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Denuncias contra el contralor piden investigación inmediata del Ministerio Público
- 04/05/2026 15:39
Las querellas cuestionan el cambio de estatus laboral de más de 40 funcionarios de la Asamblea y la suspensión de una diligencia judicial tras la intervención de altos funcionarios de la Contraloría.
Dos denuncias penales fueron presentadas ante el Ministerio Público contra el contralor general Anel Flores y otros funcionarios por presuntos delitos contra la administración pública, relacionados con la retención de salarios a funcionarios legislativos y una supuesta interferencia en una diligencia de la Fiscalía Anticorrupción.
Retención de salarios a funcionarios legislativos
La primera denuncia se centra en la retención de pagos a más de 40 funcionarios de la Asamblea Nacional vinculados a la bancada independiente Vamos.
De acuerdo con el documento, la Contraloría habría justificado inicialmente la medida por investigaciones sobre marcaje de asistencia, pero posteriormente cambió el estatus de los trabajadores a “Licencia Sin Sueldo Eventual”.
La acción es cuestionada por presuntamente exceder las facultades legales de la institución, ya que el Decreto 90-2019 no permite modificar de forma unilateral la condición laboral de servidores públicos sin solicitud previa del trabajador ni trámite de la dirección de recursos humanos de la entidad nominadora.
La denuncia sostiene que esta actuación pudo afectar el derecho de los funcionarios a percibir su salario y constituir abuso de autoridad.
Interferencias en la Fiscalía Anticorrupción
La segunda denuncia se refiere a un incidente ocurrido el 9 de abril de 2026 en oficinas de la Fiscalía Anticorrupción.
Según lo presentado, el contralor y el subcontralor, Omar Virgilio Castillo Rodríguez, habrían ingresado al lugar mientras auditores de la Contraloría rendían declaraciones en un proceso penal contra un exvicepresidente de la República.
El documento indica que la diligencia fue suspendida tras la orden de retirar a los auditores, lo que podría constituir abuso de autoridad y delito contra los servidores públicos al interferir en un acto propio del proceso penal.
Se solicitó al Ministerio Público iniciar investigaciones, formular imputaciones y, de ser procedente, elevar la acusación ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para determinar responsabilidades.
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