De Carrizo a Sabonge: Los exfuncionarios del gobierno de Cortizo bajo la lupa judicial

El Ministerio Público y la Contraloría General de la República de Panamá adelantan de forma simultánea múltiples expedientes judiciales, órdenes de detención preventiva y secuestros cautelares de activos contra antiguos miembros del Gabinete Ejecutivo y directores de entidades del período gubernamental de Laurentino Cortizo.

Estas medidas surgen tras detectar posibles patrimonios no sustentados y el manejo irregular de fondos del Estado durante el quinquenio comprendido entre 2019 y 2024.

En el ámbito legal, las investigaciones se centran en el enriquecimiento injustificado que ocurre cuando la fortuna de un servidor público aumenta sin respaldo financiero legal, el peculado que abarca el uso o apropiación indebida del dinero estatal y el secuestro cautelar de bienes que inmoviliza cuentas bancarias y propiedades para evitar su traspaso mientras los tribunales resuelven las responsabilidades penales.

En cuanto a esta ultima medida, se estima que el monto de secuestros de bienes ronda los $50 millones, según el contralor Anel Flores.

La nómina de las principales exautoridades investigadas y su estatus legal actual se consolida en los siguientes casos:

- José Gabriel Carrizo (Exvicepresidente y exministro de la Presidencia): Enfrenta una medida de arresto domiciliario y el congelamiento cautelar de $1.3 millones en activos mientras la Fiscalía Anticorrupción formaliza una acusación penal por un patrimonio no justificado de $1.9 millones.

- Rafael Sabonge (Exministro de Obras Públicas): Registra denuncias formales ante el Ministerio Público orientadas a esclarecer supuestas modificaciones presupuestarias y decisiones operativas en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal.

- Nadia Del Río (Exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia): Integrante del círculo cercano del Ejecutivo, sometida a investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y con un embargo de bienes por $576,000 dictado por el Tribunal de Cuentas.

- Bernardo Meneses (Exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos | Ifarhu): Permanece bajo detención provisional en el centro penitenciario La Nueva Joya por cargos de peculado agravado y corrupción vinculados a la distribución discrecional de auxilios económicos estudiantiles por un monto superior a los $51 millones.

- Héctor Brands (Exdirector del Instituto Panameño de Deportes | Pandeportes y exdiputado): Mantiene expedientes abiertos en la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría por presuntas irregularidades en contratos de infraestructura deportiva y por la vinculación de su entorno en la asignación discrecional de auxilios económicos del IFARHU, encontrándose actualmente en etapa de auditoría forense y recolección de elementos probatorios.

- Luis Oliva (Exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental | AIG): Mantiene una medida de prisión preventiva mientras el Ministerio Público investiga un diferencial patrimonial no sustentado de $937 mil junto a posibles anomalías en contrataciones del sector tecnológico.

- Publio De Gracia (Exdirector de la Dirección General de Ingresos | DGI): Mantiene la inmovilización administrativa de bienes por $16 millones dictada por la Contraloría General de la República a raíz de auditorías a su gestión presupuestaria y patrimonial.

- Noriel Araúz (Exadministrador de Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá | ARAP): Permanece sujeto a órdenes de retención cautelar de bienes por $1.3 millones emitidas por las autoridades de control financiero tras revisiones a las cuentas de su administración.

- Edward Mosley Ibarra (Exdirector de la Autoridad Nacional de Descentralización): Enfrenta investigaciones por parte de la Fiscalía y organismos de control por la asignación y transferencia discrecional de más de $213 millones del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS) hacia juntas comunales durante el periodo electoral.

- Gloriela Del Río (Exdirectora de la Lotería Nacional de Beneficencia): Registra carpetillas abiertas en la Fiscalía Anticorrupción por presunto peculado relacionado con irregularidades en el cobro de sorteos ordinarios y extraordinarios, devolución de billetes y asignación de libretas.

El alcance de estas investigaciones incluye además a más de un centenar de exautoridades locales en todo el país por el manejo de fondos de públicos, por lo que el avance de estos expedientes continuará definiéndose en las distintas audiencias programadas ante los juzgados de garantías y el Tribunal de Cuentas.