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- 03/04/2009 02:00
- 03/04/2009 02:00
PANAMÁ. La empresa Petaquilla Gold no ha iniciado operaciones de extracción en el proyecto minero Molejón.
La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), salió ayer a aclarar este punto luego de que el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), divulgara los resultados del informe técnico de la ANAM que pone al descubierto el incumplimiento normativo por parte de la empresa Petaquilla Gold en el tratamiento de la actividad minera en Coclesito, provincia de Colón.
Según la directora de la ANAM en el informe 110-09 no se dice que la empresa haya ya iniciado operaciones como se divulgó.
No obstante, admitió que sí existe incumplimiento por parte de la minera con respecto a las normas que rigen la actividad en el país.
Entre los hallazgos que denotan la falta de cuidados especiales que requiere esta delicada actividad y por ende el incumplimiento, según Castro, se destaca la acumulación de basura y chatarra en los alrededores, y la disposición y almacenamiento inadecuado de químicos.
Sin embargo, la empresa también tiene sus argumentos de defensa. Su abogado José Gabriel Carrillo, sostuvo que aún no han sido notificados de tal informe técnico, por lo que dijo desconocer la temática.
Además alega que “la empresa ha cumplido con las normativas de origen ambiental que rigen la República de Panamá”. Ellos ya han dado empleos a más de 1,700 personas.
El gobierno de Panamá aprobó en septiembre de 2005, mediante resolución del MICI, el Plan de Desarrollo de varias fases. La primera de ellas, el depósito de Oro Molejón, que comenzó en 2006, de acuerdo a información en la página Web de Petaquilla Minerales LTD.
La ANAM le ha mantenido desde hace años un proceso de fiscalización a Petaquilla. Por ejemplo, Ligia Castro señala que en una inspección anterior —cuya fecha exacta no recordó— generó la imposición de una sanción de 1.8 millones de dólares, por iniciar trabajos en el área sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental.
La empresa interpuso un recurso de interpuesto por la empresa y que fue acogido por la Corte Suprema de Justicia impidió el cobro de esa sanción.
En la disputa, Raiza Banfield, directora de CIAM, solicitó el pasado 1 de abril al presidente, Martín Torrijos, la disolución del contrato minero por los daños ecológicos causados al lugar en contraste con los pocos ingresos que genera al país.
El día anterior había enviada una nota a la ministra de Comercio e Industria, Gisela Porras, con copia a la Defensoría del Pueblo, en la que exige lo mismo, anular el contrato de Ley 9 de 1997, aduciendo violación a la Resolución de Impacto Ambiental lA-809-2008.
También presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal. En ella, solicita una investigación para determinar si los hallazgos reportados en el informe técnico 110-09, constituyen un delito a nuestra legislación. De ser afirmativo exige se sancione a los responsables de los hechos.
Banfield, además pidió una explicación sobre las fianzas ambientales interpuestas por el contrato de concesión que alcanza los 3 millones de dólares.
Muertes masivas de peces, venados, iguanas y animales en áreas cercanas a la mina. En la comunidad de San José los moradores ya se han organizado para plantear sus temores.
Toribio Valdez, uno de los residentes considera que todo es causado por la contaminación de las aguas de la quebrada Molejón.