Farfán, el último bastión al alcance del mejor postor

PANAMÁ. Los panameños aún pueden presumir que a menos de 20 minutos de la ciudad capital pueden encontrar playas: Farfán y Kobbe.

Lo que pocos conocen es que la playa Farfán ha estado en la mira para la construcción de un puerto de contenedores, lo que representaría la pérdida de este espacio público que por Constitución no puede ser objeto de expropiación privada.

La idea del puerto fue planteada en un estudio para el desarrollo del área de Howard que realizó la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés).

El estudio de JICA implicaba también la construcción de un megapuerto en Palo Seco, al lado de playa Kobbe, donde actualmente opera el complejo hotelero conocido como Playa Bonita.

Farfán formó parte de la Zona del Canal controlada por el Ejército de los Estados Unidos que revirtió a Panamá a finales de 1999. Desde entonces, el desarrollo que ha experimentado el país ha ejercido presión sobre las zonas costeras que en playas, como Kobbe, han quedado sin acceso libre.

En el interior del país el panorama no es diferente. Allá el desarrollo inmobiliario y turístico hace su parte para evitar el acceso público. Todo eso, pese a que la Constitución establece que las playas, el mar territorial, los puertos, esteros, entre otros, son bienes de aprovechamiento libre y común.

Además, existe la Resolución 234 del 16 de agosto de 2005 del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) que establece las servidumbres de acceso público en las playas.

La norma señala que todo proyecto de urbanización que colinde con playa deberá establecer una servidumbre de 12 metros.

La norma no se cumple en playa Kobbe ni en otras del interior del país, donde las playas han quedado sin acceso público.

El MIVIOT se sacude un poco de esta responsabilidad. En un comunicado alega que en los planos que aprueban de los proyectos se exigen las servidumbres, pero son las autoridades municipales las que deben exigir el cumplimiento.

CUESTIONAMIENTOS

Un abogado, un sociólogo y un biólogo expusieron su visión de lo que ocurre en el país con las zonas costeras.

Rodrigo Noriega, abogado y consultor internacional, consideró que el proceso de privatización y apropiación indebida de las playas no solo es inconstitucional, sino inmoral y antipatriótico.

Para Noriega, las autoridades gubernamentales olvidan sus funciones en la cosa pública. ‘El primer deber de todo gobernante es trabajar por el bienestar de sus gobernados, y vender nuestras playas, islas y manglares al mejor postor es un acto de suprema irresponsabilidad, y un robo a toda la Nación’, argumentó.

El biólogo Mir Rodríguez, en tanto, comentó que todo este proceso de privatización se incrementó desde el gobierno pasado, cuando se creó la ley para impulsar el turismo residencial y la privatización de islas y costos.

El sociólogo Marcos Gandásegui consideró que las playas se han explotado de una manera más mercantil que de recreación colectiva.

Sin embargo, estimó que tarde o temprano la naturaleza pasará la factura por el daño que se le ocasiona al ecosistema costero.

Noriega y Rodríguez plantean retos a la ciudadanía y dibujan un hipotético escenario de lo que podría ocurrir.

Rodríguez consideró que buena parte del problema es que mucha gente no conoce sus derechos. ‘En mi experiencia, cuando alguien pretende cobrarme por el acceso a la playa, yo les recuerdo que es ilegal y al final me dejan pasar’.

Noriega espera que en los próximos años haya movimiento nacional de recuperación de playas, islas, manglares y otras áreas que han sido privatizadas y concesionadas ilegal e irresponsablemente’.