Fiscalía: 'Delito de blanqueo de capitales quedó acreditado'

Actualizado
  • 15/09/2022 00:00
Creado
  • 15/09/2022 00:00
Según la fiscalía, la información de asistencias jurídicas internacionales revela la creación de un esquema criminal que identificaba la caja 2 para el pago de coimas a ciudadanos panameños por parte de la constructora Norberto Odebrecht
Ruth Morcillo, fiscal superior Anticorrupción, a su salida de la audiencia.

La Fiscalía Anticorrupción determinó en su análisis fiscal durante la audiencia preliminar por el caso Odebrecht, que la comisión del delito de blanqueo de capitales por parte de varias personas naturales y jurídicas, incluyendo exservidores gubernamentales, quedó acreditada en la investigación local, apoyada con asistencias jurídicas internacionales de Estados Unidos, Brasil, Suiza y Andorra.

En el tercer día de lectura de la vista fiscal de esta audiencia, que se realiza en el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, la fiscalía destacó que la constructora Norberto Odebrecht y sus filiales a nivel mundial hicieron contrataciones onerosas con el Estado panameño y en otras jurisdicciones, siendo así que en la República de Panamá se ejecutaron, a partir del año 2006, importantes proyectos.

La fiscalía destacó que está acreditado que Brasil, la Confederación Suiza, Estados Unidos y otras jurisdicciones del mundo instruyeron investigaciones por delitos de soborno internacional, conducta que también se enumera entre los delitos precedentes de blanqueo de capitales.

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Según esta instancia judicial del Ministerio Público, se determinó que se constituyeron sociedades anónimas en diferentes jurisdicciones, incluida Panamá, con el objetivo de transferir recursos financieros procedentes de actividades relacionadas con el soborno a servidores públicos y financiamiento de campañas políticas, “acreditándose que el pago de las propinas gestionadas por intermediadores financieros, procedían del dinero ilícito y a través de las distintas operaciones se justificaba e intentaba dar la apariencia lícita”.

Es decir, según la fiscalía en su análisis fiscal, que estas sociedades off-shore fueron un instrumento importante para el lavado de dinero, ya que miembros de la organización criminal hacían uso de ellas para promover la salida de valores de Brasil, sin que fuesen declarados en las cuentas de las empresas, siendo utilizados para el pago de coimas de funcionarios en otras jurisdicciones, incluyendo Panamá

Precisó además la fiscalía que el Departamento de Estado de Estados Unidos reveló información importante relacionada con la investigación en contra de la empresa Odebrecht, donde la misma se declaró culpable y admitió que se había involucrado en un esquema masivo de licitaciones fraudulentas que datan del año 2001, en donde se realizaron pagos secretos por $788 millones a servidores gubernamentales extranjeros, sus representantes, partidos políticos en varios países en concepto de sobornos y pago de coimas.

“De la información revelada en el caso, Panamá recibió unos $59 millones en concepto de coimas e involucraba pagos entre 2009 y 2012 a un hijo de un alto funcionario del Gobierno de Panamá, hecho que ha quedado debidamente acreditado en la investigación”, señaló la fiscalía.

Explicó la fiscalía que también se recibió documentación procedente de la Confederación Suiza, que adelantaba dentro de su jurisdicción una investigación relacionada con Odebrecht por delitos de sobornos de funcionarios y lavado de dinero, entre otros.

De igual manera, la fiscalía indicó que, según el hilo conductor de la investigación, no puede desconocer la documentación remitida por la República Federativa de Brasil, a través de la cual se investigó a directivos de Odebrecht dentro de la operación Lava Jato, por delitos de corrupción, “donde quedó acreditada la existencia de un grupo de sociedades creadas en el extranjero y otras en Panamá, que fueron incorporadas con el único fin de disimular el origen de fondos que proceden de actividades criminales y darle apariencia legal bajo la justificación de contratos de servicios profesionales, compra y venta de productos, servicios de asesoría comercial y legal, quedando demostrado que eran totalmente ficticios”.

La fiscalía también hizo alusión a la creación de sociedades y la posterior apertura de cuentas bancarias a terceros o testaferros, que buscaban borrar las pistas sobre sus verdaderos propietarios o beneficiario final, hechos que –asegura esta instancia– quedaron plenamente acreditados en la presente investigación y que permite la imputación de delitos de blanqueo de capitales y de corrupción de funcionarios en algunos casos.

“Quedó probado que Odebrecht creó una oficina denominada Departamento de Operaciones Estructuradas, que a su vez utilizó su sofware para gestionar la contabilidad de las empresas del grupo, pero sobre todo la contabilidad paralela en cuanto al movimiento ilícito relacionado con el pago de sobornos donde se realizaban obras, cuentas, transferencias de beneficiarios; pero también el complejo sistema de lavado de dinero y de corrupción que contenía cuatro etapas, y que precisaba quiénes dictaban las órdenes hasta el beneficiario final de dichos pagos ilícitos”, sostuvo la fiscalía.

Y añadió: “La información allegada al sumario, vía asistencia jurídica internacional, da cuenta de la creación de un esquema criminal que identificaba a la caja 2 como la utilización para el pago de coimas vinculado mayormente a ciudadanos panameños”.

Es así, según la fiscalía, como una de las sociedades identificadas es Constructora Internacional del Sur, la cual mantenía como beneficiario final a Olirio Rodríguez, identificado como uno de los miembros del Departamento de Operaciones Estructuradas creadas por Odebrecht, para el pago de coimas.

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