La crisis penitenciaria no es nueva, pero seguimos sorprendiéndonos

Este no es un artículo político. Pero tampoco pretende ser políticamente correcto. No busca cabezas que exhibir ante la opinión pública. Entre otras razones, porque no existe una sola persona responsable del fracaso de nuestro sistema penitenciario, así como tampoco existe una sola persona capaz de resolverlo por sí sola. Cuando un mismo problema sobrevive a múltiples administraciones, probablemente ya no estamos frente a un problema de personas, sino frente a un problema del sistema.

La crisis de nuestro sistema penitenciario revela aquello que, como país, hemos decidido postergar durante demasiado tiempo. Y, por eso, cada crisis penitenciaria produce la ilusión de que cambiando personas resolveremos problemas que, en realidad, son mucho más profundos, pues son la consecuencia acumulada de problemas educativos, sociales, económicos, judiciales, presupuestarios, institucionales, de gobernabilidad, de nuestra geografía, de corrupción y, sobre todo, de las profundas desigualdades sociales y económicas que siguen caracterizando al país.

Si aceptamos que el problema es estructural, también debemos aceptar que su solución tiene que ser estructural e interinstitucional. Y eso nos obliga a revisar, en primer lugar, el marco jurídico que lo sostiene, empezando por la Ley 55 de 2003. Pero eso ni siquiera es suficiente. La reforma penitenciaria exige un pacto donde el Ejecutivo, el Legislativo, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y las entidades responsables de la seguridad, la educación, el desarrollo social, el empleo y la reinserción asuman responsabilidades compartidas junto con la sociedad civil.

Es bien conocido el profundo hacinamiento que padecen nuestros centros penitenciarios. Sin embargo, no puede hablarse seriamente de reducirlo sin abordar simultáneamente la mora judicial. Una persona privada de libertad sin sentencia no es solamente un número en una estadística: es también un espacio ocupado, un costo y una carga adicional a un sistema ya exhausto.

Durante años he escuchado a expertos exigir la clasificación adecuada de los privados de libertad. Tienen razón. Pero muchas veces se ignora que la clasificación requiere espacio físico, infraestructura, personal técnico, evaluación criminológica y condiciones materiales que hoy simplemente son escasas.

Se exigen controles férreos en los anillos de seguridad, ya sean perimetrales o intramuros. Sin embargo, olvidamos que gran parte de nuestro sistema penitenciario opera sobre instalaciones concebidas para otra época y para otros propósitos. Y el crimen organizado no permanece estático. Evoluciona, se adapta y aprovecha las tecnologías de cada época. Aún así, seguimos exigiendo resultados del siglo XXI en infraestructuras diseñadas para realidades del siglo pasado.

Entonces, ¿cómo podemos exigir la resocialización cuando ni siquiera existen los espacios mínimos para educar, capacitar, trabajar o rehabilitar? La resocialización no ocurre solo por decreto. Tampoco ocurre por leyes aspiracionales. Requiere infraestructura, programas, personal capacitado, seguimiento y, finalmente, la palabra que casi nadie quiere decir: recursos y presupuesto.

Y esos recursos no se asignan en la magnitud requerida porque el sistema penitenciario rara vez resulta políticamente atractivo. Pocas veces ocupa un lugar prioritario en las campañas electorales presidenciales, en los debates públicos o en las grandes promesas de gobierno. Los privados de libertad difícilmente generan simpatía política, pero seguir ignorando el sistema penitenciario, terminará produciendo un costo mucho más alto para toda la sociedad panameña.

Los países que han logrado mejores resultados penitenciarios no lo han hecho solo con discursos ni con leyes bien redactadas, sino con inversión sostenida, profesionalización, infraestructura adecuada y políticas públicas consistentes. Ningún sistema penitenciario serio se construye sin presupuesto.

Toda sociedad financia aquello que considera prioritario. Los presupuestos públicos son, en última instancia, una declaración de valores. Y durante décadas hemos declarado, a través de nuestros presupuestos, que el sistema penitenciario no ha sido una prioridad nacional. Año tras año, el sistema continúa recibiendo apenas los recursos necesarios para funcionar en su expresión más básica, del día a día, con muy poca o ninguna inversión destinada a su transformación.

Y no estoy simplificando el tema a la construcción de cárceles como única solución. Lo que planteo es que el sistema penitenciario debe ser visto desde una lógica de gobernanza integral. Hay quienes señalan que sociedades exitosas, como Noruega, están cerrando cárceles mientras nosotros discutimos construir más centros penitenciarios. Pero esa comparación, hecha sin contexto, puede ser profundamente engañosa.

