La derogación de un decreto y las dos caras de un reclamo por la tecnología

Cinco días estuvo vigente el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril, que regulaba el servicio de transporte terrestre público selectivo de lujo a través de plataformas digitales.

El pasado jueves se publicó en Gaceta Oficial el decreto que establecía los requisitos que debían cumplir los autos y los conductores que ofrecen el servicio mediante plataformas como Uber e InDrive en el país.

Este lunes se promulgó en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo No. 11 del 20 de abril, que derogó en todas sus partes la norma anterior.

Desde el pasado viernes, cuando se dio a conocer el decreto que regulaba este tipo de servicio de transporte público, las redes sociales y los noticieros se inundaron de cuestionamientos en contra de la norma.

Los transportistas, por su parte, salieron a reclamar por la regulación que han solicitado desde que la tecnología irrumpió en el mercado del transporte público y les arrebató clientes. Este lunes llegaron a la Asamblea Nacional con sus protestas, que ya no eran solo por la decisión del Ejecutivo, sino también por unas declaraciones del diputado Ernesto Cedeño en su contra.

El diputado había anunciado el fin de semana que demandaría ante la Corte Suprema de Justicia el decreto que regulaba el servicio, y así fue. La demanda fue presentada unas horas antes de que se publicara en Gaceta Oficial la derogación de la norma.

El Ejecutivo sustentó la decisión de derogar el decreto en que “han sido muchos los aportes de los diferentes sectores de la sociedad civil, principalmente de los usuarios de este servicio de transporte, con opiniones a favor y en contra de la regulación expedida”.

“Ante esta situación y escuchando los aportes de todas las partes, se hace necesario dejar sin efecto inmediato esta disposición y recoger los aportes (...) para expedir una norma administrativa que regule este servicio de transporte público, que es una necesidad y una realidad, principalmente en beneficio de los usuarios”.

En el Decreto Ejecutivo No. 11 de este lunes se ordena establecer una mesa de trabajo en la que participarán el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industrias, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la Dirección General de Ingresos y el Ministerio de Gobierno, que la presidirá, para reunirse con todas las partes involucradas y elaborar una propuesta de regulación en un plazo de 90 días.

El presidente José Raúl Mulino, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia, reconoció que hace falta un diálogo más amplio para lograr una normativa clara y consensuada que permita regularizar esta actividad y garantizar un servicio óptimo para los usuarios del transporte selectivo.

Una de las críticas que se hacía contra el decreto era que dejaba a los conductores de estas plataformas en potestad de las prestatarias de los servicios de transporte público, como ocurre con los taxis y buses que operan en el país.

La Cámara Nacional de Transporte (Canatra) sostuvo una reunión con diputados, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera.

Jorge Isaac Dimas, presidente de Canatra, dijo que analizarán qué decisión tomarán a raíz de la derogación del decreto. “Nosotros hemos peleado por una regulación porque es una competencia desleal y el transporte selectivo (taxis) ya no aguanta más...”, dijo.

El dirigente indicó que esperan que el Ejecutivo los llame para conformar la mesa que está convocando para analizar una posible regulación del servicio de transporte a través de plataformas digitales.

Mientras los transportistas se quejan de la derogaciones, desde la sociedad civil aplaudieron la decisión del gobierno. Ahora, deberán esperan que decisión toma la mesa gubernamental que analizará el tema.