Las afectaciones, provocadas por lluvias inusuales y fuertes vientos que impactaron principalmente el norte y el centro del país, han dejado daños considerables...
- 03/09/2014 02:00
La diputada Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático, presentó el pasado 7 de julio ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que elimina los controvertidos avalúos catastrales que nacieron con la Ley 8 de 2010, que reformó el Código Fiscal bajo la administración de Ricardo Martinelli.
El proyecto de ley contempla, además, una reestructuración de las tasas para el cálculo del impuesto de inmueble, bajando de 1.75% a 0.5% para las viviendas con valor catastral de 40 mil dólares a 100 mil dólares; de 1.95% a 0.90% para las viviendas con valor catastral entre 100 y 250 mil dólares; y baja de 2.10% a 1.40% el impuesto para las viviendas con valor catastral superior a los 250 mil dólares.
La propuesta contempla también aumentar de 30 mil a 40 mil dólares el valor de las viviendas exoneradas de dicho impuesto, regular que el avalúo catastral no supere el 50% del valor de mercado, eliminar los avalúos de oficio a manos privadas por parte de la Dirección de Bienes y Catastro y la exclusión de áreas que determine el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por la condición económica de sus residentes.
La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea prohijó el anteproyecto el pasado 25 de agosto, pero aún está a la espera del primer debate.
‘Actualmente se está evaluando pagarlo sobre el valor comercial y no catastral, y el valor comercial se puede hacer de manera subjetiva por parte del MEF. Es decir, una casa que te vale 30 mil o 40 mil dólares te la pueden poner al precio de 200 mil o 300 mil dólares, y el día que no la puedas pagar te ponen un proceso de jurisdicción coactiva y perdiste tu casa’, explicó Rodríguez durante la presentación.
Si bien la medida fue suspendida mediante una resolución del MEF publicada en Gaceta Oficial el pasado 28 de noviembre, luego de las quejas de varios propietarios en los sectores afectados, algunos gremios manifestaron la importancia de dar curso legal a través de un proyecto de ley, ya que una resolución no basta para para cambiar una ley promulgada.
Rodríguez defendió el proyecto como ‘positivo’, pero vaticinó ‘que el gobierno se va a oponer porque van a decir que estamos reduciendo los impuestos, y no es así, sino que hay que ser cónsonos, si la persona deja de trabajar o ser productiva... estamos buscando justicia social’, sustentó.
FALENCIAS
Un estudio técnico del arquitecto Jorge Pitalúa García, publicado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), evaluó la metodología aplicada por el gobierno pasado para los reavalúos. Señalaban fallas técnicas, como la consecución de dichos valores de mercado sin aplicar los ajustes y descuentos correspondientes que exigen estos procesos, dependiendo del sector. ‘El gobierno utilizó indiscriminadamente el valor del mercado, cayendo en una distorsión’ explicó Pitalúa a La Estrella de Panamá.
‘El aparato estatal buscaba recaudar más impuestos para balancear el déficit fiscal que sabían que iban a enfrentar, e hicieron una proyección de cuanto podían recaudar sin considerar la capacidad contributiva de los ciudadanos, como en la época feudal, donde se ponía el impuesto, y si no se podía hacer frente a este pago, entonces se le quitaba la propiedad a la persona’, añadió Pitalúa.
La economista Maribel Gordón por su parte, denotó intereses ocultos detrás de la ley original, en cuanto a que se aplicó selectivamente a áreas de mayor rentabilidad comercial (Marbella, Punta Paitilla, Vía España, Costa del Este, Punta Pacífica, Costa del Este. Río Hato y algunas Playas del Pacífico), con el fin de ‘desplazar a los residentes de sectores populares que estén dentro de éstas áreas, y que no podrían pagar estos cánones de evaluación’.
Gordón coincidió, sin embargo, en la necesidad de hacer ajustes catastrales en algunos sectores ‘que no están pagando lo que deberían pagar’, pero ‘sin que esto se convierta en un mecanismo legalizado para desplazar a las personas que históricamente han habitando en estas áreas’.
Para el ex contralor Alvin Weeden, los avalúos eran’ un mecanismo para sacarle dinero al contribuyente sin ninguna justificación legítima’, y aplaudió la iniciativa de suspender la medida, que ‘perjudicaría a mucha gente de la clase media, dándole una carga adicional’.
‘EN VEREMOS’
De seguir su curso el proyecto de ley presentado por Zulay Rodríguez, se disminuiría significativamente el ingreso del Estado en concepto de Impuesto de Inmueble; sin embargo, el anteproyecto sustenta ‘que la iniciativa permitirá al pueblo vivir tranquilo y al Estado recaudar más dinero con más contribuyentes que paguen tasas moderadas’.
Se contactó al MEF para obtener información actualizada sobre el estatus de los re avalúos, pero al cierre de esta edición, no se recibió respuesta.
El Estado recaudó 21.3 millones de dólares en concepto de impuestos inmuebles en el primer trimestre del año, según cifras de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP).
Un año antes, de enero a marzo de 2013, se recaudaron 16.3 millones de dólares, 30.1% más que lo recaudado en igual periodo del año 2012, ilustrando el impacto de las nuevas tasas.