Congreso General Guna denuncia represión estatal contra pueblos indígenas y exige justicia

El Congreso General de Guna Yala, a través de su Junta Ejecutiva, condenó con firmeza los hechos de violencia ocurridos en el marco de las protestas nacionales, que han tenido participación activa de pueblos indígenas en diversos puntos del país.

La denuncia surge tras la muerte de un joven indígena de la comunidad Emberá de Arimae, quien, según el documento, falleció al recibir disparos de perdigones durante un operativo de unidades antidisturbios y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

El hecho, aseguran, se suma a otros episodios en los que miembros de los pueblos Ngäbe Buglé y Emberá han resultado heridos, incluidos menores de edad.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, destacó que no se mantiene información de ninguna persona fallecida. “Circula mucha información falsa y hay quienes deciden creerla aunque se les confirma que lo que circula no es así. El Gobierno Nacional se mantiene garantizando el libre tránsito y en puntos donde hay cierres se mantienen y se mantendrán los estamentos de seguridad garantizando la integridad de todos”, dijo.

“El sistema democrático panameño se ve resquebrajado. La represión ha alcanzado niveles inaceptables, propios de gobiernos dictatoriales”, señala el comunicado, que también critica el uso del sistema judicial para perseguir a líderes indígenas como medida intimidatoria.

El pronunciamiento también responsabiliza directamente a las autoridades gubernamentales por instruir el uso desproporcionado de la fuerza contra comunidades indígenas que han decidido unirse a las manifestaciones nacionales contra políticas consideradas “antipopulares”.

Asimismo, el Congreso General Guna hizo un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y a la Iglesia, para que asuman una postura activa ante lo que consideran una “persecución sistemática” contra los líderes indígenas.

La misiva denuncia que, producto de la represión, familias enteras se han visto obligadas a abandonar sus comunidades para refugiarse en zonas remotas. “Niños, mujeres han emprendido un éxodo, viéndose vulnerados en su derecho a vivir con seguridad y libertad”, concluye el comunicado.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los señalamientos. Por su parte, organizaciones de derechos humanos han comenzado a monitorear la situación en las zonas de conflicto.