¿A quién se le ocurre comparar Noruega con Panamá sin preguntarse antes si hemos construido los panameños las condiciones educativas, económicas, institucionales, judiciales y de justicia social, que hicieron posible ese modelo? ¿Qué podemos esperar de uno de los países más desiguales de la región? ¿O es que la realidad penitenciaria existe aislada de la realidad social panameña?

Sí, estoy abogando por la construcción de más centros penitenciarios. No como única solución, sino como una pieza fundamental de una reforma estructural. Panamá necesita centros de máxima seguridad, donde se ejerzan controles férreos de entrada y salida al igual que inhibición de comunicaciones al exterior de aquellos cabezas del crimen organizado que no tienen ninguna voluntad o indicio de reforma.

Pero también, Panamá necesita centros de mediana seguridad, centros de cumplimiento y de transición y modelos abiertos para aquellos privados de libertad que presentan perfiles de peligrosidad distintos. Mientras todos los privados de libertad estén mezclados en espacios superpoblados, cualquier intento de clasificación y resocialización será apenas una aspiración. Sí, abogo por más centros. Centros donde pueda cumplirse la ley en su concepto de seguridad, resocialización y defensa social. Y para eso se requiere presupuesto.

También abogo por el equipamiento y capacitación, debemos hablar de la diferencia entre custodios penitenciarios y policías. La Policía persigue el delito. Los custodios penitenciarios, en cambio, deberían acompañar el cumplimiento de la pena, garantizar el orden interno y formar parte del proceso de resocialización. Sin embargo, por más que se les exija, los custodios no siempre cuentan con los salarios, la formación, el equipo básico para desempeñar una labor tan difícil. Como consecuencia, vemos cada vez más presencia policial dentro de los pabellones llenando un espacio que no les corresponde.

Esto nos lleva, inevitablemente, al tema de la corrupción. No dudo que los niveles de corrupción dentro del sistema sean elevados. Pero la corrupción penitenciaria no nace dentro de los muros de una cárcel. Es, nuevamente, el reflejo de prácticas que existen fuera de ella. Las cárceles terminan reproduciendo muchas de las virtudes y defectos de la sociedad que las rodea. Y eso exige también una mirada honesta hacia nosotros mismos como país.

Finalmente, deberíamos preguntarnos de dónde vienen esas personas privadas de libertad. Muchos provienen de entornos marcados por abandono, violencia, pobreza, adicciones, deserción escolar y familias rotas. En muchos casos, al menos un miembro de su familia ya ha pasado por un centro penitenciario. Otros fueron criados por un solo padre, una sola madre, un abuelo o una abuela que hicieron lo que pudieron dentro de un tejido social profundamente deteriorado. Por eso, entidades de desarrollo social, educación, trabajo, salud mental y prevención comunitaria deben intervenir de la mano del sistema penitenciario.

¿Cómo puede el Estado hablar de reinserción cuando muchas veces tampoco existe un acompañamiento real para aquellos que han salido de un centro penitenciario y han perdido sus vínculos familiares, laborales y comunitarios? Corresponde a las entidades responsables, como el Ministerio de trabajo, diseñar incentivos y programas que faciliten la incorporación laboral de quienes han cumplido su condena demostrando una verdadera voluntad de cambio.

La ruptura del vínculo familiar al igual que la falta de oportunidad al regresar a la libertad es, con frecuencia, una de las principales causas de reincidencia y exclusión social. Nuestro sistema penitenciario mantiene niveles de reincidencia cercanos al 45 %. Es decir, casi la mitad de las personas privadas de libertad ya habían pasado anteriormente por el sistema.

¿Por qué debería importarnos todo esto? Porque otorgar una segunda oportunidad a un ser humano no es solamente un acto de humanidad. Es un acto de seguridad nacional. Podemos seguir discutiendo de manera episódica el sistema penitenciario cada vez que ocurra una crisis, o podemos finalmente asumirlo todos en una gobernanza integral como un tema de Estado y construir el pacto nacional que hemos postergado durante décadas.

Ello requiere un compromiso interinstitucional y una estrategia presupuestaria multianual con una asignación mínima por ley destinada al fortalecimiento del sistema penitenciario y todos los componentes sociales que este toca. De lo contrario, seguiremos reaccionando frente a cada crisis y cediendo gradualmente espacios de control institucional al crimen organizado.

La crisis del sistema penitenciario no es nueva. Lo nuevo es que seguimos sorprendiéndonos de ella.