Mulino veta el proyectos de ley sobre descuentos a jubilados y objeta reglamento interno de la Asamblea

El presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó el proyecto de ley 226 relacionado a mayores descuentos a jubilados y objeto parcialmente el proyecto de ley 594 sobre las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional (AN).

A través de una carta enviada a la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, Mulino señaló que “aunque el proyecto de ley 226 persigue un objetivo social legítimo, sus disposiciones vulneran lo establecido en la legislación y en la Constitución Nacional”.

El proyecto de ley 226 de 2025, buscaba modificar y adicionar artículos a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios a jubilados, pensionados y la tercera edad.

Sobre las reformas a la AN, el mandatario detalló que fue objetado parcialmente por razones de inaxequibles e inconvenientes, ya que un total de nueve artículos del texto han sido objetados.

El proyecto de ley 226 buscaba establecer descuentos de 50% de lunes a jueves y de 40% los viernes, sábados y domingos, aplicables sobre tarifas regulares y promocionales de hospedaje.

La iniciativa tenía como objetivo actualizar los beneficios establecidos en la Ley 6 de 1987 ante el aumento del costo de vida y las necesidades económicas de los adultos mayores.

Tras las reacciones del sector comercial, la Presidencia decidió instalar una mesa de diálogo entre el sector privado, jubilados y ministros de Estados.

Después de dos reuniones, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confesó que entre las alternativas que figuraban estaban los ‘apoyos especiales’ y ‘transferencias monetarias’, aunque subrayó que “todas las ideas están sobre la mesa” para atender un problema claramente identificado.

Sin embargo, esta semana, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Alberto López Tom, había adelantado que tras un consenso el proyecto de ley sería devuelto a la Asamblea AN.

Durante estos encuentros, dijo, se coincidió en la necesidad de modificar el texto actual, debido a que, en su versión original, la propuesta no resultaba viable.

Con 37 votos a favor y 21 en contra, el pleno de la AN había aprobado en tercer debate las polémicas reformas al Reglamento Interno de este Órgano del Estado.

La decisión se dio en medio de un centenar de modificaciones que incluyeron la potestad de los diputado a gestionar obras comunitarias, nombrar familiares y contar como asistencia las giras en sus circuitos.

Las medidas han sido cuestionadas a lo interno de la Asamblea y por la sociedad civil organizada.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana y Transparencia, por ejemplo, había solicitado a Mulino objetar por inexequible y no sancionar el proyecto de ley.

A través de una carta abierta dirigida al mandatario, la organización expresó su preocupación por varias disposiciones de la iniciativa, al considerar que desnaturalizan las funciones constitucionales de los diputados y podrían generar nuevamente mecanismos vinculados al clientelismo político.

Según Libertad Ciudadana, el proyecto establece que los diputados deberán “gestionar, impulsar y fiscalizar” programas y proyectos específicos en sus respectivos circuitos, además de contemplar una inversión mínima para obras y proyectos sociales dentro del Presupuesto General del Estado.