El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., hora local, y tuvo una profundidad estimada de 76 kilómetros
- 21/08/2026 00:00
El nuevo arbitraje anunciado por CK Hutchison, con un reclamo superior a $1,500 millones, coloca a los puertos nuevamente en el centro de la escena. La disputa se suma a 10 arbitrajes pendientes ante el CIADI y a otras reclamaciones contra Panamá
El mapa de las disputas que enfrenta Panamá no cabe en un solo territorio. Se extiende desde las montañas donde se encuentra Cobre Panamá hasta los puertos que conectan los océanos, pasa por proyectos de infraestructura, concesiones mineras, inversiones inmobiliarias y centrales de generación eléctrica.
En ese mapa aparecen 10 arbitrajes pendientes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y nuevas controversias que elevan el monto de las principales reclamaciones identificadas contra el Estado a $10,973.4 millones.
La cifra no representa una deuda ni una condena. Es el valor acumulado de las principales pretensiones económicas que distintos inversionistas mantienen en procesos y controversias internacionales contra Panamá.
El nuevo capítulo de las disputas internacionales de Panamá comienza frente al mar.
Este 20 de agosto, CK Hutchison Holdings Limited anunció un arbitraje contra la República de Panamá y reclamó una indemnización superior a $1,500 millones por la controversia relacionada con sus inversiones portuarias en el país.
El reclamo coloca nuevamente en el centro del escenario a Balboa y Cristóbal, las dos terminales que durante décadas estuvieron bajo la operación de Panama Ports Company (PPC), subsidiaria del grupo empresarial con sede en Hong Kong.
La controversia ocurre después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley 5 de 16 de enero de 1997, que aprobó el contrato entre el Estado y Panama Ports Company para el desarrollo, construcción, operación y administración de Balboa y Cristóbal.
Consultada sobre el nuevo arbitraje, la Embajada de China en Panamá no quiso emitir comentarios sobre la controversia.
El siguiente punto está en Cobre Panamá, donde tres de los 10 arbitrajes que permanecen pendientes ante el CIADI están vinculados directamente con la mina: First Quantum Minerals, Ltd., Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corporation (KOMIR) y Franco-Nevada Corporation.
Los tres expedientes continúan registrados como pendientes, aunque los procedimientos están suspendidos por acuerdo de las partes desde 2025.
La suspensión no significa el cierre de los casos. Los expedientes permanecen abiertos mientras las actuaciones siguen detenidas por acuerdo entre las partes.
En este punto del mapa aparece el mayor reclamo identificado.
Franco-Nevada Corporation reclama cerca de $5,000 millones a Panamá. La controversia nació de una operación vinculada con la futura producción de metales de Cobre Panamá.
En 2012, Franco-Nevada acordó una compra anticipada de oro y plata de la mina y desembolsó $1,356 millones para asegurar derechos sobre parte de la producción futura.
La audiencia está fijada del 5 al 16 de octubre de 2026 y será abierta al público conforme a las disposiciones aplicables del tratado entre Panamá y Canadá.
En el mapa de las inversiones inmobiliarias aparecen Juan Carlos Argüello y Ernesto Argüello, con una reclamación estimada en $270 millones por una controversia relacionada con un proyecto inmobiliario.
En infraestructura y construcción, el nombre que destaca por el tamaño de su reclamación es Webuild S.p.A., antes Salini Impregilo S.p.A.
La empresa italiana mantiene pendiente el expediente ARB/20/10, registrado ante el CIADI desde 2020, con una reclamación estimada en $2,200 millones. El proceso está relacionado con proyectos de infraestructura y obras públicas y figura entre los expedientes más antiguos de los 10 arbitrajes pendientes contra Panamá.
También aparecen IBT Group, LLC, IBT, LLC y Eurofinsa Concesiones e Inversiones, S.L., cuyo expediente permanece pendiente desde 2021, y FCC Construcción, S.A., con una reclamación aproximada de $59 millones.
Sinolam International Pte Ltd. mantiene una controversia relacionada con un proyecto de generación eléctrica y reclama más de $140 millones.
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