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- 20/06/2026 00:00
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Agrega La Estrella en Google ↗️Jorge Torregroza presentó este viernes 19 de junio su renuncia como director general del Sistema Penitenciario Nacional, en medio de la mayor crisis carcelaria que enfrenta el país en los últimos años y apenas un día después de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, reconociera públicamente el colapso del sistema penitenciario tras la fuga masiva de 195 reclusos del Centro Penitenciario La Joyita.
La salida del funcionario fue confirmada por el Ministerio de Gobierno mediante un comunicado en el que informó que la ministra Dinoska Montalvo aceptó la dimisión y agradeció sus 20 meses de gestión al frente de la entidad.
“La ministra Montalvo agradece sus 20 meses de gestión destacando la entrega, desempeño y compromiso”, indicó la institución.
Aunque el comunicado no detalla las razones de la renuncia, esta ocurre en un contexto marcado por cuestionamientos sobre la seguridad en los centros penitenciarios, investigaciones por posibles complicidades internas y un intenso debate sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo para contener la crisis.
El 1 de junio, 195 privados de libertad escaparon de La Joyita, en lo que las autoridades consideran la fuga más grande registrada en la historia penitenciaria de Panamá.
La evasión dejó al descubierto graves fallas en los controles internos de uno de los centros penitenciarios más poblados del país, donde permanecen cerca de 4,800 reclusos.
Tras el incidente, el Gobierno desplegó un operativo nacional con la participación de aproximadamente 1,200 agentes de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio de Protección Institucional (SPI).
Las investigaciones posteriores revelaron una estructura de comunicaciones clandestinas dentro de la cárcel. Durante la denominada Operación Cerrojo, las autoridades decomisaron 61 routers, antenas de internet inalámbrico y paneles solares que presuntamente permitían a los internos mantener comunicación con organizaciones criminales fuera del penal.
Un día antes de la renuncia de Torregroza, el presidente Mulino lanzó uno de los diagnósticos más severos sobre la situación penitenciaria del país.
“La fuga demuestra que el sistema falló, colapsó. La vinculación de presos en actividades ilícitas es la demostración de que fue vulnerado en las narices de los funcionarios que por acción u omisión lo permitieron”, afirmó el mandatario durante su conferencia semanal.
El presidente aseguró que desde las cárceles se coordinaban actividades criminales y casos de violencia extrema, y advirtió que no existe protección política para quienes resulten responsables.
“No tengo ningún protegido y sancionaré y denunciaré a quien corresponda una vez tenga la información objetiva de las autoridades que manejan esto”, declaró.
Sin embargo, en ese momento descartó solicitar la renuncia inmediata de la ministra de Gobierno o del director del Sistema Penitenciario.
“Tampoco quiero entregar una cabeza porque lo pide alguien como forma de tapar lo verdadero y profundo de este hecho para que después nada cambie”, sostuvo.
Menos de 24 horas después de esas declaraciones se conoció la salida de Torregroza.
Las autoridades mantienen activos los operativos para ubicar a los privados de libertad que continúan evadidos. El último reporte detalla que que 176 reclusos recapturados de los 195 que escaparon de La Joyita. Los estamentos de seguridad mantienen la búsqueda de los 19 privados de libertad que continúan prófugos.
Además, más de 150 personas ya fueron judicializadas por el delito de evasión, mientras avanzan las investigaciones sobre posibles responsabilidades administrativas y penales de funcionarios del sistema.
Coiba abre otro frente de conflicto
Como parte de las medidas adoptadas tras el escape masivo, el Gobierno trasladó a 29 privados de libertad considerados de alta peligrosidad a instalaciones ubicadas en Isla Coiba.
La decisión generó críticas de sectores ambientales, juristas y organizaciones civiles debido a que el área forma parte del Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.
Mulino defendió la decisión y aseguró que el traslado respondió exclusivamente a razones de seguridad nacional.
“Esto no es una discusión sobre el uso de una reserva, sino de la seguridad de los panameños”, afirmó el mandatario.