Fondo de seguridad del Canal bajo la lupa tras cuestionamientos en la Asamblea

La creación de un fondo especial para financiar servicios de vigilancia y protección en áreas específicas del Canal de Panamá generó cuestionamientos en la Asamblea Nacional, pero tanto la administradora de la vía interoceánica, Ilya Espino de Marotta, como el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, sostienen que el mecanismo no es nuevo, está sustentado en acuerdos institucionales y forma parte de la planificación presupuestaria.

Espino de Marotta fue enfática al señalar que los recursos destinados a reforzar la seguridad del Canal ya estaban contemplados en el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para 2026 y que el acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública no surgió recientemente.

“Esto no es nada nuevo. Estuvo aprobado en el presupuesto del 2026 corriente”, afirmó la administradora.

La funcionaria explicó que la ACP mantiene desde hace años acuerdos de cooperación con distintas entidades estatales, entre ellas el IDAAN, MiAmbiente y el Minseg, para atender necesidades vinculadas con la operación y protección de la vía interoceánica.

Según Espino de Marotta, el Canal ha recurrido anteriormente a este tipo de mecanismos y los fondos destinados a seguridad no han experimentado un aumento. A su juicio, la protección de la vía debe entenderse como un asunto relacionado con su confiabilidad y continuidad operativa.

La posición de Espino de Marotta coincide con la defensa hecha por Ábrego ayer durante la sustentación del presupuesto del Minseg ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El ministro rechazó los cuestionamientos sobre una supuesta falta de transparencia y aseguró que el acuerdo fue publicado en la Gaceta Oficial, en la Resolución No. 220 del 31 de agosto de 2026, publicada el 14 de septiembre, creando el “Fondo Económico Especial para la Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal de Panamá”.

“Este acuerdo no es secreto ni guarda ningún tipo de reserva o confidencialidad que no esté establecida en las leyes del Canal de Panamá”, sostuvo Ábrego durante la comparecencia.

El ministro explicó que Panamá asumió la responsabilidad de proteger la vía interoceánica después de la transferencia del Canal y que la ACP ya había destinado anteriormente recursos para apoyar el equipamiento de unidades policiales encargadas de la vigilancia de sus instalaciones.

La propuesta inicial habría alcanzado unos $200 millones, pero fue considerada excesiva. Posteriormente, las conversaciones fueron retomadas por el actual gobierno y se estableció un acuerdo por $12,992 millones durante tres años para servicios de patrullaje, vigilancia y protección en áreas específicas bajo competencia de la ACP.

La resolución publicada en Gaceta establece precisamente que los recursos están destinados a cubrir costos logísticos, tecnológicos, administrativos, de inversión y de contingencia vinculados con los servicios de seguridad acordados entre ambas instituciones.

El fondo provocó un intercambio entre el diputado Jhonathan Vega y Ábrego durante la sustentación presupuestaria.

El diputado cuestionó la base jurídica del mecanismo y preguntó por qué recursos provenientes de la ACP no podían destinarse a otras necesidades del país.

“¿Por qué no invertirlo en escuelas, en salud, en infraestructura vial, en caminos de producción o en alimento para nuestros niños en la comarca?”, planteó.

Vega también cuestionó el carácter reservado de determinada información relacionada con el manejo financiero y vinculó el debate con los $27 millones contemplados para la compra de armamento, aunque durante la comparecencia no se estableció que esa adquisición vaya a ser financiada directamente con el fondo del Canal.