¿Ensayos para la remilitarización?

El temor a la represión es un fantasma que acecha a Panamá desde antes que se replantearan las políticas de seguridad y el modelo de ‘País sin ejército’. La llamada doctrina de ‘seguridad nacional’, que acelera el proceso de remilitarización, parece olvidar que también debería existir una política de protección a los derechos humanos. De la capital a las provincias, los trágicos ejemplos de su ausencia no son pocos y el abuso policíal no es un secreto. Algunos panameños aún recuerdan los heridos de Changuinola cuando hablan de abuso. Pero nadie menciona a las víctimas del Darién, nadie conoce la cotidianidad de los habitantes de la región donde el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) es Dios y ley. He aquí la historia del fortalecimiento de la fuerza pública, vestida de bota militar, en la provincia olvidada.

LA MASACRE DE LA FRONTERA

El 18 de enero de 2003 en Boca de Paya, último pueblo del Darién, cerquitica a Colombia, los kunas celebraban la ‘ceremonia de la chicha fuerte’, ritual de iniciación del tránsito de niña a mujer. Esa vez la fiesta se convirtió en masacre. Una niña asustada y temblorosa entró al recinto, se acercó a uno de los sáhilas y en voz muy baja le dijo:

-Señor, unas personas con pistolas lo están buscando.

Eran paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y sus ‘pistolas’ eran fusiles. Los tres sáhilas de la comunidad salieron. Los paramilitares se los llevaron a la fuerza para Púcuro, a pocos kilómetros de Paya, en busca de un cuarto hombre. Su gente los vio perderse en la espesura del bosque, a lo lejos oían las amenazas y los gritos desesperados:

-¡No sabemos nada, no sabemos nada!

Los disparos pusieron punto final a la tortura y en la selva volvió el silencio. La gente huyó del pueblo para salvar la vida. Permanecieron escondidos en las montañas, cerca de las riberas de los ríos, donde nadie llegaba a socorrerlos. El frío y el hambre aumentaban la incertidumbre: salir y comer, de pronto morir, era la disyuntiva. Cinco días después oyeron un helicóptero sobrevolando la zona. Salieron pensando que era la policía. Pero no. Era TVN, que informaría al resto del país sobre la masacre.

Según el vocero de las AUC, los dirigentes indígenas eran colaboradores de las Fuerzas Armadas Irregulares de Colombia (FARC), por eso los ajusticiaron. Es su ley.

POLÍTICAS DE SEGURIDAD

Tras la masacre de Paya y Púcuro se reforzó la seguridad fronteriza. Volvió el orden y nadie recordó al Darién, ‘como si los problemas de las comunidades se resolvieran con la fuerza públcia’, dice Flaviano Iglesias, profesor kuna.

Pero en el 2008 volvió la presencia de las FARC: en Jaqué un guerrillero fue herido y otros cinco detenidos. El gobierno de EEUU presionó y propuso que, como Panamá no tiene ejército, llevaran a cabo ‘operaciones político-militares conjuntas’, según Wikileaks.

El 22 de noviembre de 2008, mediante el decreto Ley 8, se creó el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), cuya consigna es proteger la vida, honra, bienes y demás derechos humanos. Y en enero de 2009 Dilio Arcia, tercer ministro de Gobierno de la administración de Martín Torrijos, dijo que Panamá ‘no quiere una presencia física de EEUU que pueda crear malos entendidos’. En cambio, aceptó el apoyo en capacitación e inteligencia.

Hoy Senafront recibe un presupuesto de 49 millones de dólares. Alrededor de 3 mil agentes, con una formación básica como policías, entrenamiento en estrategias de ataque, defensa y uso de fusiles AK47, M4, ametralladoras PKM, M60, vigilan las fronteras.

MEMORIAS DE UN SECUESTRO

El mismo año de la creación de Senafront, en ciudad de Panamá se efectuó el secuestro del ciudadano cubano-americano Cecilio Padrón. Tres policías lo pararon el 4 de abril, alegando una infracción de tránsito, lo hicieron bajar del carro y caminar hasta una patrulla. Policías y colaboradores de las FARC se aliaron. Desde las calles de la ciudad llevaron a Padrón hasta la selva, donde fue custodiado por 6 integrantes del Frente 57 de la compañía Elver Ortega, que operaba en las costas de Jaqué a las órdenes del comandante guerrillero Sylver. Los habitantes de la región hablan de un hombre blanco que caminaba con la guerrilla y las pistas guiaron al Senafront hasta los campamentos de Sylver.

