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- 16/07/2026 11:55
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Agrega La Estrella en Google ↗️La diputada de Cambio Democrático, Dana Castañeda, presentó este jueves un anteproyecto de ley que busca reformar el Código Penal para sancionar el uso de inteligencia artificial y otras herramientas de manipulación digital cuando se utilicen para crear contenidos falsos que lesionen el honor, la reputación o la identidad de una persona, aun cuando no tengan contenido sexual.
La iniciativa busca actualizar la legislación panameña frente al avance de tecnologías capaces de generar imágenes, videos y audios con apariencia de autenticidad, conocidos como deepfakes, que pueden atribuir falsamente a una persona conductas, declaraciones o hechos que nunca ocurrieron.
Al sustentar la propuesta ante el pleno de la Asamblea Nacional, Castañeda señaló que Panamá ya dio un primer paso con la aprobación de la Ley 478 de 2025, que sanciona la difusión no consentida de contenido íntimo sexual o de desnudez generado o manipulado mediante tecnología digital. Sin embargo, sostuvo que la normativa vigente deja por fuera otros contenidos falsificados que también pueden causar graves afectaciones.
“Subsisten vacíos normativos respecto de aquellos contenidos falsificados que, sin tener naturaleza sexual, son utilizados para desacreditar, engañar y afectar ilegalmente a las personas”, afirmó la diputada.
Según explicó, el anteproyecto pretende actualizar el marco jurídico penal frente a las nuevas formas de afectación al honor y a la identidad digital derivadas del uso indebido de la inteligencia artificial y otras herramientas de manipulación tecnológica.
Durante su intervención, Castañeda insistió en que la propuesta no busca restringir la libertad de expresión ni revertir la despenalización de los delitos de calumnia e injuria cuando las víctimas son servidores públicos.
“Este proyecto de ley no pretende atentar contra la libertad de expresión”, manifestó.
Añadió que los funcionarios de elección popular conocen el alcance de la despenalización de esos delitos en su condición de figuras públicas. No obstante, sostuvo que el problema surge cuando los ataques digitales alcanzan a personas que no participan en la actividad política.
De acuerdo con Castañeda, la iniciativa busca brindar protección a menores de edad, familiares de funcionarios, personas con discapacidad y otros ciudadanos que terminan siendo utilizados como blanco de campañas de desprestigio mediante contenidos manipulados.
“No podemos permitir que atenten contra la familia, que atenten contra las personas discapacitadas, que atenten contra una niña que pudiera tener una enfermedad y que sencillamente llega una página y atentan contra ella para perjudicar políticamente a cualquiera de nosotros”, expresó.
La inteligencia artificial y los vacíos legales
La diputada argumentó que el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial superó la capacidad de respuesta de la legislación vigente.
Explicó que actualmente existen herramientas capaces de producir imágenes, videos y grabaciones de voz prácticamente indistinguibles de contenidos reales, lo que facilita la difusión de información falsa con capacidad de afectar la reputación de terceros.
A su juicio, la legislación panameña aún no ofrece mecanismos suficientes para investigar y sancionar este tipo de conductas cuando no están relacionadas con contenido íntimo o sexual.
En la parte final de su discurso, Castañeda cuestionó el uso de plataformas digitales para difundir contenidos falsos y aseguró que existen personas que aprovechan el anonimato y las nuevas tecnologías para atacar a figuras públicas y a sus familias.
Incluso afirmó que algunas personas utilizan la inteligencia artificial con fines de desprestigio político.
“Hay una prostitución en estos medios digitales sencillamente para dañar la honra de nosotros con mentiras”, sostuvo.
También manifestó que quienes recurren a estas prácticas “cobran para dañar la honra” y utilizan perfiles anónimos para afectar a personas que, según dijo, no tienen participación en la actividad política.
Propone abrir el debate
Castañeda planteó que el anteproyecto sea discutido con la participación del Ministerio Público, periodistas y otros sectores relacionados con la justicia y la libertad de expresión.
Según indicó, el objetivo es construir una legislación que permita enfrentar el uso malicioso de la inteligencia artificial sin vulnerar el derecho a la libre expresión.
El anteproyecto deberá cumplir el trámite legislativo correspondiente antes de ser debatido en la Asamblea Nacional.