Justicia paralela, CSJ resuelve incidentes para juzgar a miembros del Parlacen

Mientras avanza el juicio del Caso Odebrecht en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hay personas que fueron imputadas por blanqueo de capitales, pero por distintas razones no forman parte del juicio.

Entre ellas, destacan el expresidente Juan Carlos Varela, los hermanos Luis y Ricardo Martinelli Linares, y el exministro de Obras Pública Jaime Ford. Estas cuatro personas habían sido imputadas, pero al ser parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen), fueron excluidas del juicio.

Ya se hizo el reparto fiscal para este caso. Le corresponderá a Maribel Cornejo ser la magistrada fiscal, y a María Eugenia López actuar como magistrada sustanciadora. Fuentes del Órgano Judicial comunicaron a La Estrella de Panamá que ya se están recibiendo pruebas y resolviendo incidentes.

La investigación por el Caso Odebrecht fue iniciada por el Ministerio Público en 2016. En agosto de 2024, Varela y los hermanos Martinelli Linares fueron juramentados al Parlacen. Los hermanos son suplentes de diputados del partido fundado por su padre, Realizando Metas, Ford es diputado por el mismo partido y Varela por el Panameñismo. Tanto Ford, como los Martinelli Linares, además de Odebrecht están siendo procesados por el caso Blue Apple, una investigación por presuntos sobornos que involucra a empresas de construcción favorecidas con contratos estatales.

Como miembros del Parlacen, no pueden ser juzgados por la justicia ordinaria, sino por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este recurso ha hecho que históricamente políticos panameños que buscan dilatar los procesos judiciales ingresen a este organismo. El propio expresidente Ricardo Martinelli Berrocal lo calificó en su momento como “Cueva de Ladrones”, pero al salir de la Presidencia se juramentó allí. Varela criticó a Martinelli por hacerlo, pero luego también ingresó y declaró que “el Parlacen no da inmunidad”.

“Hay cosas que son legales, pero terminan siendo completamente inmorales”, advirtió la exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez. “Ellos se acogieron a un proceso que está permitido en la ley, pero a todas luces son personas que no estaban buscando servir a su comunidad a partir de una elección popular, sino que se arroparon con el proceso del sistema electoral para precisamente poder calificar para un juicio especial que no tiene los mismos términos que cuando se va a otras instancias de la justicia ordinaria”.

Al pasar a manos de la CSJ, los procesos se suelen alargar ya que la Corte no tiene un tiempo definido para fallar. Un ejemplo fue el caso del diputado Carlos “Tito” Afú, quien en 2002 salió en una conferencia con un fajo de billetes admitiendo haber recibido sobornos para aprobar un contrato de 400 millones de dólares. Se le abrió un caso por corrupción que quedó en manos de la CSJ ya que Afú era diputado de la Asamblea Nacional. El caso se mantuvo congelado , hasta que en 2019 el pleno de la Corte se pronunció diciendo que ya no era su competencia pues Afú había perdido su curul. En 2023, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, declaró prescrito el proceso.

“¿Cuándo la Corte Suprema de Justicia se va a dar cuenta que en muchos casos la gente está apostando a la dilación de los procesos o a caer en manos de ellos por la posibilidad de evadir la justicia?”, cuestionó Gómez. “Realmente lo que necesitamos son mecanismos que cierren los espacios de impunidad y no unos que los abran más”, concluyó.

Cambiar el sistema es una tarea difícil, ya que tendría que pasar por la Asamblea Nacional cualquier proyecto de modificación al Código Penal. Es decir, los propios diputados que se benefician del sistema actual tendrían que votar para cambiarlo.

Solo la Corte Suprema puede juzgar a los diputados, y solo los diputados pueden juzgar a los magistrados de la CSJ. Por eso, la sociedad civil cuestiona que existe un pacto de impunidad entre ambos órganos del Estado.

Una alternativa sería un proceso de reformas constituyentes. El presidente José Raúl Mulino ha manifestado que antes que termine su mandato llevará adelante este tipo de reformas, aunque aún no se sabe cuáles son los cambios concretos que se harían a la Constitución, ni quiénes serían los constituyentes que elaborarían estas reformas.

Otra estrategia sería otorgar una mayor independencia al Órgano Judicial restándole al Ejecutivo injerencia a la hora de definir el presupuesto.

“La independencia judicial ha sido un anhelo de todos los sistemas a lo largo y ancho del mundo. La política extiende sus tentáculos y en la medida que no se logre tener la posibilidad de que en el diseño constitucional se establezca la no dependencia presupuestaria, es decir, que a la hora que el Poder Judicial elabora su presupuesto sea cada vez más autónomo del Poder Ejecutivo, tal vez entonces veamos algunas luces”, apuntó Gómez. “Por lo demás, toca hacer un llamado a la conciencia a los propios políticos. Lo cual pareciera un poco utópico”.

Además de Varela, Ford y los hermanos Martinelli Linares, hay cuatro personas más que no forman parte del juicio Odebrecht. Se trata de Danna Harrick Attie, Luz Elena de Soussa, Barry William Herman y Javier Díaz Torres. Los tres últimos son prófugos de la justicia y Harrick fue declarada “en rebeldía” por la juez Baloisa Marquínez en agosto de 2023.

El juicio Odebrecht se reanuda este miércoles a las 8.30 de la mañana en el palacio Gil Ponce de la Corte Suprema de Justicia. Se espera que ese día se terminen de admitir las pruebas extraordinarias de la Fiscalía y entonces tendrán los abogados defensores la oportunidad de introducir sus pruebas extraordinarias.