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- 30/10/2026 17:31
PRESENTAR ESTIMACIONES COMO HECHOS COMPROBADOS COMPROMETE EL RIGOR INFORMATIVO
Las proyecciones económicas y los escenarios hipotéticos requieren contexto, sustento técnico y una explicación clara de sus limitaciones
La publicación de La Estrella de Panamá titulada “La factura del cobre: pérdidas millonarias de la mina recaerían sobre los panameños” requiere precisiones importantes. Su enfoque presenta proyecciones económicas y escenarios hipotéticos bajo una narrativa de pérdidas para el país, sin dar suficiente relevancia a los supuestos y las limitaciones que condicionan esas cifras. La información sobre el futuro de Cobre Panamá exige especial rigor, por sus implicaciones para miles de trabajadores, familias, proveedores y comunidades.
El principal cuestionamiento está en la metodología que sustenta esos montos. El estudio de Conservation Strategy Fund (CSF) construye un balance económico hasta el año 2074 mediante estimaciones de impactos ambientales, sanitarios y financieros. Este tipo de análisis puede contribuir al debate, pero sus resultados dependen de la calidad de los datos, la pertinencia de los supuestos y la consistencia de los cálculos. Una proyección matemática no demuestra, por sí sola, que el daño estimado haya ocurrido ni que el costo calculado vaya a recaer sobre los panameños.
Las estimaciones de mortalidad por contaminación del aire deben contrastarse con los resultados de la auditoría independiente de SGS, que evaluó el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental. Según lo informado por la Comisión Interministerial, ninguna de las cuatro no conformidades principales identificadas correspondía a emisiones atmosféricas. Atribuir impactos de esta gravedad al proyecto requiere evidencia específica y una explicación de cómo esas estimaciones se relacionan con las condiciones verificadas en el sitio.
También requiere aclaración la inclusión de habitantes de la cuenca del río Grande, que desemboca en el Pacífico, como población expuesta aguas abajo de cuencas que desembocan en el Caribe, sin explicar una vía que justifique esa conexión. A ello se añade la posible contabilización repetida de pérdidas de productividad infantil: un perjuicio económico calculado para toda la vida parecería aplicarse nuevamente cada año a niños que permanecen en el mismo grupo de edad. Estos aspectos deben contrastarse con las fórmulas originales, pues pueden modificar los resultados del análisis.
La utilización de referencias internacionales exige demostrar que las condiciones son comparables. El reporte extrapola costos de la mina Faro, en Canadá, y del desastre de Fundão, vinculado a Samarco, en Brasil. Aplicar costos por hectárea o por volumen de residuos no sustituye una evaluación específica de las características, infraestructura y necesidades de Cobre Panamá.
En particular, la comparación con Fundão debe considerar diferencias relevantes de diseño, construcción y operación. Aquella presa utilizaba un método de recrecimiento denominado “aguas arriba”, que nunca se ha utilizado en la instalación de Cobre Panamá. También existen diferencias en los materiales almacenados y en los sistemas de drenaje. Estas condiciones son esenciales para evaluar la pertinencia de trasladar las consecuencias económicas de aquel desastre a este proyecto.
La cifra de US$95.270 millones corresponde a un escenario condicionado a una catástrofe cuya probabilidad no se calcula. Estimar cuánto costaría un desastre hipotético no equivale a calcular una pérdida esperada, ni demuestra que ese monto terminará siendo asumido por la población.
Asimismo, una clasificación de “consecuencias extremas” describe la gravedad de los efectos potenciales de una falla, no la probabilidad de que ocurra. Conforme a las directrices de diseño utilizadas como referencia para la instalación, esa clasificación exige criterios más rigurosos. Presentarla sin esta explicación puede generar una percepción equivocada sobre su significado.
Los riesgos de la instalación de Cobre Panamá se gestionan mediante criterios de diseño, controles operativos, monitoreo continuo y revisiones independientes. De acuerdo con la información técnica disponible, más de 160 instrumentos geotécnicos permiten dar seguimiento a su comportamiento, y los resultados se reportan mensualmente a las autoridades. La inspección posterior al sismo más reciente confirmó su estabilidad, sin desplazamientos, filtraciones ni otras condiciones que generaran preocupación. Estos controles no equivalen a afirmar que el riesgo sea inexistente; son elementos concretos que deben incorporarse a su evaluación.
También es necesario distinguir entre costos ambientales existentes y aquellos que podrían generarse bajo escenarios futuros. Una evaluación rigurosa debe comparar alternativas, separar las obligaciones históricas de los costos adicionales y establecer quién sería responsable de financiarlos. La paralización de una mina no elimina sus necesidades de mantenimiento, monitoreo o tratamiento ambiental. Sin esa distinción, no puede concluirse que toda estimación represente una pérdida nueva atribuible a una eventual reapertura.
Panamá dispone, además, de evidencia técnica obtenida mediante la auditoría integral contratada por el Estado y realizada por SGS. Sus quince tomos fueron publicados para consulta ciudadana. Según los resultados divulgados oficialmente, 366 de los 370 compromisos evaluados no recibieron calificación adversa en la lectura no ponderada, equivalente al 98,92 %, mientras que la calificación integral ponderada alcanzó el 87,73 %.
La Comisión Interministerial identificó cuatro no conformidades principales en flora, restauración ecológica y reforestación, y señaló que ninguna correspondía a estabilidad de relaves, calidad del agua o emisiones atmosféricas. También reconoció nueve compromisos con algún nivel de no conformidad y recomendó medidas de subsanación. El Gobierno informó, además, que la auditoría fue objeto de una revisión técnica independiente.
Estos resultados no eliminan las obligaciones ambientales ni sustituyen un estudio económico. Constituyen, sin embargo, evidencia específica del proyecto que debe examinarse al describir sus condiciones y riesgos. El rigor exige distinguir qué se verificó en el sitio, qué se estimó mediante un modelo y qué permanece sujeto a comprobación.
Ante estos cuestionamientos, consideramos necesario que La Estrella de Panamá amplíe la información sobre la metodología del reporte, las limitaciones de las comparaciones utilizadas y el contraste de sus resultados con especialistas independientes. La relevancia otorgada a sus conclusiones exige que los lectores dispongan de esos elementos para valorar su alcance.
La transparencia que se exige a una empresa también debe aplicarse a las organizaciones cuyos estudios contribuyen al debate público. Contar con información sobre el contexto de elaboración del estudio, las entidades que participaron y los métodos utilizados permite valorar mejor sus conclusiones.
La responsabilidad editorial comprende tanto la atribución de las cifras como la verificación de sus fundamentos y su adecuada contextualización. Reconocemos el papel crítico de los medios y consideramos que ese mismo rigor debe aplicarse a todas las fuentes, incorporando la evidencia y las observaciones técnicas que puedan modificar la interpretación de sus resultados.
Panamá merece información comprobable y un debate en el que las estimaciones se presenten con sus fundamentos y limitaciones. Publicar un estudio no resuelve los cuestionamientos sobre su metodología, ni convierte sus proyecciones en pérdidas demostradas. Corresponde a La Estrella ofrecer a sus lectores las precisiones y los elementos de contraste necesarios para valorar esta información.
Maru Gálvez
Gerente de Relaciones Públicas
Cobre Panamá