Extrabajadores del desaparecido IRHE buscarán apoyo ante la CIDH en Panamá

Un grupo de extrabajadores del extinto Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) gestiona un acercamiento informal con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 197.º período de sesiones en Panamá. La iniciativa busca exponer discrepancias sobre los montos liquidados por el Estado y solicitar una comunicación formal que facilite la tramitación de sus reclamaciones laborales en la jurisdicción interna.

El vocero y extrabajador del IRHE, Tomás Segura, explicó que la gestión no constituye una audiencia formal programada ante la Comisión, sino un intento de presentar su caso ante los comisionados o la jefatura de cumplimiento del organismo interamericano mientras sesionan en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), en Amador.

“La Corte Interamericana cerró la supervisión a nivel internacional del caso. No así el caso a lo interno. ¿Por qué? Porque ella, en 2008, cuando le homologó un acuerdo unilateral al Estado, dijo que aquellos que estaban en discrepancia con el monto homologado podían recurrir a las instancias internas”, sostuvo Segura.

El conflicto se remonta a los despidos masivos ocurridos tras la promulgación de la Ley 25 de 1990, dictada durante el período posterior a la invasión militar. Tras años de litigio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió, el 2 de febrero de 2001, una sentencia en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, en la cual ordenó al Estado el pago de salarios caídos y demás derechos laborales correspondientes a 270 trabajadores en un plazo de 12 meses.

Sin embargo, los demandantes afirman que la liquidación final no respetó las garantías previstas en la legislación laboral que regía en la entidad. Según Segura, los despidos debieron liquidarse conforme a la Ley 8 del 25 de febrero de 1975, normativa especial que regulaba las relaciones de trabajo entre el IRHE, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) y sus servidores públicos.

Dicha legislación establecía, en su artículo 69, la obligación patronal de reconocer aumentos salariales progresivos por antigüedad y eficiencia. Asimismo, contemplaba un escalafón anual que otorgaba ajustes salariales según la evaluación del personal, además de una bonificación navideña equivalente a un mes de salario, en sustitución de la tercera partida del décimo tercer mes.

Los promotores del reclamo señalan que el Estado entregó finiquitos globales sin el desglose detallado de las sumas canceladas. A juicio del grupo de afectados, los cálculos omitieron los reajustes escalafonarios anuales y aplicaron retribuciones basadas en los salarios vigentes al momento del despido, en 1990, ignorando la evolución salarial proyectada.

“Nos dieron un finiquito donde decía que eso era lo que nos correspondía, pero no había especificación de lo que nosotros estábamos recibiendo, nada más un monto total sin el detalle”, señaló Segura.

El vocero indicó, además, que el pago de las cuotas adeudadas a la Caja de Seguro Social (CSS) se efectuó con casi dos décadas de retraso. “El Estado pagó 18 años después... En diciembre de 2019 paga las cuotas del Seguro Social de los trabajadores despedidos por la Ley 25”, expresó.

Según su testimonio, el cobro extemporáneo de estas cuotas provocó que la entidad de seguridad social calculara las pensiones de jubilación con base en el salario nominal devengado en 1990, lo que afectó la cuantía de las jubilaciones otorgadas al excluir los derechos adquiridos bajo la Ley 8 del 25 de febrero de 1975.

En la vía judicial panameña, los afectados promovieron acciones ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, los demandantes aseguran que el trámite procesal quedó paralizado bajo el argumento de que el tribunal requería una notificación formal de la Corte IDH para dar curso a las pretensiones individuales de recalificación.

Ante la falta de avances judiciales, en 2024 el grupo presentó una queja formal ante la Defensoría del Pueblo, que abrió el expediente 5810-2024. Tras instruir el expediente, la institución emitió una resolución sobre el caso; sin embargo, al carecer de carácter vinculante, esta no derivó en una revisión de las prestaciones por parte del Órgano Ejecutivo.

Los extrabajadores también elevaron solicitudes a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional en febrero pasado, sin obtener una respuesta formal hasta el momento. Paralelamente, los reclamantes denuncian barreras en la atención a las viudas y los derechohabientes de los exfuncionarios fallecidos. A pesar de que la sentencia interamericana reconocía los derechos de los sobrevivientes, los representantes legales del grupo sostienen que las autoridades han denegado los ajustes a los familiares de los trabajadores fallecidos antes de la transferencia de las cuotas de seguridad social.

Según los registros de los extrabajadores del IRHE, al menos 29 trabajadores han fallecido en los últimos 36 años mientras esperaban la resolución completa de sus expedientes. Entre los fallecidos recientes figura Domingo de Gracia, quien participó en protestas ante el Ministerio de Trabajo antes de su deceso.

El período de sesiones de la CIDH comienza hoy y concluye el próximo viernes en la sede del Parlatino. El programa oficial abarca audiencias temáticas sobre independencia judicial, derechos de las comunidades indígenas, libertad de expresión y compromisos corporativos de empresas extractivas en la región.

El documento de la CIDH contempla la celebración de audiencias sobre casos individuales que involucran a Estados como Colombia, México y Paraguay, además de un diálogo con la sociedad civil previamente inscrita. La agenda pública no incluye una audiencia formal asignada al reclamo de los extrabajadores del IRHE.

Frente a este escenario, la comitiva liderada por Tomás Segura planea trasladarse a la sede del Parlatino con una delegación reducida, debido a las condiciones de salud y movilidad de varios de sus integrantes, quienes ya están en la tercera edad. El objetivo de los manifestantes se limita a solicitar que el órgano interamericano emita la nota aclaratoria requerida por los tribunales panameños para habilitar la revisión de los finiquitos en el territorio nacional.

“Nosotros no estamos tan ambiciosos. Queremos justicia, pero que se cumpla, que se haga justicia”, concluyó Segura.