Corrupción versus justicia, millonaria lucha dispareja

La corrupción y la justicia en Panamá mantienen una carrera desigual. En minutos se transfieren millones de dólares en sobornos, créditos fiscales ilegítimos o acuerdos bajo mesa en que comprometen el dinero de todos los panameños; mientras tanto un caso penal puede tardar más de una década en tener una resolución.

El sitio web del Ministerio Público publica que entre 2024 y 2025 se registraron 138 sentencias por delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales. El monto total de dinero recuperado fueron 11 millones de dólares, una propiedad inmueble y una lancha.

Al consultar al Ministerio Público sobre el tema, nos compartieron cifras más actualizadas, indicando que en 2026 ya se han logrado 164 sentencias y que desde 2024 se han registrado 575 sentencias condenatorias, incluyendo acuerdos de pena. En 2024 se registraron 196 sentencias condenatorias y en 2025 se registraron 215.

El procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, ha indicado que hay más de 6,500 causas activas en las Fiscalías Anticorrupción, y que en lo que va del año se han recuperado más de 9 millones de dólares.

Pero el costo de la corrupción es mucho mayor. Las auditorías de la Contraloría General de la República e instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) arrojan un pantallazo a las pérdidas económicas. Solo en la Operación Pandora, en la que el MEF auditó movimientos dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) a través de los que se habrían creado créditos fiscales ilegítimos, la lesión patrimonial supera los 40 millones de dólares, y los fiscales prevén que la cifra real sea aún mayor.

La auditoría de la Contraloría General de la República a juntas comunales, ha revelado también una presunta lesión patrimonial de más de 25.4 millones de dólares, que también se espera que siga elevándose.

Para referencia, entre 2018 y 2024, el Ministerio Público recuperó 50.1 millones de dólares gracias a las sentencias logradas, entre ellas sentencias por casos de alto perfil como New Business y el Programa de Ayuda Nacional (PAN). Esa cifra, lograda en 6 años, son 15 millones de dólares menos que la lesión patrimonial estimada solo en los casos de Pandora y Juntas Comunales.

En casos como Odebrecht, los montos son aún mayores. Solo en sobornos, la empresa admitió pagar más de 100 millones de dólares. Han pasado más de 11 años desde que inició aquella investigación y todavía se está a la espera de la sentencia, que se prevé sea emitida en los próximos meses.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó en 2022 que en el caso de Panamá el costo anual era entre 1% y 2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que se traducíría con el PIB actual a entre 950 millones de dólares y 1,900 millones de dólares el costo de la corrupción para los panameños cada año.

A las 6,500 causas penales que mencionó el procurador se suman constantemente nuevas denuncias. A julio de 2026, la Fiscalía Superior Especializada Anticorrupción registró 746 delitos contra la administración pública y 210 delitos contra el orden económica. El número de causas constantemente eclipsa las sentencias logradas.

La exprocuradora Ana Matilde Gómez apuntó a algunos factores que dificultan las investigaciones y resaltó el rol que juega la Contraloría General de la República y su equipo.

“El blanqueo de capitales, que depende mucho de cuál es el delito precedente, se convierte en difícil dependiendo del delito fuente o el delito principal y quiénes son los personajes. No porque el Ministerio Público no haga su trabajo, no necesariamente, sino porque en algunos casos el delito a partir del cual se blanquea el dinero es el enriquecimiento injustificado y ese delito requiere como un requisito para poder proceder, el informe de auditoría de la Contraloría General de la República”, explicó la exprocuradora. “Entonces va a depender de la celeridad, de la selectividad, de la decisión política o institucional, o la capacidad técnica y la cantidad de auditores. Hay una serie de factores que pueden incidir en la decisión de que un contralor haga o no haga el informe de auditoría, o que lo ordene hacer, o que lo firme o que no lo firme, o que se lo mande o no se lo mande al Ministerio Público”, acotó.

Otros factores relevantes que señaló fueron los jueces, quienes tienen la potestad de declarar, o no, una causa compleja (lo que extiende el período de investigación a más de 6 meses) y la falta de especialización para entender casos complejos que involucran transacciones financieras, vehículos societarios y distintas modalidades de contratos para disfrazar cuentas bancarias.

Una de las razones por las que se creó el Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Panamá fue agilizar los procesos legales. Creado en 2011, no fue hasta 2016 que todas las provincias del país fueron incorporadas al SPA. Casos como Odebrecht se mantienen bajo el Sistema Inquisitivo Mixto.

La semana pasada se emitió una sentencia del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales sobre los casos Lava Jato y Panama Papers, confirmando una sentencia absolutoria de 2024. Las investigaciones de Lava Jato y Panama Papers ya tienen más de una década de haber sido abiertas en Panamá y todavía cabe la posibilidad que el caso sea elevado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su revisión.

Causas penales extendidas por períodos tan extensos pueden incluso favorecer la impunidad. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, hay cargos que prescribieron por el tiempo y por el que los imputados ya no pueden ser sentenciados.

Una de las grandes diferencias entre el Sistema Inquisitivo y el SPA es la frecuencia con la que se utilizan los acuerdos de pena. De acuerdo a las cifras oficiales publicadas por el Ministerio Público, bajo el Sistema Penal Acusatorio (SPA), 85.9% de las sentencias fueron acuerdo de pena entre 2024 y 2025, mientras que en el Sistema Inquisitivo fueron 3.22%.

Para la exprocuradora Gómez, los acuerdos de pena son una herramienta fundamental en las investigaciones, aunque advierte que también puede ser utilizado para aprovecharse de personas vulnerables.

“Es verdad que hay funcionarios que abusan y han utilizado el acuerdo de pena para abusar del delincuente humilde o de la persona implicada en un delito que no tiene educación, o abogados que dominen bien la norma. Son personas que el sistema siempre las abusa doblemente porque por su ignorancia, por su pobreza, están marginadas de las oportunidades y eso incluye también la oportunidad de una buena defensa o de que el sistema los trate con respeto y con dignidad”, comentó Gómez. “Pero en términos generales, un acuerdo de pena permite que una persona que está implicada delate a otros y acepte su responsabilidad, ahorrándole tiempo y recursos al sistema, al propio Estado y ayudándole a desentrañar la trama del delito que se trate”, concluyó la abogada y exprocuradora.