Investigación sobre abusos de menores en albergues llega a manos de la Procuraduría General

La investigación que destapó, hace una semana, los abusos físicos, psicológicos y sexuales que por más de cuatro años han vivido niños y adolescentes en albergues de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) llegó a manos de la Procuraduría General de la Nación (PGN) hoy, lunes 15 de febrero.

La diputada Zulay Rodríguez, fue la encargada de entregar el informe de gestión y recolección de información y pruebas del caso de los albergues, donde los trabajos de investigación los realizó una subcomisión de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional (AN), del cual ella es miembro.

“Las comisionadas de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional trajimos la prueba para que se iniciara esta investigación ante las múltiples denuncias que nos habían dado tanto en el pleno de la AN y medios de comunicación”, expresó Rodríguez.

Y añadió: “Caiga quien caiga, es la consigna que ha tomado la comisión al momento que entrevistamos a Sara Rodríguez y Carla García, exdirectora y exsubdirectora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), el pasado 3 de septiembre en la comisión”.

La diputada Kayra Harding, por su parte, manifestó que “aquí como ya lo hemos señalado, los niños siguen siendo víctimas de sus abusadores, yo creo que como Estado: Órgano Legislativo, Ejecutivo y Judicial hay que tomar cartas sobre el asunto. Invitamos a las autoridades correspondientes a debatir sobre qué vamos hacer con estos albergues. Actuar de inmediato es lo que vinimos a solicitar encarecidamente y que se vaya hacer una inspección a los albergues que revisó la subcomisión”.

Así mismo, Walkiria Chandler D´ Orcy, diputada suplente de libre postulación, enfatizó que no quiere que la denuncia sea el titular de hoy o mañana porque se deben tomar acciones, ya que a la fecha se encuentran menores que siguen siendo vulnerados por los regentes de los albergues que continúan recibiendo los subsidios.

“Desde la comisión seguimos recibiendo información y pruebas transcendentales que podrían comprometer la responsabilidad de personas que se encuentran en cargos de administración pública. Las revelaciones se dan por el trabajo técnico y profesional con personas que si versan en esta materia”, advirtió la diputada suplente.

El procurador, Eduardo Ulloa, confirmó la entrega del informe preparado por las diputadas y se comprometió en hacer las investigaciones relativas a posibles irregularidades y actos ilícitos ocurridos en los albergues que están bajo la administración de la Senniaf.

“Nos comprometemos a darle la celeridad que la gravedad del caso así lo amerita, pues estamos convencidos que los albergues tienen un papel que jugar sobre protección e inserción a la sociedad de los menores y no deben ser vistos como depósitos de niños y adolescentes en el país. Nosotros tenemos que velar e investigar a fin de que cada albergue haya cumplido su obligación administrativa por la que fueron creados. Debemos determinar si la labor de supervisión y fiscalización de cada institución del Estado se hizo de manera efectiva” comunicó Ulloa.

El procurador, además habló que desde el 2020, la PGN ha trabajado en una primera denuncia, donde han logrado avanzar en las investigaciones de oficio relativas a hechos concretos y específicos que se daban en algunos albergues de la Senniaf y que habían sido otorgados a fundaciones privadas.

“En ese caso se han adelantado bastantes diligencias relativas a la toma de declaraciones, exámenes psicológicos, psiquiátricos por parte de los menores que estaban ahí. Además, se han hecho estudios en cuanto a las condiciones que se daban. Las investigaciones están bastantes adelantadas”, expresó Ulloa. 

Por su parte, Rodríguez señaló que del informe han recogido más de 170 páginas y todavía se encuentran recolectando más información y documentación que están por llegarles y del cual ampliarán de manera correspondiente en la PGN.

“En el informe están involucrados más de 14 albergues y quedaron pendiente más. Los sucesos han venido ocurriendo desde 2015 hasta la fecha”, comentó la diputada de San Miguelito, al tiempo que destacó que también incluyeron en la denuncia un documento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia que en mayo del 2018 hacía recomendaciones a Panamá en hacer correcciones sobre la administración de los albergues.

El informe ejecutivo de la investigación confirmó que durante los últimos cuatro años unos 12 albergues se han dado las existencias de evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual", en medio de las malas condiciones en las que viven.

El texto también mostró irregularidades en la parte administrativas como: calidad de los profesionales situados en los albergues y el manejo de la ubicación de los menores. 

En medio de todo el escándalo, el pasado viernes, la Policía Nacional atendió el llamado del rescate de una menor que se encontraba en el techo del Colegio Primer Ciclo de Tocumen, donde intentaba escapar del albergue Centro de Atención Integral, Fundación Chilibre Panamá.

La Senniaf informó que la menor haba sido asistida por el equipo técnico de psicólogos y trabajadores sociales de la institución y llevada a un Centro de Protección con la supervisión adecuada.

A raíz del caso, la Sección de Familia del Área Metropolitana del Ministerio Público abrió una investigación de oficio por presunta comisión de delito de maltrato al menor. 

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, visitó este lunes el Centro de Atención Integral junto a otros funcionarios.