Defensoría investiga violación a derechos humanos indígenas

El defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, informó que se han registrado violaciones de los derechos humanos a los indígenas por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Citó de ejemplo, el derecho al libre movimiento, a la consulta previa e informada y a la libertad religiosa, específicamente en contra de los ngäbes que practican la religión Mama Tadta.

‘Estamos hablando de un complejo de posibles violaciones a derechos humanos', dijo. Sin embargo, aclaró que aún investigaciones para aclarar ciertas informaciones, como es el caso del desalojo de los indígenas del área de la presa.

La Defensoría del Pueblo ha hecho varias inspecciones en la comarca Ngábe Buglé, especialmente en las zonas que se verán afectadas por el llenado de la presa, que se inició el 24 de mayo pasado y que el Gobierno ordenó a parar, este semana, cuando había alcanzado los 87.5 metros sobre el nivel del mar.

El defensor dijo que tiene previsto volver a realizar otra inspección a la comarca y que solicitará al Instituto Tomy Guardia para verificar si el llenado afectó áreas indígenas. ‘En principio pareciera que el llenado afectó zona comarcal, pero, por eso, estoy solicitando al Tomy Guardia que nos acompañe a una visita y determine si se afectó o no la comarca', indicó Castillero Hoyos, quien participó en los actos para la escogencia del nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Se debe esperar que sean los técnicos idóneas que determinen si hubo o no afectación, recalcó el defensor.

Los indígenas habían solicitado al Gobierno suspender el llenado para evitar afectaciones a la comarca y continuar en la mesa de negociación. La Cancillería informó, esta semana, que la suspensión del llenado se mantendrá hasta tanto se logre un acuerdo definitivo sobre el futuro del proyecto.

La Comisión de Alto Nivel Gubernamental, que analiza el tema, sostendrá el próximo miércoles una reunión con los bancos que financian la obra para estudiar alternativas sobre el futuro del proyecto. Los indígenas han planteado en la mesa de negociación sus aspiraciones para que el proyecto no siga en manos de la empresa Generadora del Istmo S.A (Genisa).

‘SE RESPETA LOS DERECHOS'

La canciller Isabel Saint Malo, quien lidera las negociaciones por parte del Gobierno, dijo que se está respetando los derechos humanos de los indígenas y que lo importante es que se mantiene el diálogo.

La ministra también se refirió a la reunión que sostendrán el miércoles con las entidades financieras. Dijo que se contempla distintos escenarios, pero que lo fundamental es que se cumpla con la seguridad jurídica.

Dijo que parte de los puntos a analizar durante la reunión con los bancos es que el proyecto hidroeléctrico tiene normas que cumplir y que como Gobierno se busca velar los intereses nacionales y de la población indígena.

A juicio de la canciller, los bancos tienen la misma visión del Gobierno, en el sentido de que se cumpla con toda las normas. ‘Siempre es sano hacer esas valoraciones en conjunto', manifestó.

La Cancillería informó que la mesa de negociación se volverá a reunir, después del encuentro entre las autoridades gubernamentales y las instituciones financieras.