JP Morgan dice que rechazo de contrato minero reduciría la inversión

JP Morgan, una de las principales instituciones financieras y bancarias del mundo, analizó la decisión de la calificadora de riesgo Fitch que ubicó la calificación de Panamá en BBB-.

En un análisis publicado el 2 de octubre, JP Morgan asegura que la tensión en Panamá aumentó ahora sobre la concesión de la mina Cobre Panamá, y nuevamente el gobierno busca sofocar las protestas comprometiendo una parte importante de los ingresos de los impuestos de la mina en gastos.

“En este contexto, es razonable que Fitch haya emitido una advertencia”, señala.

Sin embargo, JP Morgan no cree que tomen medidas drásticas, ya que seguimos pensando que un sólido crecimiento a medio plazo será suficiente para seguir diluyendo las relaciones de deuda respecto al PIB en el futuro.

“Para nosotros, el riesgo no radica tanto en la falta de una rápida convergencia hacia sus objetivos fiscales del 1,5%-2%, sino en un posible deterioro de las perspectivas de crecimiento a medio plazo”, precisó JP Morgan.

El informe señala, además, que cualquier impacto negativo en las negociaciones en la Asamblea Nacional que conduzca a la revocación de la concesión minera podría aumentar significativamente estos riesgos. Esto se debe a que la reputación de Panamá como un país favorable para hacer negocios podría verse cuestionada, lo que a su vez podría disuadir la inversión y, por consiguiente, afectar el crecimiento económico a mediano plazo.

El Gobierno de Panamá tomó la decisión de solicitar a la Asamblea Nacional el retiro del proyecto de ley 1043 que aprueba el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá.

En los próximos días el Ejecutivo trabajará conjuntamente con la empresa Minera Panamá para acordar las redacciones que resuelvan los puntos indicados por la comisión de Comercio de la Asamblea Nacional.

La comisión de Comercio contempló las inquietudes que se presentaron durante las consultas sobre el contrato ley, entre las que se encuentran el derecho otorgado a la empresa para solicitar restricciones de vuelo en un área que abarca hasta 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar.

El contrato ley, sin embargo, es rechazado por diversos sectores de la sociedad que piden cancelar la concesión minera que data de 1997 y que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. A raíz del fallo, el gobierno y la empresa se sentaron a negociar un nuevo contrato.