Jubilados le meten presión a Mulino: piden que sancione este 31 de octubre la ley de descuentos

Después de casi un año de debates, reuniones, discusiones y modificaciones, el proyecto de ley No. 746, que establece nuevos beneficios y descuentos para los jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá, fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional.

Tras este paso, Guillermo Cortés, presidente de la Asociación de Jubilados Mundo, hizo un llamado al presidente de la República, José Raúl Mulino, para que sancione la iniciativa cuanto antes. “Que no le dé más largas a este tema y que sancione la ley mañana mismo”, solicitó.

Cortés destacó que, pese a los cambios introducidos durante la discusión legislativa, la propuesta representa un alivio económico para este sector, al incorporar descuentos en servicios donde anteriormente no contaban con este beneficio, como internet, telefonía y agua.

También contempla rebajas en medicamentos, restaurantes, pañales y otros servicios básicos.

Por su parte, el diputado Javier Sucre, proponente de la iniciativa, resaltó que el proyecto recibió el respaldo unánime de los diputados, al considerar que representa un apoyo económico para los adultos mayores, especialmente para quienes reciben jubilaciones más bajas.

Sucre recordó que muchos jubilados trabajaron durante años por el desarrollo del país, pero sus ingresos actuales no siempre corresponden al costo de la vida.

“Esto es un ejemplo para la juventud, para que vean que hay que ser solidarios con los jubilados y adultos mayores, porque con el tiempo todos vamos hacia allá y no podemos sentirnos desamparados”, manifestó.

La discusión de la ley también estuvo marcada por cuestionamientos de representantes del sector empresarial, quienes expresaron preocupaciones por el impacto económico de algunos descuentos obligatorios sobre los comercios y prestadores de servicios.

Entre los beneficios contemplados figuran descuentos del 20% en medicamentos, 25% en restaurantes y franquicias y 20% en pañales, además de rebajas en servicios como agua, electricidad, telefonía e internet, según las disposiciones aprobadas.

Ahora la decisión está en manos del Ejecutivo, que deberá determinar en 30 dias la sanción de la iniciativa para que pueda convertirse en ley de la República.