Hicaco, 30 días después: el terremoto que no termina

El agua no pide permiso. Entra por donde encuentra espacio, atraviesa el terreno, se mete en las habitaciones y obliga a levantar lo poco que todavía permanece en pie. Cuando llueve, Luis Alberto Rodríguez sabe que no puede descansar. Primero debe mirar el suelo, después la ropa, los pocos muebles y las paredes. En su casa, una lluvia ya no es solamente una lluvia: es otra amenaza.

A orillas de la calle, Luis intenta proteger a su familia. El espacio donde permanece está forrado con hojas de zinc, las mismas que antes cubrían su casa, ahora derribada por el terremoto del 9 de octubre. Lo que antes era parte de su hogar hoy sirve para improvisar un refugio.

Señala una grieta. Después otra. Entre los restos de su vivienda muestra una pared que apenas se sostiene con un apuntalamiento improvisado. También tuvo que desmontar parte del techo para evitar mayores daños.

“Esa pared está a punto de irse. Ya la tengo con un escorapo que está a punto de irse”, cuenta.

En una de las paredes alguien marcó una cruz como señal de que allí no se debía vivir. Sin embargo, según Rodríguez, después de esa advertencia no llegó una solución para saber dónde refugiarse o cómo reconstruir su casa.

A 30 días del terremoto para muchas familias de Hicaco, corregimiento del distrito de Soná, en Veraguas, la vida sigue entre los daños, el temor y la espera de una respuesta.

Luis tiene 46 años. Desde los 15 se dedica a la pesca. Durante más de tres décadas, el mar fue su principal sustento. El terremoto también golpeó esa actividad: perdió trasmallos y otros pescadores quedaron sin lanchas, motores y herramientas para capturar camarones.

No son solamente equipos dañados. Son instrumentos de trabajo que permiten llevar comida a casa.

“Nosotros dependemos más de la pesca. Esa es la tarjeta de nosotros, el banco. La tarjeta clave de nosotros es la pesca”, explica.

También trabaja con raspados y desarrolla actividades vinculadas al turismo. Pero las pérdidas materiales afectan directamente sus ingresos. La pregunta ahora es cómo reconstruir su vivienda cuando tampoco puede trabajar como antes.

Rodríguez recuerda que durante los primeros días llegaron alimentos, agua y donaciones de empresas y particulares. La comida enlatada resultó fundamental porque algunas familias perdieron sus estufas y tanques de gas. Según su relato, durante cerca de diez días también enfrentaron dificultades para conseguir agua potable.

“Los primeros días nos apoyaron, nos aportaron comida, agua. Le doy gracias a toda esa gente que nos apoyó”, dice.

Sin embargo, la ayuda inicial no resolvió el problema de fondo. Rodríguez calcula que siete familias, unas 26 personas, comparten el espacio donde permanece su familia. Entre ellas hay niños y adultos que esperan una alternativa más segura.

Cuando llueve, deben levantar sus pertenencias y proteger la ropa para evitar que se moje.

“Cada vez que cae el agua, se nos mojan los pies, se nos moja la ropa”, relata.

“No estamos durmiendo como debe ser. No estamos refugiados en un lugar seguro”, insiste.

Su propuesta es recibir materiales para reconstruir las viviendas. Dice que algunos vecinos conocen de construcción y pueden aportar su trabajo.

“Que si no pueden, que nos den el material y nosotros veremos cómo lo levantamos”, plantea.

La historia de Luis permite acercarse a la dimensión humana de una emergencia que, según el registro estadístico suministrado para esta cobertura, contabiliza 59,670 personas afectadas y 18,643 viviendas evaluadas en Panamá.

Los Santos registra la mayor cantidad de personas afectadas, con 26,449, seguido de Herrera, con 15,779. Ambas provincias suman 42,228 personas, alrededor del 70.8% del total nacional. Coclé ocupa el tercer lugar, con 9,998 afectados, mientras Veraguas registra 3,175.

El registro también contabiliza 9,092 niños, 1,649 recién nacidos y 4,314 adolescentes, una población que requiere protección, alimentación y espacios seguros mientras sus familias enfrentan las consecuencias del desastre.

En cuanto a las viviendas, el cuadro clasifica 2,352 registros con daño leve; 1,669 con daño menor; 3,262 con daño moderado y 7,047 con daño parcial. La columna de suma de daños totaliza 14,330 registros.

Para Rodríguez, la emergencia también evidencia las dificultades de las familias que viven de la pesca y de los ingresos diarios, muchas sin recursos para levantar una casa desde cero.

“Si no tenemos ni para hacer la casa, vamos a tener para un título de propiedad”, cuestiona.

Las dificultades de Rodríguez también deben entenderse dentro del contexto social de Hicaco. El Índice de Pobreza Multidimensional por Corregimiento (IPM-C) de 2023 estima una población de 2,007 habitantes en esta localidad.

El registro consigna una incidencia de pobreza multidimensional (H) de 40 y un índice de pobreza multidimensional (M0) de 0.158. Entre los indicadores de privación aparecen la precariedad del trabajo, con 30.06; el desempleo, con 22.51; el hacinamiento, con 12.98; las condiciones de vivienda, con 8.57; el saneamiento, con 11.38, y el acceso al agua, con 3.86.

Estas cifras corresponden a una medición anterior al terremoto. Por tanto, describen condiciones sociales y económicas previas al desastre, no consecuencias de este.

En una comunidad donde muchas familias dependen de actividades como la pesca y los trabajos ocasionales, perder una vivienda o las herramientas de trabajo representa un desafío adicional para recuperarse.

Hay una pregunta que comienza a rondar a Rodríguez: ¿hasta cuándo podrá permanecer en Hicaco?

Piensa en marcharse a otra tierra, buscar apoyo de su madre y encontrar un lugar donde su familia pueda vivir sin la amenaza de las paredes agrietadas y las lluvias. No es una decisión sencilla. Su esposa es de la comunidad y allí están su trabajo y su historia.

Pero quedarse tampoco ofrece garantías.

“Si vemos que en este caso no nos apoyan y seguimos a la intemperie como estamos hasta ahora, corremos un riesgo con nuestros hijos”, advierte.

Rodríguez recuerda que el presidente habló de construir unas 4,000 viviendas para marzo. Sin embargo, asegura que todavía no recibe una fecha de inicio ni instrucciones sobre cómo preparar el terreno para su casa.

Por eso pide que las autoridades expliquen cuándo llegarán las soluciones y qué alternativas tendrán las familias mientras esperan.

Su petición es una vivienda digna, donde sus hijos puedan dormir sin temor y la lluvia no vuelva a convertirse en una amenaza.

“Yo no quiero que nos den plata, sino que hagan una casa digna a las personas. Ya lo que uno trabaja es para uno”, expresa.

Para Luis Alberto Rodríguez, el tiempo se mide en las noches de preocupación, los trasmallos que perdió y las veces que debe levantar sus pertenencias cuando llueve.

Todavía quiere pescar, recuperar sus herramientas y sostener a su familia sin depender de las donaciones. No pide que le resuelvan la vida. Quiere las condiciones mínimas para reconstruirla.

Treinta días después, su casa sigue en el suelo y su futuro no tiene fecha.

La tierra dejó de moverse, pero en Hicaco todavía hay familias que no encuentran dónde volver a estar en pie.