Investigaciones por corrupción alcanzan los $73 millones en lesión patrimonial al Estado

En los primeros nueve meses de 2025, las investigaciones que adelantan las Fiscalías Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN) tienen como resultado una lesión patrimonial al Estado que supera los $73 millones.

Las investigaciones, que abarcan casos de peculado, blanqueo de capitales, violación de sellos públicos y tráfico de influencias, reflejan una tendencia: desvío sistemático de fondos públicos a través de programas sociales y entidades estatales que debían servir a la población más vulnerable.

“Dentro de las Fiscalías Anticorrupción a nivel nacional, a lo largo de este año 2025, han ingresado 4,725 causas activas. El delito de mayor incidencia que mantenemos es el peculado, con 705 investigaciones solo en lo que va del año”, aseguró Adela Cedeño, fiscal Superior Anticorrupción.

Las fiscales Adela Cedeño, Azucena Aispurúa y Digna Castillo, quienes lideran las principales investigaciones, aseguran que el trabajo conjunto de las unidades de análisis financiero, peritos contables y fiscales investigadores está permitiendo “desmantelar redes bien estructuradas de corrupción”. Los expedientes en curso, aunque se desarrollan de manera independiente, exponen un patrón similar: uso indebido de fondos estatales, falsificación de documentos y blanqueo de capitales disfrazados de operaciones legítimas.

Uno de los casos más graves corresponde a la Operación Comunidad, que involucra fondos del Programa de Descentralización y las Juntas Comunales.

La investigación, que comenzó en julio de 2025, reveló un esquema de desvío de recursos públicos mediante contratos y facturas por obras y servicios que nunca se ejecutaron.

El modus operandi era sencillo pero efectivo: a través del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), se asignaban fondos a las juntas comunales para proyectos comunitarios. Parte de esos dineros, sin embargo, terminaban transferidos a cuentas personales o empresas ficticias creadas para justificar gastos.

Según la información consolidada por el Ministerio Público, la lesión patrimonial en este caso asciende a $24,830,652.20, sustentada en 35 informes de auditoría con hallazgos de irregularidades.

Hasta la fecha, se han judicializado 23 causas relacionadas con esta operación, con 45 personas imputadas (44 aceptadas) y 8 detenidas provisionalmente. Las investigaciones aún se mantienen activas en varios circuitos judiciales del país.

“Hasta el momento, se han recibido 36 informes de auditoría; 35 confirman lesión patrimonial por un monto de $24.8 millones. Solo en el caso de las juntas comunales, tenemos 45 funcionarios y exfuncionarios imputados y ocho detenciones provisionales”, precisó Aispurúa, la fiscal Anticorrupción de Descarga.

De acuerdo con fuentes judiciales, algunos de los implicados eran representantes de corregimiento y proveedores que actuaban en conjunto para emitir facturas falsas. La Contraloría General certificó los informes de auditoría que sirvieron como base para las imputaciones.

El segundo caso con mayor impacto económico corresponde al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), una entidad clave en la asignación de becas y auxilios económicos a estudiantes.

La llamada Operación Retorno investiga delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Un informe de auditoría de la Contraloría determinó que la lesión al erario público ronda los $24 millones.

En julio de 2025, fue aprehendido el exdirector de la entidad, Bernardo Menses, quien se encuentra detenido en la cárcel de Tinajita por este caso.

Los fiscales documentaron movimientos bancarios, adquisiciones de bienes inmuebles y transferencias a terceros sin respaldo económico ni contable. El monto no sustentado de su enriquecimiento personal asciende a $419,000.

““Dentro de las fiscalías anticorrupción se llevan tres causas por el delito de peculado divididas por periodos de investigación”, detalló Aispurúa.

Agregó que 28 estudiantes beneficiados con auxilios económicos también son investigados por peculado por extensión y cohecho. “En la primera audiencia fueron imputados cinco estudiantes; cuatro asistieron y recibieron medidas distintas a la detención, como reportes periódicos”, precisó la fiscal.

La tercera causa de alto perfil es la Operación Publicano, enfocada en irregularidades dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI). En este caso, funcionarios ingresaron al sistema ETAX 2.0 sin autorización y realizaron sesiones de créditos fiscales, en beneficio de particulares.

El perjuicio estimado al Estado supera los $13 millones, y las autoridades han detenido a cuatro exfuncionarios y dos particulares. Dos de ellos han logrado acuerdos de pena homologados ante los tribunales.

De acuerdo con la investigación, se trató de un esquema donde funcionarios alteraban el sistema tributario digital para manipular créditos y devoluciones fiscales. El Ministerio Público calificó la operación como una de las más sofisticadas por el nivel técnico requerido para ingresar sin trazabilidad aparente.

Además de los tres casos, las Fiscalías Anticorrupción han identificado múltiples causas que suman pérdidas millonarias al Estado, aunque con importantes avances en recuperación de fondos.

En la Operación Sanidad, que involucra al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), se determinó una lesión patrimonial de $8,547,833.26 por obras inconclusas en proyectos de unidades sanitarias. Sin embargo, se logró recuperar $312,517.24, producto de acuerdos de pena homologados.

La Operación Vigas H2 y H3, vinculada al Ministerio de Obras Públicas (MOP), investiga la sustracción de 600 vigas H, con una lesión total de $1,686,218.88. Hasta el momento, se han recuperado 378 de las vigas.

En la Operación Equidad y SIPE 2.0, relacionada con la Caja de Seguro Social (CSS), se detectó la alteración de bases de datos para beneficiar a determinados empleadores y trabajadores. La lesión asciende a $858,000, pero se ha logrado recuperar $819,876.23, cifra que fue resarcida directamente a la entidad.

Por último, la Operación Istmo, en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), reveló nombramientos falsos y cobros por servicios no prestados, con una lesión provisional de $300,000.