‘No hay transparencia sobre el uso de gases por la Policía en protestas’

Tras las protestas de 2025 contra la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social, con duras intervenciones de la Policía que devinieron en heridos, fallecidos y denuncias de graves abusos contra la población, saltó sobre la mesa el debate sobre las condiciones de uso de agentes químicos y de represión en el contexto de manifestaciones. El caso reciente más paradigmático, el de la niña Michelle Becker, de poco más de un año, cuyos padres y la comunidad indígena de Pueblo Nuevo denuncian que falleció asfixiada a causa de los gases lacrimógenos lanzados en sus casas durante la Operación Omega en Bocas del Toro, pese a no estar protestando. Eso reavivó la discusión.

En ese contexto, el diputado de Arraiján, Lenin Ulate, presidente de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional, plantea regular de forma estricta el uso de estos componentes, que, aunque están pensados para ser “no letales”, pueden causar afectaciones a la salud si no están reglamentados. Advierte que en Panamá no existe una norma clara que delimite cómo, cuándo y dónde pueden emplearse estos gases. Su propuesta exige que sean el último recurso, con reglas sobre distancia, composición, vencimiento y, sobre todo, rendición de cuentas, para frenar excesos y proteger a la población y a la propia institución policial al momento de deslindar responsabilidades. En este Polígrafo de La Estrella de Panamá hablamos sobre el actuar policial y la polémica sobre castigar con cárcel el uso de máscaras.

Es una propuesta que nace de las calles, de sectores que en algún momento hemos salido a manifestarnos sobre distintos temas. Ante denuncias como las protestas por la Ley 462 y por el contrato minero, no existe una regulación efectiva sobre cómo, dónde y cuándo se utilizan los agentes de control de multitudes. Por eso hemos presentado esta iniciativa con reglas claras, buscando que estén apegadas a los derechos humanos y a los tratados internacionales que Panamá ya ha firmado sobre el uso de agentes químicos no letales. Algunos sectores dicen que nos estamos involucrando en los estamentos del Estado, pero el mensaje es claro: no es así. Lo que hacemos es brindar una herramienta para proteger tanto a las autoridades como a los ciudadanos frente a denuncias de abuso que han motivado esta propuesta de regulación.

Hace falta transparencia en el tipo de agentes que se utilizan, en los compuestos que contienen y en la fecha de vencimiento. Hubo denuncias de que se estaban utilizando gases lacrimógenos ya vencidos y todos sabemos los efectos que causan esto en la salud. En cuanto a la distancia desde donde se deben utilizar, ¿por qué? Vimos en la Transístmica lo que pasó en su momento, cuando tuvieron que desalojar a los pacientes del complejo de la Caja de Seguro Social afectados por el uso de gases lacrimógenos. Regular la distancia desde donde se tienen que utilizar y que no afecten hospitales, escuelas, lugares donde haya adultos mayores, iglesias o mujeres embarazadas; este tipo de situaciones es necesario dejarlas plasmadas en una regulación y que haya una autoridad responsable. Se utilizan estos agentes químicos y después se pasan la bola (...) por lo que es necesario que, luego de su uso, haya rendición de cuentas; por qué se emitió la orden, quién emitió la orden y que se presente un informe de cuáles fueron las consecuencias tras su uso.

Estamos estableciendo que estos mecanismos, o el uso de agentes químicos, sean de alguna forma la última opción en protestas. Si no hay otra opción u otro método de persuasión para disolver una manifestación o una protesta, entonces sea cuando se usen los agentes químicos. Aunque se plantea que son armas no letales, debe haber una rendición de cuentas sobre los posibles daños que puedan causar en la población; eso hoy no está explicado.

Cuando elaboramos el borrador de la iniciativa, pedimos emisiones de concepto de todos los sectores involucrados. Hasta el momento, no hemos recibido ninguna emisión de concepto por parte de ningún estamento de seguridad. Sí de la Defensoría del Pueblo, que está a favor del proyecto precisamente porque va apegado a que se cumplan los derechos humanos (...) También recibimos emisión de concepto por parte del Ministerio Público, cuyos representantes fueron muy responsables en señalarnos que teníamos que revisar la Ley 18 de la Policía Nacional, y nosotros nos dimos a la tarea de revisar la norma. Ahí se mencionan gases lacrimógenos como herramienta, más no se especifican ni compuestos ni se detalla cuáles son estos agentes químicos que se tienen que utilizar; solamente los menciona como herramienta.

Al contrario, no es limitar, sino dar la capacidad a los estamentos de seguridad para protegerse como institución y proteger a los ciudadanos también. Así, cuando se presenten denuncias de abuso y demás, ellos tengan todos los mecanismos de cómo rendir cuentas y cómo transparentar su uso ante el país, y la población tenga la certeza de que se están utilizando gases lacrimógenos que no afectan la salud. Lo mismo con el uso de perdigones: estamos estableciendo mecanismos también para ello. Vimos lo que pasó en 2023 con un periodista que perdió un ojo; ese tipo de situaciones son las que queremos evitar. Entonces, no limita en absoluto, sino que les da herramientas para hacer mejor su labor de acuerdo con los derechos humanos y las mejores prácticas.

