Comisión de Gobierno envía al pleno las reformas a la Defensoría del Pueblo tras el veto presidencial

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó, la mañana de este miércoles, el informe que acoge parcialmente el veto presidencial al proyecto de ley 164, que reforma la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, y remitió el documento al pleno legislativo para su discusión.

La decisión marca una nueva etapa en el trámite de la iniciativa presentada por el diputado Luis Eduardo Camacho, que busca modernizar el marco jurídico de la Defensoría, fortalecer la carrera defensorial, y consolidar la autonomía y legitimidad internacional de la institución.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, había vetado parcialmente 13 artículos del proyecto por considerarlos inexequibles o inconvenientes, argumentando inconsistencias constitucionales y compromisos financieros no justificados.

Entre los puntos más controvertidos figuraban la figura del Amicus Curiae (amigo del tribunal), la estabilidad laboral del personal y los beneficios económicos para funcionarios.

Tras revisar las objeciones, la Comisión de Gobierno acordó eliminar los artículos 36, 38, 39, 40 y 55, que generaban impacto presupuestario, y modificar la redacción de los artículos 5 y 37 para asegurar coherencia con la Constitución y la carrera administrativa.

El artículo 5, que otorgaba a la Defensoría la potestad de intervenir en procesos judiciales como Amicus Curiae, fue suprimido para evitar conflictos con la independencia del Órgano Judicial. No obstante, se mantuvo la legitimación procesal del defensor del pueblo para promover acciones o recursos en defensa de los derechos humanos.

El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc González, celebró el avance del proyecto y valoró que la Comisión haya considerado las objeciones sin alterar el espíritu de la reforma.

“Esta es una oportunidad histórica para fortalecer la Defensoría del Pueblo, dotarla de herramientas modernas y garantizar su independencia frente a los poderes del Estado. Nuestro objetivo no es solo proteger derechos, sino también recuperar la confianza ciudadana en las instituciones”, afirmó Leblanc.

El defensor agregó que las modificaciones aprobadas no afectan la esencia del proyecto, que sigue orientado a mejorar los mecanismos de mediación, la protección de grupos vulnerables y el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos por Panamá.

“Hemos trabajado de manera técnica y transparente. Esta reforma nos permitirá enfrentar con solidez el examen internacional que tendremos en Ginebra y aspirar a mantener la categoría Tipo A ante la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI)”, sostuvo.

La Comisión decidió mantener la función de mediación establecida en el artículo 59, al considerar que constituye una herramienta legítima para resolver conflictos con autoridades públicas y fortalecer el papel conciliador de la Defensoría.

Asimismo, se reforzó la creación de una carrera defensorial sustentada en el mérito y la estabilidad laboral, con reglamentación a cargo de la Junta Técnica, para garantizar la profesionalización del servicio y la continuidad institucional.

“No se trata de una reforma personalista, sino de una transformación institucional necesaria para los próximos 25 años de la Defensoría. Queremos una entidad fuerte, moderna y cercana al pueblo”, concluyó Leblanc.

Con el informe aprobado, el Proyecto de Ley 164 será debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde los diputados deberán decidir si acogen las objeciones del Ejecutivo o mantienen el texto original.