"Las libertades no se penalizan", Gómez

La procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez Ruiloba, volvió a aparecer ayer ante los medios de comunicación para hacer sus planteamientos frente a la “Ley del Carcelazo” que ha conmovido a la sociedad panameña. Para Gómez el resumen es claro: teníamos los recursos para hacer frente a la problemática, y “las libertades no se penalizan”.

La Ley existente trabaja en la prevención, antes de cometerse el delito, y en la represión, una vez se produce alteración del orden público, o del tránsito o la violación a los derechos de terceros, por lo que “no había necesidad de tocar el Código Penal que se hizo con un esfuerzo sistémico a través del Pacto de Estado por la Justicia y que entró en vigencia en 2008 de manera integral, precisamente para evitar estos parches y que se estuvieran trayendo a debates legislativos articulitos que otra vez irrumpen en la elaboración sistémica del Código Penal”.

Añadió que si lo que se buscaba era tutelar el derecho que está incluido en el artículo 27 de la Constitución que versa sobre el libre tránsito, “aquí estaba el cómo”. Le toca, aclaró, a los corregidores, alcaldes y gobernadores tomar los controles y las medidas para hacer cumplir la ley; “la única restricción que hay para una manifestación es informar con 24 horas de antelación”, pero es en ese momento cuando las autoridades deben y tienen la potestad de informar sobre las responsabilidades que se adquieren en caso de que se produzcan daños civiles, los cuales tendrían que seguir un proceso sumarísimo donde los que violenten bienes o produzcan daños personales a terceros, paguen todo.

Añadió que en este momento “el debate democrático realmente es sustentar y defender las libertades”, por lo que catalogó la medida como un penoso retroceso, “porque en democracia penalizar o enjuiciar con el Código Penal al disidente es peligroso”:

Todo sistema necesita una válvula de escape, necesita métodos de distención porque si se da mucha rigidez el sistema se fractura; constitucionalmente tenemos los argumentos para evitar la violencia en las manifestaciones públicas, y en caso de que se den, poder penalizarlas. El problema es que generalmente, afirmó, interpretamos la Constitución a la ligera.

“Cuando hay autoritarismo disfrazado de democracia y se valen de la postura popular para legitimar una acción de fuerza, lo que se busca es acallar a la gente, lo que es peligroso”.

Aseguró que muchas veces se deja que las situaciones lleguen a crisis para que la consulta apoye medidas radicales como un mecanismo de solución de los problemas, tal y como ha ocurrido con la “Ley Carcelazo”.

También hizo referencia en Debate Abierto Dominical a la importancia del surgimiento de organismos de la sociedad civil porque se trata de personas que no se interesan en la política, que no quieren participar en campañas políticas o ser funcionarios, pero “tienen su espacio ganado porque han coadyuvado en temas de derechos humanos y de ambiente que son de interés colectivo. Acallar las voces que vienen de la sociedad civil sólo porque disienten de la gestión es peligroso. La democracia se fortalece con ellos”. Aunque está consciente de que deben guardar las formas, “pero de allí a atacarlos porque no comparten las ideas es muy peligroso”.