Aprueban Ley que moderniza el sistema de recursos humanos del Estado

La Ley que adopta medidas para la modernización del sistema de recursos humanos del Estado, fue aprobada este martes 4 de agosto de 2015, en el Consejo de Gabinete.

La iniciativa, que fue sustentada sustentada por el director generales de Carrera Administrativa David Montenegro, busca establecer medidas que fortalecen el sistema de recursos humanos del Estado, asegurando la eficacia y eficiencia en el servicio público, la equidad en las condiciones de trabajo de los servidores públicos y el cumplimiento del sistema de méritos e igualdad de oportunidades.

Los objetivos de esta ley son adecuar las estructuras de cargos de todas las instituciones al Sistema de Clasificación y Retribución de Puestos (SICLAR), a fin de actualizar las mismas a la función que desempeñan los servidores públicos; crear el Tribunal Administrativo de la Función Pública y revisar los procedimientos de ingreso a la Carrera Administrativa.

Con esta norma se busca además reactivar la elaboración del Manual de Cargos y Clases ocupacionales del Estado, en concordancia con el Manual General de Clases Ocupacionales del Sector Público, administrado por la Dirección General de Carrera Administrativa.

Así como elaborar la Ley General de Sueldos; actualizar el régimen de las asociaciones de los servidores públicos; y reconocer derechos a los servidores públicos

Además esta iniciativa propone crear el Tribunal Administrativo de la Función Pública como ente independiente, especializado e imparcial, con jurisdicción en toda la República y con sede en la ciudad de Panamá, sin perjuicio de que establezcan oficinas en otras ciudades del país.

El Órgano Ejecutivo podrá crear, a propuesta del Tribunal Administrativo de la Función Pública, Juzgados Administrativos de la Función Pública, los cuales tendrán jurisdicción en una o más provincias o comarcas.

Este Tribunal estará integrado por tres Magistrados, los cuales serán nombrados por concurso por el Presidente de la República, al igual que sus respectivos suplentes personales, por un periodo de cinco años concurrente con el período presidencial.

El procedimiento y la metodología de selección de los miembros del Tribunal Administrativo de la Función Pública, será reglamentado por el Órgano Ejecutivo.

Los magistrados tendrán la misma remuneración, prerrogativas e incompatibilidades de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia.

Este Tribunal tendrá competencia para conocer de las apelaciones contra acciones de recursos humanos dirigidas contra servidores públicos permanentes, pertenezcan o no a una de las carreras públicas reconocidas en la Constitución o la Ley.