Así nos militarizamos

PANAMÁ. “Es una fuerza militar en todo, menos en el nombre”. Así lo resumió en el 2008, Robert Gates, el entonces secretario de Defensa estadounidense para justificar la ayuda logística de su país al gobierno de Panamá, que provocó una pugna entre el Pentágono y congresistas que juzgaban como ilegal la ayuda militar a un nación sin Ejército.

El eje central de la transformación de la Fuerza Pública en los dos últimos gobiernos tiene como fundamento la lucha antinarcóticos.

Todos los esfuerzos han estado encaminados a instrumentar un mecanismo de colaboración entre países con Estados Unidos a la vanguardia.

Para el presente 2010 la ayuda internacional estadounidense a México, América Central, Haití y República Dominicana en el llamado Plan Mérida supera los 510 millones de dólares, según revela una investigación realizada por LA ESTRELLA.

Una guerra táctica internacional cuya respuesta casi espontánea de los carteles mexicanos y colombianos han obligado a los gobiernos de los países aliados a pisar el acelerador ante la apertura de nuevas rutas y el empleo de mayores recursos para el tráfico ilegal de drogas hacia las costas de Estados Unidos.

En Panamá, desde inicio del presente siglo hubo destellos de militarización de los estamentos de seguridad, los más visibles en las unidades asignadas al cordón fronterizo con Colombia, donde la frecuente incursión de sublevados del país vecino y el ilegal tráfico de armas y drogas así lo obligaron.

En ese camino, los cambios más significativos en los estamentos de seguridad se hacen visibles cuando Martín Torrijos asume el control del país y nombra en puestos sensitivos a un número importante de militares de alto rango, en su mayoría jubilados y leales a Manuel Antonio Noriega.

En el 2003 cuando aún era un candidato presidencial, Torrijos se mostró partidario de la presencia de los uniformados en la comandancia de la Policía Nacional. Por esa época, el artífice de la desmilitarización en Panamá, el demócrata cristiano Ricardo Arias Calderón, avaló la propuesta de Torrijos.

El aumento desmedido de la criminalidad que contrastaban con la promesa electoral de “más seguridad”, llevaron al hijo del general Omar Torrijos a variar su estrategia anticrimen y depositar en el último jefe de la Undécima Zona Militar de San Miguelito, Daniel Delgado Diamante, el peso del Ministerio de Gobierno y Justicia y, consecuentemente, de la Fuerza Pública, para minimizar los efectos de la delincuencia organizada en las calles panameñas.

Una de las primeras acciones de “Triple D” fue provocar la “renuncia” del abogado Rolando Mirones como jefe de la Policía Nacional y darle el control del instituto armado al comisionado Jaime Ruiz y posteriormente a Francisco Troya, que aunque no es militar es considerado un “uniformado”. Para legalizar estos movimientos se aprobaron decretos leyes que transformaron la legislación vigente en esta materia.

Con las promesas de cambio llegaron las nuevas autoridades en julio de 2009 y, para sospecha de la gran mayoría, los planes militaristas en la Policía Nacional no variaron en lo absoluto. Al contrario, se retoman algunas de las propuestas que quedaron en el tintero y se da forma a la instalación -con el concurso y ayuda del Gobierno de Estados Unidos- de once estaciones aeronavales en las dos vertientes del suelo panameño y se anuncia la compra de nuevos helicópteros de transporte militar, con el potencial de ser artillados si la circunstancias así lo ameritan.

En la Asamblea Nacional fueron presentados varios proyectos de ley que profundizan los cambios en los estamentos de seguridad nacional, al punto que crean un nueva cartera ministerial encargada exclusivamente de la coordinación de las estrategias de seguridad y defensa nacional.

Al respecto, el dirigente civilista Roberto Eisenman ve con preocupación, y hasta con alarma, la carrera militarista en la Fuerza Pública de Panamá.

Desde su óptica, hay que tener mucho cuidado en este tema, porque este es un proceso irreversible.