Información pública es engavetada

En lo que parece ser un patrón, en al menos ocho ocasiones de lo que va de la actual administración, periodistas de este medio han solicitado información con base en la Ley de Transparencia por temas de interés público y han sido negadas, ignoradas o atendidas con dilaciones, y con una casi nula intervención de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

Se trata de informaciones referentes a la planilla de la Asamblea Nacional, fundamentos del pago de $3 millones en movilización o partida 150 solo en 2024, compras de armas de fuego, información del tren a Chiriquí, entre otras.

Esto a pesar de que la misma fue requerida con base en la Ley 6 de 2002 o de Transparencia, que otorga 30 días para contestar y otros 30 en caso de ser una petición extensa.

La importancia de este asunto radica en que el derecho de acceso a la información es “una herramienta crítica para la participación democrática, el control del funcionamiento del Estado y la gestión pública, y el control de la corrupción”, según la literatura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además de que la CIDH reconoce el derecho al acceso a la información como un derecho humano, de la que Panamá es signataria y que está sujeta a proteger.

La negativa de la información de los beneficiarios finales de los proponentes del Hospital de Mascotas, requerida por la autora de esta nota, y cuya restricción fue cuestionada a la Dirección General de Contrataciones Públicas y por diputados en la Asamblea Nacional, no ha sido la única restringida.

También se le solicitó a la Secretaría Nacional del Ferrocarril el estudio de factibilidad del proyecto, evaluación financiera y de riesgo, transparentar la metodología para elegir a las consultoras, entre otros puntos, y la respuesta de la entidad, además de tardía, fue de renders y propaganda, no lo pedido.

A la Asamblea Nacional se le requirió la información real de la planilla, con los cargos que envían los diputados, lugares físicos de trabajo de los funcionarios tal como lo remiten al departamento de Recursos Humanos. Bajo la presidencia de la diputada Dana Castañeda, no hubo respuesta más allá de indicar que la información estaba en internet, lo cual no es cierto. Se excusaron en la auditoría de la Contraloría para no entregar lo requerido.

Con la actual presidencia del panameñista Jorge Herrera, el Legislativo pidió una prórroga por otros 30 días adicionales, por considerarla “extensa” el mismo día en que se cumplieron los 30 primeros, a pesar de que se había pedido por segunda vez con el mismo tenor.

“Una estrategia de dilación que se suele practicar”, comentó el abogado y miembro de Transparencia Internacional capítulo de Panamá, Carlos Barsallo.

De igual manera y en vista de que la Asamblea no entregó las resoluciones de la directiva para los pagos de la polémica partida 150 de “movilización” y que se utiliza como un salario o viáticos, según reveló una investigación de La Estrella de Panamá, y que está siendo investigada por el Ministerio Público por presunto delito contra la administración pública, la periodista de este artículo lo requirió a la Contraloría General de la República, a donde se envían para refrendo y la entidad tampoco lo entregó.

En vista del incumplimiento a la Ley de Transparencia, se presentó el reclamo ante la Antai contra la Secretaría Nacional del Ferrocarril, la Contraloría y otras entidades, como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y la de Recursos Acuáticos, últimas dos que sí respondieron, pero a destiempo y a raíz del reclamo.

La Antai declaró “sustracción de materia” luego de comunicarse con los oficiales de información y archivó el reclamo.

La resolución firmada por la directora general Sheyla de Arias “exhorta a las instituciones mencionadas” a asegurar el “estricto cumplimiento de los plazos legales”.

¿Qué pasó con el fondo? En el caso de la Secretaría del Ferrocarril o de la Contraloría que más allá de la gestión de contestar con otra carta, no respondieron lo requerido, la Antai explicó que su función era de“mediadora”, y la alternativa era presentar otra queja con el mismo tenor o un habeas data ante la Corte Suprema de Justicia.

Aún no hay respuesta de la Antai ante el reclamo de la Asamblea Nacional a pesar de que se gestionó el 16 de julio pasado. De igual manera, el Ministerio de Economía y Finanzas no entregó la información presupuestaria de los municipios de Panamá y San Miguelito, pese a que esta sí se entregaba en administraciones anteriores. No obstante, sí remitieron otras informaciones.

Otra de las peticiones, de otra periodista de este medio, al Ministerio de Seguridad Pública, fue el desglose de las compras e importaciones de armas de fuego, municiones y gases lacrimógenos del 1 de julio de 2024 al 1 de julio de 2025; entre otros detalles.

Frank Ábrego, ministro de Seguridad, contestó que la información sería confidencial por ser datos sensitivos que pudieran caer en manos del crimen organizado.

La comunicadora solicitó la resolución que vetaría la información por 10 años, como lo establece la Ley de Transparencia, y requirió información con datos generales. A pesar de que se excedieron los ocho días para contestar según la Ley de Procedimiento Adminitrativo o Ley 38 de 2000, aún no hay respuesta.

Desde el mes de julio se le requirió entrevista a Ábrego, con agenda abierta y a su disposición, y a la fecha no la ha concedido.

“El acceso a la información pública no es una dádiva del Estado, es un deber entregarla y un derecho del ciudadano. El dueño de la información es el ciudadano y para restringirla tiene que ser declarada como tal antes de la petición de información”, resaltó Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.