Juzgado continúa con la lectura de la vista fiscal del caso Odebrecht en Panamá

El juzgado tercer liquidador de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá reanudó este martes la lectura de la vista fiscal del expediente sobre la investigación Odebrecht, que se sigue dentro de la audiencia preliminar alterna.

Durante la jornada matutina, las investigaciones de la fiscalía relataron cómo la empresa constructora recibía dinero, a través de diferentes cuentas bancarias y offshore en Panamá, Suiza, Andorra y las Islas Vírgenes Británica. 

En la creación de asociaciones anónimas, según el Ministerio Público, los beneficiarios finales eran el expresidente panameño Ricardo Martinelli, como a sus hijos Luis Enrique y Ricardo Alberto. También se mencionó al empresario Riccardo Francolini. Se relató como las asociaciones anónimas eran creadas y desvinculada con frecuencia.

En la vista fiscal se señala el pago de $59 millones en concepto de coimas y $33 millones de estos depositados en cuentas en diferentes países, con el fin de adquirir el aval para la construcción de proyectos en Panamá.

La jueza Baloisa Marquínez decretó un receso hasta las 2:00 de la tarde para continuar con la lectura de la vista fiscal del expediente, que se ha adelantado hasta la foja 156.

El fiscal Mahmd Daud Hassan, a su salida de la audiencia, recordó que después de la intervención la juez debe calificar el sumario. Recordó que la audiencia preliminar esta en una fase de proceso de lectura de la vista fiscal para que el MP proceda a los alegatos como también le tocaría a la defensa.

"Se narró como fueron constituidas estas asociaciones en diferentes firmas de abogado. Ya se inició con algunos relatos de los indagados, a través de sus declaraciones", mencionó la Fiscal Superior Anticorrupción, Ruth Morcillo.

Carlos Carrillo, abogado de seis personas imputadas, defendió que nadie puede juzgar sin escuchar los alegatos de las partes involucradas. “Formar un prejuicio es utilizar la posición de la fiscalía por su privilegio que tiene en que se demuestre lo investigado”, sostuvo.

El Ministerio Público pide que sean enjuiciadas 50 personas (49 naturales y 1 persona jurídica) por la presunta comisión del Delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, tipificado en el Libro II, Titulo VII, Capítulo IV del Código Penal, el cual establece una pena de 5 a 12 años de prisión (artículos 254 y 255) y de 5 a 10 años (artículo 256) respectivamente.