Analizan proyecto para frenar hacinamiento en cárceles panameñas

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional analizó el proyecto de ley que busca reformar los Códigos Judicial, Penal y Procesal Penal para evitar el hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

De acuerdo con el presidente de la comisión, Quibián Panay, aunque no pudo aprobarse el proyecto, aún persisten diferencias que deben ser subsanadas para mejorar lo relativo al hacinamiento y la detención preventiva que, según explicó, ha sido mal utilizada en algunos casos.

El diputado anunció que solicitará la colaboración de sus colegas para poder continuar la discusión, lo más probable esta o la otra semana, y poder aprobar el proyecto en primer debate.

Este proyecto, trabajado conjuntamente con el Órgano Judicial, la Procuraduría de la Nación y el Ministerio de Gobierno, pretende adaptar la legislación penal a los estándares internacionales de los derechos humanos con respecto a los mecanismos de conmutación de pena por actividades de estudio, enseñanza o trabajo de las personas privadas de libertad.

Para tales propósitos, destaca la propuesta, se hace necesario reformar la normativa penal sobre la conmutación de la pena, y resalta que como medida para reducir el hacinamiento en las cárceles, es necesario incluir en el artículo 57 del Código Penal a los procesados o detenidos preventivamente, y que se debe tomar en consideración que representan más del 60 % de la población penitenciaria y que cualquier mora no debe perjudicar sus derechos.

El proyecto también contempla la pronta implementación en los distritos judiciales que concentran los mayores porcentajes de población, la adopción de medidas procesales que faciliten la evacuación oportuna de la considerable carga de trabajo constituida por todos los negocios judiciales antes de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en la referida circunscripción y hacer operativos en todo el país.

Entre otros proyectos pendientes de discusión en la Comisión de Gobierno se encuentran el que crea la jurisdicción de extinción de dominio, y el que organiza las notarías.