Conusi demandará regulaciones de huelga en servicios públicos; Mitradel sostiene que el decreto no viola derechos

El debate sobre los alcances del derecho a huelga entre los funcionarios volvió a encenderse este sábado 15 de noviembre tras la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 11 de 12 de noviembre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial.

El decreto establece lineamientos para las huelgas en sectores considerados esenciales, como energía, agua potable, transporte público, servicios hospitalarios, puertos, operaciones de emergencia, el Metro, MiBus y la operación del Canal de Panamá.

La medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y que lleva la firma del presidente José Raúl Mulino, generó una fuerte reacción en los gremios laborales. La Confederación Nacional de la Unidad Sindical (Conusi), a través de su dirigente Marco Andrade, aseguró que el decreto “viola convenios internacionales y el Código de Trabajo”, por lo que la organización lo demandará ante la Corte Suprema de Justicia y lo denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2026.

“El decreto va dirigido a prohibir la huelga en el sector público, violando el convenio 87 de la OIT y disposiciones del Código de Trabajo. Esto será demandado y denunciado ante la OIT”, afirmó Andrade.

También señaló que los trabajadores viven “persecución sindical” y que existen dirigentes encarcelados “por defender derechos laborales”.

Además, reiteró la exigencia de un aumento general de salarios, ajustes para jubilados y jubiladas, y un control a los precios para evitar, según dijo, “los abusos empresariales cada vez que hay incrementos salariales”.

Mitradel: “La huelga continúa siendo un derecho, pero no puede afectar al pueblo panameño”

Ante el anuncio del Conusi, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, defendió la legalidad del decreto y negó que el Gobierno busque limitar el derecho a huelga.

“La huelga continúa, es un derecho de todos los trabajadores. Pero también es un derecho del pueblo panameño tener alimentos, gas, transporte y servicios básicos. No podemos permitir que un solo sector detenga al país”, afirmó.

La ministra señaló que la reacción de Conusi era “previsible”, asegurando que “siempre se oponen a todo”, pero subrayó que el Ejecutivo actúa pensando “en la seguridad, salud y economía del país”.

Muñoz insistió en que la regulación está basada en los artículos No. 485 y No. 486 del Código de Trabajo, que establecen lineamientos para los servicios públicos esenciales.

El decreto, además, exige que toda huelga en estos sectores sea previamente notificada al Mitradel, que deberá evaluar si la medida puede afectar la seguridad, la salud o la economía nacional.

Conato revisa el decreto antes de fijar posición

El presidente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, Aniano Pinzón Real, señaló que el movimiento sindical aún analiza el alcance del decreto para determinar si vulnera el derecho constitucional a huelga.

“La huelga es un derecho consagrado en la Constitución, en el Convenio 87 y en el Código de Trabajo. Si el decreto lo viola, habrá instancias para definirlo. Estamos revisándolo antes de emitir una opinión legal”, dijo.

Un debate que coincide con el análisis del salario mínimo

El conflicto se desarrolla mientras el Mitradel instala las mesas para definir un nuevo salario mínimo. La ministra informó que el proceso se concentrará en cuatro sesiones, con la intención de reducir costos y llegar a consensos más rápidos.

“Este país apunta al crecimiento y necesita decisiones responsables”, declaró Muñoz, quien reiteró que se busca evitar procesos extensos que antes costaban al Estado más de $120 mil.

Antecedentes legislativos

El tema ocurre en paralelo al proyecto de ley No. 379, actualmente en subcomisión, que propone reconocer el derecho a huelga de los docentes del sector público. La iniciativa surgió tras la separación de 298 educadores que participaron en el paro contra la reforma de la Caja de Seguro Social.