Las acciones de la Contraloría se dan tras más de un mes de huelga en el sector docente que arrancó formalmente el pasado 23 de abril
- 03/06/2025 12:30
Un informe advierte que el país enfrentó la pérdida de 490 días lectivos entre 2020 y 2025, afectando gravemente el aprendizaje, la equidad educativa y generaciones enteras de estudiantes.
Un total de 490 días de clases presenciales se han perdido en Panamá entre 2020 y 2025, según el estudio Un sexenio perdido: Efectos económicos y sociales de las interrupciones educativas consecutivas en Panamá, realizado por Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (FUDESPA).
La cifra equivale a más del 40% del tiempo lectivo de la educación secundaria, con impactos que amenazan el desarrollo económico del país en las próximas décadas.
El informe, de más de 100 páginas, analiza las consecuencias acumuladas de cuatro grandes interrupciones educativas: la pandemia de la Covid-19 (2020-2021), la huelga docente de 2022, las protestas por el contrato minero en 2023 y las manifestaciones por la reforma a la Caja del Seguro Social en 2025.
En conjunto, han afectado a más de 800 mil estudiantes a lo largo de seis años consecutivos.
“La crisis no es solo educativa: es laboral, social y estructural”, advierte el estudio, que señala un incremento sostenido en la población juvenil que ni estudia ni trabaja (los llamados “Nini”), el aumento de la informalidad laboral y una caída proyectada de hasta 28% en los ingresos vitalicios de las cohortes más afectadas.
Una generación perdida
La cohorte más impactada es la que cursaba séptimo grado en marzo de 2020, con una pérdida estimada del 40.8% de su educación secundaria. En esta generación, habilidades clave como álgebra, lectura crítica, orientación vocacional y destrezas sociales han sido afectadas de forma severa.
El estudio también alerta sobre el deterioro en la calidad del empleo juvenil. Mientras en 2019 el 52% de los jóvenes tenía empleos informales, en 2025 la cifra proyectada asciende al 62%.
Además, el salario promedio ha disminuido en términos reales y la preparación de los jóvenes para insertarse en el mercado laboral ha sido mermada.
Efectos diferenciados por género y región
Los impactos no han sido homogéneos. Las mujeres jóvenes enfrentan una probabilidad casi dos veces mayor que los hombres de convertirse en “Nini”, y en 2024 registran una tasa de desempleo del 23.4% frente al 13.7% de los varones.
Asimismo, el estudio expone profundas brechas territoriales. Mientras que las escuelas privadas lograron recuperar hasta el 68% del contenido perdido, en las escuelas públicas esta cifra apenas alcanzó el 35%.
En las comarcas indígenas y zonas rurales, el acceso a tecnología durante la pandemia fue inferior al 25%, limitando severamente la educación a distancia.
El costo económico
Más allá del impacto humano, el estudio cuantifica las consecuencias económicas de esta crisis educativa. Sin intervenciones efectivas, Panamá podría perder hasta un 4.2% de su PIB en 2035. Solo en productividad laboral, el país dejaría de generar más de 500 millones de dólares anuales.
“El impacto es tan profundo que puede cristalizar las desigualdades sociales por al menos una generación”, concluye el informe. Los jóvenes de quintiles más pobres han visto reducida su probabilidad de movilidad social ascendente del 18% al 12%.
Ventana de oportunidad a punto de cerrarse
El estudio advierte que los efectos del deterioro aún no han tocado fondo. Las cohortes más afectadas apenas comienzan a entrar al mercado laboral, lo que significa que los indicadores de empleo, informalidad y pobreza juvenil podrían empeorar en los próximos años si no se actúa con rapidez.
Entre las recomendaciones se incluye la implementación masiva de programas de nivelación, como PRISA y ATAL, la expansión de iniciativas de inserción laboral como “Aprender Haciendo”, y un enfoque diferenciado de políticas para mujeres jóvenes y poblaciones vulnerables.
Además, se recalca la necesidad urgente de cumplir con el compromiso de inversión educativa del 7% del PIB, así como ejecutar los compromisos del Pacto del Bicentenario y el Compromiso Nacional por la Educación.
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