Crisis migratoria: un dilema humano que los gobiernos no logran solucionar

Insuficiente; en la medida predomina la respuesta militar, que lleva a la criminalización de los migrantes, en vez de una respuesta humanitaria, que busca garantizar la vida y derechos. La respuesta no puede ser aislada, sino multilateral entre los países latinoamericanos y caribeños; ni tampoco solo coyuntural, sino institucionalizada, donde se garantizan condiciones dignas para los migrantes sin importar en qué país se encuentren, con infraestructura, servicios públicos y arreglos institucionales compartidos a nivel continental.

La migración latinoamericana interna es el resultado de décadas de imposición de políticas de ajuste estructural, comúnmente llamadas neoliberales, que desde los años 70 han profundizado la desigualdad y pobreza. Forzaron a los países latinoamericanos a una reprimarización de sus economías, condenándolos a una posición subordinada en la división internacional del trabajo, desechando la incipiente estrategia de planificación, industrialización y diversificación, junto a la privatización del Estado y desmantelamiento de la política social. Esto provocó el deterioro de las condiciones de vida, conduciendo a migraciones masivas hacia el norte. A esto hay que adicionar la injerencia e intervención estadounidense mediante golpes de Estado y extorsión económica en contra de gobiernos que intentaron contrarrestar estas políticas, desplazamiento de comunidades por transnacionales, y la fallida guerra contra las drogas impulsada desde EE.UU. que sembró violencia y muerte, desgarrando el tejido social. Ello contribuyó a desestabilizar a los países, tornándolos invivibles en muchos casos. En cuanto a la migración proveniente de otras regiones del mundo, como África y el Medio Oriente, el papel predominante ha sido las invasiones por el control de recursos naturales.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) no tiene ninguna legitimidad para intervenir en ningún conflicto en la región. Ha sido cómplice de los peores abusos. El multilateralismo debe ser mediado a través de instituciones puramente latinoamericanas, que respondan a los intereses regionales, como por ejemplo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Habilitar albergues precarios para los migrantes no es una política migratoria, es una reacción improvisada. El Estado no ha dedicado el presupuesto necesario al tema, ni diseñado una estrategia seria, o impulsado un esfuerzo compartido que no sea un mero paliativo. En virtud del ideal anfictiónico de convertirnos en corazón de la integración latinoamericana, pudiéramos asumir el liderazgo en abrir un diálogo continental en esa dirección.

Nuestra bandera debe ser la solidaridad, una política internacionalista donde reconocemos el sufrimiento de las clases trabajadoras alrededor del continente y el mundo, forzadas a emigrar por las terribles condiciones de explotación, exclusión y violencia a las que están sometidas, y cómo nuestros esfuerzos deben estar encaminados, tanto a proteger la vida de los migrantes para mitigar las peores formas de ese sufrimiento, como también atacar las raíces del problema, que es el propio sistema económico.

Ha sido difícil sin duda, pero no es la primera vez que la región experimenta una crisis migratoria como la actual, y hay que decirlo, agravada por la pandemia. Los países han manejado esta crisis en la medida de sus posibilidades, unos han tomado medidas de apertura –como es el caso de Colombia con los venezolanos–; Panamá, por ejemplo, ha atendido a quienes pasan por el territorio, en su mayoría haitianos y cubanos, de manera responsable e integral. Los países han hecho lo que ha estado a su alcance en un problema agravado por la situación de la pandemia. Se han tenido que dedicar recursos probablemente destinados para una mayor atención a migrantes, para atender a nacionales, entre otras cosas.

Siguen siendo las mismas y no han cambiado, el despojo de propiedades y recursos económicos, falta de educación, desempleo, inseguridad, violencia, causas políticas. A esto hay que sumarle la crisis que ha generado la pandemia, que ha empeorado lo antes mencionado en muchos de estos países. Todas estas causas hacen que una persona salga de su país, corriéndose todos los riesgos posibles, para encontrar una mejor calidad de vida.

Por supuesto que sí, esto requiere de la intervención o el trabajo conjunto de organismos multilaterales junto con los países que son generadores de migración, los de tránsito y los receptores. No se va a lograr una solución a la crisis migratoria sin el trabajo conjunto y coordinado de todos y especialmente que los países reconozcan que el problema migratorio es una responsabilidad compartida de todos.

Han hecho bastante, y es lo que corresponde como país responsable. Tenemos la ventaja, si así podemos llamarlo, de que no somos un país de destino, sino de paso, el objetivo de los migrantes que vienen a través de la frontera con Colombia no es quedarse en Panamá, tienen como destino final Estados Unidos. Eso no genera un problema para la población. Es más, la población en general probablemente no se ha dado cuenta de la cantidad de gente que ha pasado por aquí, y eso hay que reconocérselo a este y al anterior gobierno. Con esto, Panamá confirma que es un país que respeta los derechos humanos y reafirma su compromiso con la atención integral de los migrantes proporcionándoles techo, alimentación y medicamentos.

La región ya viene de un periodo de crisis, los países mayormente migrantes –Haití, Cuba y Venezuela– viven periodos complicados, especialmente en medio de la pandemia. Las crisis políticas, sociales y económicas se han visto agravadas en grandes proporciones por la pandemia, y como mencione anteriormente, es un problema que va a requerir del aporte de todos. Ningún país va a poder salir de la crisis solo.