
- 08/09/2025 00:01
La mala atención médica cuesta vidas, cuesta dinero, cuesta el futuro de familias enteras. La mala praxis, la actuación profesional incorrecta, negligente o imprudente que daña al paciente es frecuentemente denunciada, pero rara vez sancionada. Los médicos reconocen que hay casos en el que los profesionales son responsables, pero piden investigaciones serias, objetivas y técnicas. Mientras, los pacientes y familiares exigen dignidad, respeto y justicia.
Edifonso Llerena tiene 61 años, vive en Coco Solo junto a su esposa Ana y trabaja en la Zona Libre de Colón. El 13 de agosto del año pasado fue junto a su mujer a la policlínica Hugo Espadafora para atender un problema en su columna. Alrededor de las 11 de la mañana le colocaron una inyección para el dolor y lo mandaron a su casa. A las 6 de la tarde regresó en silla de ruedas. “No aguantaba el dolor y no se podía parar ni nada. Entonces lo llevamos a Urgencias en Sabanitas”, relata Ana, quien vende frutas en el kiosco de un colegio. En Sabanitas le aliviaron el dolor temporalmente, pero regresaría al poco tiempo a la policlínica. Tres veces se repetiría el ciclo de dolor, paliativo, dolor. Un domingo, finalmente llamaron al 911 y Edifonso fue hospitalizado. Como el doctor solo atendía los martes, tuvieron que esperar dos días.
“Fue el martes y le digo, doctor, mi esposo está malo. Y lo que me contestó es: yo ya hice lo que pude con él. Ya no puedo hacer más nada. Así, como si él fuera una basura. Entonces le digo yo, pero deme un papel o algo para ver qué puedo hacer con él. Porque él no se puede parar ni nada. Míralo cómo está en la silla de ruedas. Y ni se asomó ni nada”, cuenta Ana. Finalmente, les dan un papel de referencia para que sea atendido en Ciudad de Panamá. La pareja se montó en un taxi y se dirigieron al complejo hospitalario Arnulfo Arias de la Caja de Seguro Social. “Allá nos lo atendieron muy bien. Nos dijeron que lo lleváramos al otro día porque ese día no había camas para hospitalizarlo. Al otro día lo llevamos y lo hospitalizaron. Dos meses estuvo allá”.
En Panamá les contaron la causa del dolor tan fuerte que padecía su esposo: una infección.
“Resulta que el doctor no le tomó unos exámenes que tenía que tomarle para ver que era, si lo podía inyectar o no. Eso fue una mala práctica de él. Porque corrió y lo inyectó y no se fijó que tenía él ni nada”. Cuenta que el médico de turno en el complejo usó la situación como una enseñanza para los jóvenes médicos que lo acompañaban en el momento. “Él les dijo, vean, esto no se hace porque entonces son las personas que se ponen enojadas. Y con toda la razón”.
Ha pasado más de un año y Edifonso aún no se recupera por completo. Debido al dolor tuvo que dejar su trabajo. La pareja se mantiene gracias al trabajo duro de Ana que vende sus frutas en el colegio todos los días de la semana.
Óscar Castillo tiene 16 años. En octubre del 2024 su mamá, Argelis Batista, lo llevó a Urgencias del Hospital Irma Lourdes de Tzanetatos. Óscar tenía la espalda cubierta de moretones tras haberse caído por las escaleras en su escuela. Le mandaron a hacer una radiografía y lo refirieron a un neurocirujano. “Iba y le decía, mueve el cuello, voltea de esta forma, levanta el pie así, levanta el pie acá, y nunca le mandó a hacer ni un estudio de ninguna clase. Él lo vio tres veces y le dio de alta”, cuenta su madre. De allí, pasó a ver un ortopeda quien le mandó a hacer una resonancia magnética. “Cuando tuve la resonancia, nos dijeron que había que hacerle un bloqueo de columna. Y que eso era algo sencillo, un procedimiento sencillo, que eso no iba a tener ninguna alteración en su cuerpo, que solamente era para calmar el dolor que le daba en la espalda”.