Con relación a las denuncias en la provincia de Bocas del Toro por abuso y uso excesivo de la fuerza, fue una muestra de que no existe una regulación específica en la ley sobre el uso de gases lacrimógenos. Aunque el diputado (Luis Eduardo) Camacho afirmó que ya estaba regulado, hemos verificado que no es así; la Ley 18 solo lo menciona, pero no lo detalla. Por eso buscamos brindar esa herramienta. También propusimos una comisión investigadora desde la Asamblea Nacional sobre lo que ocurrió en Bocas del Toro, para acompañar el proceso del Ministerio Público, como ha ocurrido antes. Estos informes, aunque no vinculantes, sirven de apoyo. No se aprobó en la Asamblea y consideramos que falta voluntad de las autoridades, porque más allá de las normas existentes, se necesita voluntad para que realmente se cumpla la norma.

Lo primero es preguntarse cuáles son las prioridades que tiene este gobierno y, lo segundo, qué busca realmente el Ejecutivo con esta iniciativa. ¿Está allanando el terreno para algo porque sabe que vienen temas álgidos para el país y necesita tener una herramienta quizás? Ya ha visto los efectos que causa cuando la población sale a la calle, el poder que tiene la ciudadanía cuando sale a manifestarse; nuestros gobernantes ya han visto esa capacidad que tiene el pueblo. Lo vimos con el contrato minero; vimos todo lo que pasó con la Ley 462. Vienen otros temas importantes para el país. Se está hablando sobre el tema de la mina; entonces, no quiero pensar que esta propuesta de aumentar las penas para quienes utilicen máscaras, de alguna manera esté intimidando o quizás dándole herramientas a los estamentos de seguridad para que puedan seguir reprimiendo más a la ciudadanía. Hay que ser muy cuidadosos. Nosotros vamos a esperar que la propuesta llegue al pleno de la Asamblea, porque hay muchos puntos que analizar. Durante las protestas contra el contrato minero, muchos usaron un pañuelo o un suéter para cubrirse de los gases lacrimógenos o taparse los ojos ante los perdigones. ¿Por eso se pagaría cárcel? Se habla entonces de condiciones de igualdad: la Policía también usa máscaras en las protestas, ¿eso también habría que revisarlo? Por eso es importante que la ciudadanía y las instituciones involucradas asistan al debate y participen cuando llegue a la Asamblea.

Esa ha sido nuestra lucha desde el día uno en la Asamblea, especialmente por el circuito que represento, que padece a diario el desabastecimiento de agua potable. Presentamos una iniciativa para garantizar ese derecho humano. En el proceso sufrió modificaciones y quedó como una herramienta que crea un marco jurídico para lograr el acceso al agua potable. Buscábamos que todas las instituciones responsables adaptaran sus normativas y presupuestos para cumplir ese objetivo, en línea con el Plan Nacional de Recursos Hídricos 2015-2050, en el que Panamá ya está atrasado. Se aprobó en tercer debate, pero fue vetado por inexequible e inconveniente. Las comisiones respectivas objetaron el veto y el proyecto volvió al pleno, pero no alcanzamos los 48 votos necesarios. Lo volveremos a presentar. Desde la Comisión de Ambiente seguimos impulsando la protección de los recursos hídricos y la conservación de cuencas. El agua es un recurso y elemento vital. Hoy es una crisis nacional: en la península de Azuero hay comunidades consumiendo agua contaminada; incluso se debate la creación de una empresa estatal de agua.

El mensaje siempre ha sido, sobre todo para los grupos que se han manifestado en las consultas sobre cuencas y protección de cuencas hidrográficas —productores, ganaderos, porcinocultores y sectores agrícolas—, que no nos oponemos al desarrollo ni a sus actividades. Entendemos la importancia que tienen para el país. Lo que buscamos es que ese desarrollo sea sostenible y vaya de la mano con el medio ambiente, porque el ambiente nos está pasando factura. Si no trabajamos en normativas que garanticen sostenibilidad, no estamos cuidando nuestro futuro ni nuestro hogar. Hay personas consumiendo agua contaminada y denuncias de afectaciones a la salud por contaminación del aire. Realizamos una inspección en una planta de cemento en Chilibre, sector de Caimitillo, por denuncias de contaminación del aire, y también surgieron señalamientos sobre contaminación del agua. El llamado es a entender que trabajamos en normativas que beneficiarán a toda la población. Una normativa ambiental ambiciosa debe proteger nuestros ecosistemas y evitar regresiones ambientales.