caso y ordenó la detención provisional de la mujer, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones.
Una mujer quedó en detención provisional por el presunto delito de maltrato al menor agravado, luego de que la Fiscalía Regional de Los Santos lograra la legalización de su aprehensión y la imputación de cargos ante un Tribunal de Garantías.
El caso se desarrolla en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, donde la investigación comprende hechos registrados entre el 21 de noviembre de 2025 y el 11 de septiembre de 2026 y vincula a la mujer con un supuesto trato negligente en perjuicio de sus nietos, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).
La decisión judicial se conoce días después de que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informara sobre la muerte de un niño de 10 años en Pedasí, ocurrida el pasado 12 de septiembre.
Hermanos del menor quedaron bajo protección
Tras el fallecimiento del niño, la Senniaf informó que activó sus protocolos de atención y protección para los hermanos del menor.
Como parte de las medidas adoptadas, los niños quedaron bajo el cuidado y protección de un familiar, quien asumió su atención y resguardo mientras el Ministerio Público desarrolla las investigaciones para esclarecer las circunstancias relacionadas con la muerte.
La institución señaló que mantiene el seguimiento y acompañamiento de los menores y de su entorno familiar a través de su equipo técnico.
La información divulgada por la Senniaf estableció que las investigaciones sobre el fallecimiento están a cargo de la PGN, que deberá determinar las circunstancias del caso.
La entidad no vinculó públicamente, en ese momento, la muerte del niño con un delito específico ni atribuyó responsabilidades.
En la audiencia relacionada con la mujer investigada por maltrato al menor agravado, el Tribunal de Garantías consideró que se trataba de un hecho grave y de naturaleza altamente circunstancial.
Por ello, determinó que la detención provisional era la única medida cautelar que podía aplicarse.
La investigación fiscal comprende un periodo de casi diez meses, desde noviembre de 2025 hasta septiembre de 2026, y está relacionada con presuntos actos de negligencia contra los menores.
La responsabilidad penal de la imputada deberá ser determinada durante el proceso judicial, mientras continúan las diligencias del Ministerio Público.
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