Diputados buscan frenar avance del polémico proyecto de ley de derecho a réplica

El diputado de la coalición Vamos, Jorge Bloise, anunció que solicitará el próximo lunes 30 de marzo en el pleno de la Asamblea Nacional que el proyecto de ley No. 391, que regula el derecho a réplica, sea devuelto a primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

La iniciativa fue presentada por el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, y ha generado preocupación entre gremios periodísticos y empresariales por su posible impacto en la libertad de expresión y la autonomía editorial de los medios.

Bloise explicó que no pudo presentar la solicitud este jueves 26 de marzo debido a la falta de quórum reglamentario en el pleno.

“Una vez que tengamos el quórum, pediré el apoyo de otros colegas para poder llevarlo a primer debate”, señaló el diputado.

Durante el periodo de incidencias, el diputado de la coalición Vamos, Luis Duke, también solicitó que la propuesta legislativa regrese a primer debate para ampliar la discusión.

El pasado 24 de marzo, el pleno rechazó alterar el orden del día para votar la devolución del proyecto a la comisión. La solicitud había sido presentada por el propio Cedeño, quien la semana anterior se comprometió con gremios periodísticos a reabrir la consulta pública.

El diputado de MOCA planteó que el objetivo de devolver la iniciativa a primer debate es permitir la participación de organizaciones como el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo, que afirmaron no haber sido escuchadas durante la primera discusión del proyecto.

El 11 de marzo, estas organizaciones —junto con la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí— expresaron su preocupación por el alcance de la iniciativa.

En un comunicado conjunto, los gremios indicaron que, si bien el derecho a réplica forma parte de la práctica ética del periodismo, la propuesta legislativa podría alterar el equilibrio entre la responsabilidad informativa y la libertad editorial.

“Dar voz a las partes afectadas no es solo una obligación legal, sino un deber ético que fortalece la confianza del ciudadano en los medios”, señalaron.

Sin embargo, advirtieron que el proyecto introduce mecanismos que podrían interferir en la autonomía editorial de los medios de comunicación.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) también expresó su “profunda preocupación” por el proyecto de ley No. 391, al considerar que representa un riesgo para la libertad de expresión y el funcionamiento democrático del país.

Apede advirtió que la propuesta introduce condiciones sobre contenido, espacio y tiempo en los medios, lo que podría afectar la libertad editorial y abrir la puerta a injerencias en decisiones informativas.