Después de ese procedimiento, Óscar nunca volvió a ser el mismo. “Cuando él despertó, despertó como agresivo. No se dejaba tocar. Estaba todo aruñado. Lo tenían todo inmovilizado. Estaba alterado. Cuando ellos me llamaron para que entrara, él no me reconocía. Estuvo tres días en el hospital y no le hicieron absolutamente nada. Le vinieron a hacer un examen de sangre, lo cual no se lo pudieron hacer porque él se alteraba de una vez. Ese día se tiró de la camilla, se metió bajo la camilla, se arrancó la venoclisis. Y ellos lo dejaron ahí en el piso. Como cinco o seis horas lo dejaron en el piso. No lo levantaron hasta cuando yo llegué. Me tuve que sofocar para que lo movieran del piso. Y la respuesta de una doctora fue decirme pero es que usted firmó el consentimiento. Yo firmé un consentimiento, pero no para que mi hijo esté de esa manera”, declaró Argelis.
Posteriormente, Óscar sería visto por otros doctores, algunos señalando que está en el espectro autista, o recomendando visitas periódicas con especialistas. Su madre afirma que ninguno de los problemas de conducta o sociales empezó antes de la intervención en la columna y que a la fecha no hay un diagnóstico claro de la condición de su hijo. “Los padres somos los que sentimos y los que sufrimos, principalmente las madres, porque cargar tu hijo nueve meses en tu vientre, amamantar tu hijo y criar tu hijo y que tu hijo sea normal y que después tu veas que tu hijo ya no es normal por un mal procedimiento en el hospital, no me parece”, lamentó.
¿Qué puede hacer una persona si considera que ella o un familiar fue afectado por mala atención o mala praxis en el sistema de salud? Existen distintos recursos. Uno de ellos es presentar un reclamo ante la Defensoría del Pueblo, que puede solicitar el expediente clínico completo. Otra alternativa es presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Sin embargo, la mala praxis no está tipificada en el Código Penal panameño, como señaló el Ministerio Público a La Estrella de Panamá al solicitar una estadística de las denuncias presentadas y el estado actual de los procesos.
“Al no estar tipificado no existen mecanismos de investigación”, lamentó Mariela Arce, activista de la Cinta Chocolate, una organización que ha presentado en tres ocasiones proyectos de ley ante la Asamblea Nacional para la protección del paciente y la modificación del Código Penal. “Para un problema de salud pública tan grande como es este no existe una fiscalía especializada. Entonces los procesos de investigación no son seguros ni para la víctima ni para el potencial acusado o responsable. Para nosotros es urgente y por eso la propuesta de ley habla de tipificar la mala praxis como un delito porque actualmente está nada más como homicidios culposos o afectaciones dolosas. Las penas que hay no se compadecen con la magnitud del daño. Nosotros queremos ayudar a transparentar y hacer más seguro y elevar la calidad del servicio de salud. A todos nos conviene, tanto a pacientes como a personal de salud, como a las autoridades de salud. No entendemos por qué a esta altura, por qué se espera, qué más quieren que suceda. Si el derecho más violado diariamente, cotidianamente y más silenciado e invisible en este país es el derecho a la salud”, concluyó.
En lo que va del 2025 se han presentado ante la Defensoría del Pueblo 48 reclamos de personas por ser objeto de negligencia médica, 38 por impedimento o negación a recibir atención médica en tiempo oportuno y 31 por condición de salud agravada por impedimentos para el acceso a las atenciones médicas.
“Nosotros hacemos nuestras investigaciones y nuestro apoyo y acompañamiento a las víctimas. Tenemos acceso, sin que medie un proceso judicial, a la información, a los expedientes clínicos. Tenemos especialistas, abogados, psicólogos, sociólogos, trabajadoras sociales y una doctora que nos traduce en castellano o de una manera más entendible lo que indica cada uno de los procedimientos y lo que ocurrió”, detalló el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.