Darién volvió a ser noticia tras la liberación de Padrón, que apareció el 23 de febrero de 2009 en la Panamericana a la altura de Metetí, por la captura de los seis hombres que lo custodiaron y por las operaciones de desmantelamiento del campamento del Frente 57. ‘No tendremos una política complaciente sino de seguridad y firmeza contra los grupos que operan al margen de la Ley en la frontera’, afirmó el ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, luego de los operativos. Y advirtió: ‘No vamos a permitir que un grupo armado tenga subyugada a la población’. Pero la gente de Darién continúa invisibilizada y sus derechos de movilidad, vulnerados.

TODOS SON SOSPECHOSOS

‘Madre, usted lleva comida para las FARC y no puede pasar’, dijo un comando de Senafront a Sor Teresa, que trabajaba en el vicariato de Darién y llevaba alimentos, antes de ser exiliada.

-¿Cómo voy a llevar comida para guerrilleros a un pueblo que está lleno de policías?, respondió indignada.

Esta es una escena cotidiana en Darién, donde Senafront es la única institución estatal con presencia constante, porque el gobierno olvidó las políticas de desarrollo social y sólo implantó las de seguridad, que dificultan la movilidad. Para Frank Ábrego, director de Senafront, el problema es que ‘por lo que se vivió años atrás, toda amenaza se asocia con la guerrilla’. Explica además que el abandono estatal no se debe a negligencia sino que para las instituciones gubernamentales ‘es difícil ayudar a poblaciones tan pequeñas, ubicadas en territorios tan vastos’. Por eso se hacen giras de ayuda médica y llevan bolsas de alimentos. ‘Pero así no se resuelven los problemas de la población. Se necesitan proyectos sostenibles de salud, educación, trabajo, alimentación y vivienda’, dice Sor Teresa.

La seguridad debe traducirse en bienestar para la población y Panamá es el país más rico de la región. ¿Por qué sufre hambre y abandono? ¿Por qué una fuerza armada resuelve los problemas sociales?

‘Tener olvidada la región conviene a muchos, así nadie husmea las razones de la guerra y las violaciones de los derechos’, dice Teresa.

Por llevar mucho mercado a las poblaciones más cercanas a la frontera, por ser refugiado, apátrida o extranjero, o por querer simplemente recorrer la zona, usted se convierte, en el mejor de los casos, en sospechoso. Debe esperar horas a que verifiquen sus documentos o que tenga permiso para transitar de un poblado a otro. Demetrio Pittí, un indígena emberá de 25 años, se convirtió en culpable y permaneció ocho meses encarcelado. Su crimen: tener una tienda en Paya y subir mensualmente 500 dólares en comida seca. Para el abogado Miguel Antonio Bernal, estos son ‘métodos de control militar aplicados con la excusa de una guerra fronteriza que de este lado de la frontera no existe. Los problemas se solucionan con mayor presencia estatal’.

MEMORIAS DE UN ARRESTO

El 1 de julio de 2010 agentes de Senafront arrestaron a Demetrio. No tenían orden de captura pero son la Ley y actuaban en nombre de ella. Al día siguiente lo llevaron hasta Metetí y allí hicieron un ‘paquete’ de nueve indígenas de Paya, Sobiaquirú y Púcuro. ‘Esperamos un tiempo eterno, con incertidumbre. Me enfermé. Tenía miedo porque la cárcel nunca había entrado en mi vida y me dolían mis dos nenas: Selena de 6 meses y Salomé de 2 años. Tres días después nos trajeron a La Palma. Dijeron que nos iban a abrir un proceso de investigación por terrorismo. Yo ni sabía qué significaba’, recuerda Demetrio en la sala pastoral del Darién, media hora antes de la audiencia que decidiría su futuro.

Frank Ábrego cuenta que ‘muchos de ellos llevaban cargamentos de comida con cervezas, Coca-Colas, helados que revendían a la guerrilla, porque la gente de arriba no tiene dinero para pagar esa comida’.

A ocho meses del episodio que fragmentó su vida, el juez declaró inocente a Demetrio. Para el padre Nicolás Delgado, director de la pastoral del Darién, ‘su historia no es la única. Las personas que le venden a extraños ya son terroristas. Poner presos a nueve supuestos colaboradores es una excelente demostración de la lucha contra el narcoterrorismo, se hace para alborotar el gallinero y decirle a los gringos que Panamá sí está trabajando’.

El crimen de Demetrio fue nacer en el rincón donde alrededor de 92 mil personas de distintas razas y etnias sobreviven al estigma de ser habitantes de la tierra de nadie, marcada por el fantasma de una guerra fronteriza. El encuentro de las facciones armadas legales e ilegales que deja en medio a la población, es una historia que los pueblos del otro lado de la frontera han vivido por años y que sus vecinos panameños desconocían hasta hace poco.