Luis Barría: Si los diputados votan por el contrato minero estarán cometiendo varios delitos

Cumplido el quinto día de primer debate en la Asamblea Nacional, no hay consenso sobre el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá. Quienes se oponen a este desde el derecho, cuestionan su legalidad y hablan de “visos de inconstitucionalidad”.

Inclusive la posibilidad de que los diputados puedan ser procesados ante la ley, de dar luz verde al contrato minero. Así lo denunció este viernes el abogado y exdiputado Luis Barría en “Portada” de La Estrella de Panamá.

De acuerdo con el análisis jurídico de Barría, la Constitución establece que en el caso de actividades como la explotación minera –donde la riqueza a extraer es propiedad del Estado–, la norma establece que no puede darse una concesión directa. Eso significa que debe haber una licitación pública, hecho que no ocurrió con el primer contrato-ley de 1997 y llevó a que la Corte Suprema de Justicia lo declarara inconstitucional en 2018.

“La única manera que puede proceder el contrato (...) es a través de un acto público, es decir, una licitación en la que muchas empresas participen y se garanticen los mejores intereses del Estado”, remarcó el también profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá.

Como la licitación no se ha dado, sostiene Barría, los diputados no solo estarían cayendo en desacato al insistir en legislar sobre una materia en que la Corte Suprema ya emitió un fallo, sino también los llevaría a cometer varios delitos. “Si la Corte dijo que ese tipo de concesión es contraria a la letra de la Constitución, ¿cómo a la Asamblea, que ya sabe esto, se le ocurre debatir y querer votar eso?”.

Siguiendo con esa misma argumentación, el jurista precisa que la situación es más compleja para los diputados, ya que fueron puestos en aviso con una advertencia de inconstitucionalidad que él mismo hizo verbalmente el miércoles durante la comparecencia en el primer debate y que igualmente entregará por escrito. Por tanto, deben remitir una consulta a la Corte y no podrán votar hasta que esta se pronuncie.

“Estarían violando el artículo 163 que dice que le está prohibido a la Asamblea expedir leyes que vayan contrarias a la letra o espíritu de la Constitución (...) habría entonces abuso de autoridad y extralimitación de funciones; además, pueden ser juzgados ahora por la Corte o luego al dejar el cargo en la justicia ordinaria”, dijo.

Como una posible solución, Barría considera que el Legislativo debe rechazar el contrato y el Ejecutivo llamar a la licitación pública, aclarando que lo anterior no implica la suspensión de operaciones de la mina. Señala que el Estado está legalmente facultado para asumir la administración de la misma.

“Aquí no se está expropiando o nacionalizando porque el bien es del Estado y no se puede expropiar lo que le pertenece. Tiene que tomar el control administrativo y los trabajadores pueden seguir trabajando, cobrar, y el Estado puede seguir vendiendo el cobre”.

En cuanto a posibles demandas de Minera Panamá ante instancias internacionales, sostiene que estas no pondrían en peligro ni la economía ni la empleabilidad del país. “Demandar y ser demandado es parte de un estado de derecho, Panamá no es una dictadura (...)ellos tiene derecho a demandar; con el Canal nos demandaron, ¿y qué pasó? ¿Se puso en riesgo la operación del Canal o el país? Eso es mentira, son argucias de abogados”, acotó.

Para Barría, no hace falta un contrato-ley y podría aplicarse el Código minero.

“¿Por qué quieren hacer un contrato-ley si ya el Código regula todo?, porque quieren prebendas por encima de las disposiciones generales (...) lo llevan a la Asamblea para que esta haga la nueva ley. Una ley mata a la otra, entonces lo que se le aplica a esta empresa ya no es el Código de Recursos Minerales”, dijo.