“En ocasiones hemos actuado hasta instancias del Ministerio Público. En el caso del adolescente Christopher que falleció, nosotros apoyamos, declaramos la vulneración pero también fuimos al Ministerio Público. En el caso de la denegación del acceso a la salud, que hubo en Veraguas, cuando unos papás no quisieron que se atendiera a los niños sino un chamán o un curandero, también presentamos y también le hicimos recomendaciones al Ministerio de Salud”, añadió el defensor. Resaltó que en temas de Derechos Humanos, se presume violador de derechos al Estado hasta que se pruebe lo contrario.
La Estrella de Panamá consultó al Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS) para conocer la estadística de casos de mala praxis y las sanciones administrativas que han aplicado. Pero ninguna de las dos instituciones compartió cifras exactas sobre este punto. “En cada caso, la CSS se mantiene apegada al debido proceso. En su accionar la CSS cumple y obedece a su marco legal regulatorio; tanto en los aspectos médicos como administrativos”, fue la respuesta de la CSS.
El Minsa refirió al Colegio Médico sobre el tema de las sanciones.
“Nosotros tenemos una ley que es la ley 41 del año 2002, allí se estipula que el Colegio Médico impulsa lo que se llama el Consejo de Ética, Honor y Disciplina, que son todos legales. Según esa ley, el colegio sí da reacciones, pero no son vinculantes. Van a depender de la decisión final del director general de salud”, explicó a La Estrella de Panamá la doctora Raquel Gutiérrez de Mock, presidenta del Colegio Médico de Panamá.
“Estamos tratando de dar pasos de autorregulación, que todas las quejas pasen por el Colegio Médico. Nosotros queremos impulsar también comités de ética en todas las instalaciones de salud, y eso lo vamos a hacer mediante el convenio que ya tenemos con la Caja del Seguro Social, porque en cada instalación debe haber un comité de ética, donde se diriman las situaciones que se dan entre los médicos. Hemos visto que se están cometiendo actos que van en contra del profesionalismo que nos debe caracterizar, y que deben ser analizados por un comité de ética. Pero esos comités no existen actualmente, porque no nos hemos autorregulado, nos falta mucho a ese nivel”.
El doctor Julio Osorio, secretario de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) reconoce la responsabilidad reconoce el reclamo legítimo de la sociedad, aunque señala que en muchas ocasiones es el resultado de la falta de medicamentos e insumos que de la atención médica. Apunta que se necesita un procedimiento objetivo, realizado por pares con el conocimiento técnico, para revisar los casos de mala praxis.
“No hay un procedimiento, ni la CSS, ni el Minsa tienen un procedimiento estándar establecido. Nunca lo han tenido. Eso es lo primero y ya eso llama la atención, ¿verdad? Segundo, no puede ser que a usted lo denuncien e inmediatamente salgan con que hay una sanción para la persona denunciada. Nosotros entendemos claramente que por parte de la población hay un malestar generalizado, no de ahora, desde hace varios años, yo diría que décadas, en el sentido de una mala atención, de malos resultados de una atención médica. No estamos negando que haya casos de mala praxis, pero lo que digo es que la mayoría de los casos son insatisfacciones del usuario con respecto a las condiciones que tiene el sistema dada por los gobernantes y los administradores del Minsa y de la Caja”, señaló Osorio.
“Somos los primeros que quisiéramos que el Colegio Médico tuviera sus tribunales de ética, honor y disciplina, así como lo hacen en los países más desarrollados, que estén las listas de la gente que debe ser llamada a hacer las auditorías y que al Ministerio Público se le dé el financiamiento por parte del Estado necesario para que tenga los pares en cada una de las disciplinas para que pueda hacer sus análisis y de esa manera poder hacer un juicio justo, correcto sobre lo que ha pasado una persona y si hay lugar de que hay una afectación, definitivamente que ese médico tiene que ser condenado en la parte penal y en la parte civil. Pero que sea un proceso evaluado de forma justa por una persona con el conocimiento técnico”, puntualizó.